Jorge Javier Romero Vadillo
Como estaba cantado, la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada a la Cámara de Diputados por la Presidenta ha sido desechada. Los aliados de Morena son oportunistas, pero no suicidas y no comen fuego. Vendrá ahora la reforma a la legislación secundaria y ahí sí operará la disciplina monolítica del nuevo partido–régimen. Veremos cómo se despachan a la estructura profesional del INE y cómo ajustan las reglas para controlar las elecciones desde el poder, sobre todo en lo local, sin que la Suprema Corte de Justicia sirva ya para contener la arbitrariedad autocrática justificada en la mayoría legislativa. Ricardo Monreal ya se encargó de advertir que no se detendrán en el proceso de captura emprendida.
En los últimos días se han publicado centenares de análisis sobre las intenciones regresivas del actual gobierno en materia democrática. Sin embargo, el debate ha soslayado un aspecto más profundo: el desprecio histórico que la sociedad y las élites mexicanas han mostrado hacia el Poder Legislativo y su relevancia como espacio de deliberación y negociación. Vale recordar que el de Claudia Sheinbaum no ha sido el primer intento en este siglo por recortar la representación legislativa y, con ello, debilitar al Congreso frente a la Presidencia. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y, desde luego, Andrés Manuel López Obrador formularon proyectos para reducir el tamaño del Congreso o modificar sus mecanismos de elección. Todos apuntaban en la misma dirección: reforzar el Supremo Poder Ejecutivo.
Desde el origen mismo de México como Nación independiente los Congresos han sido incómodos. El conflicto de Iturbide con el primer Congreso electo es bien conocido. El emperador acabó por clausurarlo y sustituirlo por una junta legislativa dócil que pudiera manejar desde su trono. La maniobra le costó el imperio, pero no fue el último gobernante empeñado en domesticar al parlamento.
Tampoco las legislaturas han sido particularmente eficaces para demostrar su utilidad. Aquel primer Congreso, como documentó Timothy E. Anna, nació con severas deficiencias institucionales. Fue electo con reglas precarias, nunca terminó de instalarse por completo y ni siquiera hubo acuerdo sobre el número total de sus integrantes. Nadie sabía con certeza cuántos representantes correspondían a las provincias centroamericanas. En un reino acostumbrado durante siglos a obedecer leyes dictadas desde el otro lado del Atlántico, la deliberación parlamentaria era una novedad exótica. Los debates resultaban abigarrados y con frecuencia estériles, y muchos diputados apenas comprendían el propósito de su investidura.
El problema no terminó ahí. Como ha señalado Cath Andrews, el Congreso de las primeras décadas independientes interpretó la Constitución con notable elasticidad cuando los intereses políticos lo exigían. Llegó a autorizar actos que contravenían abiertamente los procedimientos constitucionales y terminó derogando la propia Constitución en 1835 para erigirse en poder constituyente. Cada episodio erosionó su legitimidad como representante de la soberanía nacional y confirmó hasta qué punto las mayorías legislativas podían convertir la ley en instrumento de sus planes políticos.
La Constitución de 1836 intentó resolver ese conflicto creando el llamado Supremo Poder Conservador, una suerte de árbitro constitucional destinado a mediar entre Ejecutivo y Legislativo. El experimento fue efímero. La política mexicana de aquellos años se caracterizó más bien por la volatilidad presidencial y la irrelevancia del Congreso.
La Constitución liberal de 1857 quiso corregir el problema con una apuesta audaz: un Congreso unicameral fuerte que pudiera contener al Ejecutivo. La idea era admirable. La práctica resultó menos edificante. Ignacio Comonfort, presidente que convocó al Congreso Constituyente, advirtió que con esa Constitución no se podía gobernar e intentó derogarla. Benito Juárez respondió que Comonfort había dejado de ser Presidente y que, por mandato de ley, a él correspondía el cargo para salvar el orden constitucional. El gesto fue solemne; el ejercicio del poder, bastante menos escrupuloso. Durante años Juárez recurrió a los poderes extraordinarios para gobernar sin el estorbo del Congreso y el fraude electoral terminó produciendo legislaturas dóciles que otorgaban con diligencia las facultades necesarias para gobernar autocráticamente.
Porfirio Díaz perfeccionó el método. Bajo su régimen el Congreso de la Unión se convirtió en un actor más de la coreografía política del Porfiriato, pieza decorativa dentro de un sistema en el que todo terminaba subordinado al Presidente.
Con la fundación del PNR en 1929 —y sobre todo con la prohibición de la reelección consecutiva de legisladores— esa subordinación institucional quedó consolidada. El Congreso se transformó en un cuerpo disciplinado de políticos de paso cuya carrera dependía exclusivamente del favor presidencial.
La pluralidad tardó décadas en regresar. No fue sino hasta 1988 cuando la irrupción del Frente Democrático Nacional devolvió a la legislatura algo de su carácter deliberativo. Entre 1997 y 2018 la negociación parlamentaria adquirió una relevancia inédita en la vida política mexicana. Los presidentes debieron acostumbrarse a negociar presupuestos, reformas y acuerdos con un Congreso plural. Aquella incomodidad democrática resultó saludable, aunque nunca fue del gusto ni de quienes despachaban desde Los Pinos, ni mucho menos que quien se instaló en Palacio Nacional.
El episodio reciente debe leerse a la luz de esa historia larga. La tentación de reducir el peso del Congreso no es una extravagancia del presente; forma parte de una tradición política arraigada. Cada generación de gobernantes parece descubrir con fastidio que la deliberación parlamentaria es lenta, conflictiva y poco compatible con la lógica vertical del Poder Ejecutivo.
Poca atención se ha prestado a otra decisión reciente que apunta en la misma dirección: la reversión de la reelección consecutiva de legisladores. Esa reforma restaura uno de los mecanismos más eficaces para someter al Congreso a la Presidencia. Un legislador sin posibilidad de reelegirse no necesita cultivar la confianza de sus electores; necesita demostrar disciplina al líder político que controla las candidaturas y los cargos futuros. El vínculo representativo se debilita y la obediencia jerárquica se fortalece.
El resultado es una regresión institucional silenciosa pero devastadora. El Congreso vuelve a parecerse a lo que fue durante buena parte del siglo XX: una cámara reverencial donde la pluralidad existe más en el discurso que en la práctica.
Quizá no debería sorprender. México ha oscilado durante dos siglos entre el ideal republicano y una persistente inclinación monárquica: esa fascinación por el gobernante fuerte que decide con rapidez lo que las instituciones deliberativas discuten con lentitud. El Congreso, con sus comisiones, sus debates interminables y su inevitable pluralidad, siempre ha parecido un estorbo para quienes conciben el poder como mandato vertical.
La nueva ofensiva contra la representación legislativa confirma esa vieja pulsión. La historia mexicana, tan pródiga en emperadores fugaces y presidentes providenciales, nunca ha mostrado demasiado entusiasmo por la modesta virtud republicana de discutir antes de decidir. Y cuando un país mira con desdén a sus representantes, cuando los ningunea, suele terminar aceptando con naturalidad que alguien vuelva a ocupar el trono.