La justicia en México ha dado un viraje de timón que sacude los cimientos de la confianza.
Fred Álvarez Palafox
La justicia en México ha dado un viraje de timón que sacude los cimientos de la confianza. En una decisión que fractura el espejo de la seguridad jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha soltado la mano de su propia jurisprudencia para entregarle a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un poder que se siente absoluto: la facultad de congelar cuentas bancarias sin orden judicial, basándose apenas en el concepto neblinoso de “indicios razonables“.
La votación de seis contra tres no solo desechó la inconstitucionalidad promovida por la oposición; evidenció a una Corte con el alma partida. Mientras la mayoría prefirió inclinar la balanza hacia el músculo administrativo del Estado, voces como las de Yasmín Esquivel Mossa y Giovanni Figueroa advirtieron que no es necesario demoler los derechos para castigar el crimen. Para ellos, bastaba con aplicar la ley sin convertir al ciudadano en un rehén de la burocracia.
La perversa inversión de la culpa
Lo que enfrentamos es una mutación de nuestra naturaleza civil: en el México actual, tus ahorros son culpables hasta que tú demuestres su pureza. El ciudadano se encuentra hoy frente a un sistema donde el amparo ha sido desdentado y donde el SAT y la UIF se erigen, simultáneamente, como supervisores, fiscales y jueces.
No nos engañemos con la narrativa oficial. Aunque se utilizó el caso de una empresa vinculada al narcotráfico para justificar el golpe, la ley parece diseñada para cercar al contribuyente de a pie. El ciudadano no recibe una notificación formal; recibe un silencio financiero. Te enteras de que eres sospechoso cuando el cajero rechaza tu tarjeta, cuando la cuenta está bloqueada y tu patrimonio queda inmovilizado en un limbo digital por el simple humor de la autoridad hacendaria.
El derecho como “molestia temporal”
La ministra ponente, Loretta Ortiz, intentó suavizar el impacto calificando el bloqueo como una “molestia temporal“. Sin embargo, para quien debe cubrir una nómina un viernes por la tarde o enfrentar una emergencia médica, esa supuesta molestia tiene el peso asfixiante de una condena sin juicio. Como lo he sostenido anteriormente, el bloqueo de fondos no es un trámite: es una asfixia financiera que puede significar la muerte civil de una familia o una empresa.
Pero eso a los ministros no les importa
En el posicionamiento de la exconsejera jurídica de la Presidencia y hoy ministra, María Estela Ríos González, la lógica jurídica parece desvanecerse para dar paso a una visión inquietante. Afirmó que el derecho de propiedad “no es absoluto” porque —según su lógica— no todos los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Argumentó, de forma textual, que defender la propiedad como derecho universal es un error porque “desgraciadamente no todos disfrutan” de una cuenta bancaria.
Bajo esa premisa pueril y falaz, ¿podríamos suspender la libertad de expresión solo porque no todos tienen un micrófono o un espacio donde escribir? Los derechos no son graduables según la estadística ni dependen de la justicia social mal entendida; existen, precisamente, para proteger al individuo frente al abuso del poder. Al invocar que no se puede abusar del antiguo ius disponendi romano, la ministra olvida que lo que hay aquí no es una “limitación”, sino una ejecución de la pena antes del proceso. Al eliminar al juez de la ecuación, el Estado se vuelve omnipotente.
Su posicionamiento es de colección
En la otra orilla, la ministra Esquivel Mossa buscó rescatar un gramo de sensatez. Advirtió que el marco legal es un campo minado porque la ley no detalla qué son “indicios suficientes”, dejando ese poder en manos de Hacienda y no del Congreso. Su voto fue una defensa de la precisión contra la discrecionalidad. Vale la pena rescatar su comentario completo aquí.
El paréntesis que asfixia
Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, presentó este miércoles en El Universal un guion ensayado para convencernos de que el bloqueo de cuentas sin orden judicial no es una cacería, sino un “blindaje”. El funcionario se esfuerza en la entrevista por desmitificar la arbitrariedad, recurriendo a cifras que pretenden abrumar por su supuesta eficacia: 500 nombres nuevos y casi 5 mil cuentas congeladas. Sin embargo, omite lo fundamental: el sistema ya cuenta con normas para perseguir el delito sin necesidad de rozar el abuso.
El nudo gordiano de su argumento es puramente semántico. Dice que el congelamiento no es una sanción, sino una “medida cautelar”; un “paréntesis financiero”, fue la expresión exacta que utilizó. Presenta a la institución como un guardián que busca estrangular las finanzas criminales, pero para un empresario que debe pagar nóminas un viernes por la tarde, ese paréntesis no es un signo de puntuación: es un torniquete. Al “secuestrar” el patrimonio antes de que un juez escuche al acusado, la propiedad privada en México deja de ser un derecho para convertirse en una gracia concedida por el gobernante.
La urgencia de la palabra final
¡La SCJN se equivocó! Y no es la primera ni la última vez… Ante la ausencia de un contrapeso superior, la única salida es que el Congreso legisle de inmediato. Es urgente una ley que acote a la autoridad; no se puede convertir una sospecha en un castigo.
Como lo planteó en su exposición la ministra Esquivel: “Lo que no hizo el legislador fue indicar a la ciudadanía por qué razón se le inmoviliza, cuánto tiempo se le va a inmovilizar… la norma únicamente habla de una posibilidad de darle al ciudadano su garantía de audiencia, pero no nos dice cuándo, cómo y cuánto tiempo. Eso le faltó al legislador”.
Ante la imposibilidad de que la Corte dé marcha atrás, el PAN promoverá una iniciativa para poner candados a la UIF; la propuesta es sencilla, pero vital: ¿qué se entiende por “indicios suficientes”? Y, sobre todo, establecer un plazo corto para que un juez ratifique el bloqueo.
El diseño de la UIF hoy es un laberinto burocrático: la persona afectada cuenta con cinco días para solicitar audiencia, la UIF tiene diez días para otorgarla y quince más para resolver; en tanto, durante todo ese tiempo el patrimonio permanece “secuestrado”.
La resolución de la Corte otorgó a la UIF un poder que ignora los artículos 14 y 20 de nuestra Constitución. Se vulneran de un plumazo la garantía de audiencia, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Al final, la carga de la prueba se invierte: ahora el ciudadano debe demostrar su pureza frente a un Estado que castiga antes de investigar.
La seguridad nacional podrá haber ganado una batalla táctica, pero la seguridad jurídica ha perdido su principal trinchera sobre el cadáver del debido proceso.
¡Dios nos coja confesados!
PD: El debate sobre las desapariciones en México enfrenta hoy a la soberanía con la realidad. Mientras el gobierno cuestiona la metodología del Comité de la ONU, las cifras son implacables: más de 132 mil desaparecidos y una crisis forense que saltó de 52 mil a 72 mil restos sin identificar en cinco años.
Como advierte Juan Pablo Albán, descalificar al organismo no borra la tragedia. La cooperación internacional no es injerencia, sino justicia. Entre dardos retóricos y tecnicismos, el Estado arriesga lo más valioso: la verdad para las familias que siguen buscando…Y la respuesta de la CNDH patética.
PD2:- ¿Justicia o transacción de ventanilla?
El 28 de diciembre, el Tren Interoceánico no solo descarriló, volcó la promesa de seguridad del Estado. El saldo: 14 vidas segadas. Hoy, la FGR cierra el caso con un informe de perfección técnica: si vías y contratos eran impecables, ¿por qué ocurrió la tragedia?
Ya lo advertía en La Silla Rota: era una tragedia anunciada tras la “caja negra” de la negligencia.
Hoy, la justicia es una transacción. Al culpar al maquinista y extinguir la acción penal contra la Marina mediante acuerdos reparatorios, el dolor se vuelve trámite. El tren seguirá su marcha, pero sobre sus vías reina el silencio de un azar demasiado conveniente para el poder.