Simón Vargas Aguilar*
A principios de 2023 un video de niños, con armas de juguete, chalecos antibalas fabricados con cartón y cascos deteniendo a una camioneta y preguntando: “¿a dónde van?” se hizo viral, no por lo que en ese tiempo los asistentes consideraron un momento sino por lo que nos revela sobre la lamentable situación de violencia y de descomposición que atraviesa nuestro país.
Y aunque deseáramos que este fuera un hecho que no se ha repetido, en marzo del pasado 2025 también un post mostró a un grupo de infantes que realizaron un montaje de la popular canción Las monjitas que relata el contrabando de sustancias ilícitas quienes además al ser descubiertas abaten a los policías, lo más sorprendente es que esto se llevó a cabo durante el festival de una escuela primaria en Durango y en la grabación se oyen risas y aplausos por parte de los asistentes.
Por supuesto que a los relatos anteriores se han sumado y se continúan sumando muchos más, he aquí donde vale la pena cuestionarnos sobre la herencia hacia nuestra niñez y adolescencia, ¿a dónde los encaminamos al promover situaciones que fomenten la narcocultura?, pero sobre todo ¿qué acciones deberíamos realizar para evitarlo?
Y es que aunque nos duela reconocerlo, desde hace décadas en México, el narcotráfico ya no se conforma solamente con controlar rutas, plazas o puertos, ha contaminado y se ha apropiado de los sectores más vulnerables y valiosos de nuestra sociedad, la niñez y la adolescencia; lo anterior se ha convertido en una estrategia deliberada de los cárteles para expandir su poder.
El crimen organizado se ha centrado de manera relevante en niños y adolescentes, precisamente porque la legislación actual resulta funcional para los cárteles.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), regulado por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, prioriza la reinserción social; esto significa que un menor de 12 a 17 años que cometa delitos en muchas ocasiones puede alcanzar una duración máxima limitada de tres a cinco años y regresar inmediatamente a las filas del crimen. Los cárteles lo saben y lo explotan, usan a los más jóvenes como carne de cañón desechable, sabiendo que el sistema los devolverá pronto a la calle.
Los niños y adolescentes han dejado de ser víctimas colaterales para convertirse en un recurso estratégico, mano de obra barata, desechable y, sobre todo, renovable; el crimen organizado ha entendido que la vulnerabilidad emocional, la ausencia de oportunidades y la desintegración familiar son terrenos fértiles para sembrar lealtad a cambio de dinero rápido, estatus y una falsa sensación de pertenencia.
Este proceso de apropiación y de degradación se observa con crudeza en las redes sociales, en plataformas como TikTok, Instagram o Facebook circulan grabaciones realizadas dentro de salones de clases de escuelas donde adolescentes consumen drogas abiertamente. Hace un par de días, por ejemplo, se viralizó un video donde estudiantes competían inhalando supuesta cocaína ante la cámara de un celular, riendo y normalizando el acto como si fuera un reto normal más de Internet.
Lo más alarmante es que estos mismos adolescentes se han convertido en reclutadores activos, ya que también graban y comparten cómo invitan a compañeros más jóvenes a “probar” o a “ganar dinero fácil” como halcones o mulas. El algoritmo de las redes hace el resto y así el narcotráfico ha dejado de necesitar sólo plazas físicas para también “conquistar” a través de pantallas.
Las cifras oficiales y de organismos serios son contundentes, de acuerdo con datos del Inegi en el reporte de Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (Epacol) 2025 se muestra que las imputaciones a adolescentes crecieron 45 por ciento entre 2021 y 2023 y que el narcomenudeo representa 8.4 por ciento de los delitos más frecuentes en carpetas de investigación.
El consumo de drogas en estos grupos etarios no sólo destruye vidas individuales; ha derivado en un aumento preocupante de la violencia escolar; ya que este consumo se correlaciona directamente con agresiones a compañeros, docentes y una pérdida generalizada de respeto hacia la autoridad escolar; y es que los menores bajo efectos de sustancias en muchas ocasione presentan mayor irritabilidad, impulsividad y conductas antisociales.
Frente a esta realidad, no bastan discursos ni campañas, es urgente un verdadero trabajo integral entre la Secretaría de Educación Pública en colegios y universidades públicas y privadas para implementar programas de prevención, detección temprana y protocolos claros contra el consumo y el reclutamiento, la atención activa de los padres de familia, que deben recuperar su rol de guías y supervisores, rompiendo la indiferencia, el silencio cómplice o la negación y los diferentes niveles de gobierno con mecanismos reales de reinserción, inversión en programas de desarrollo juvenil y atacar las causas estructurales como la pobreza, la educación, la salud y la deserción escolar.
Hoy es importante recordar que ni la niñez, ni la adolescencia, ni nadie, deberían ser un botín para el crimen organizado; muchos otros factores, riesgos y amenazas nos acechan y debemos, todos, actuar con responsabilidad desde todos los frentes porque si no estaremos condenando a diversas generaciones a ser no sólo víctimas, sino verdugos de sí mismos y de su país.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia, y política