Octavio Olvera*
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto concedido a Grupo Xcaret, se privó a uno de los grupos mayas de la capacidad para representar y preservar su patrimonio cultural y se privilegió a otro. En la lógica de los ministros, el Gran Consejo Maya (GCM) no tiene un aval oficial, es decir que no es suficiente su representación, por más que esté reconocida en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo (LDCOI), para que haya firmado un contrato con dicha empresa turística, en el cual les autorizaban usar en los espectáculos la simbología y mitos heredados de la antigua civilización maya.
La indefinición legal y conceptual sobre el patrimonio cultural ha sido vista como una oportunidad para que otras agrupaciones del pueblo maya cruzo’ob demandaran por lesiones culturales a la misma empresa y a otras que usufructúan con nombres en maya. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), entregó un amicus curiae a la SCJN, (recurso que abre la posibilidad a terceros de promover voluntariamente una opinión técnica del caso o de aportar elementos jurídicamente trascendentes); en él se descalifica al GCM: “No tiene origen ni fundamento alguno en los sistemas normativos tradicionales, instituciones sociales, culturales o políticas del pueblo maya cruzo’ob, que son los macehuales herederos de los antiguos mayas, según varias tradiciones. Ellos también demandan los mismos beneficios que logró el GCM.
El pasado 26 de marzo, cuando se discutió y sentenció el caso en el pleno, los ministros que votaron en contra, Yasmín Esquivel Mossa y Arístides Rodrigo Guerrero García, argumentaron que no se llevaron a cabo las audiencias debidas con todos los involucrados mayas.
Esquivel Mossa reveló que un día antes de la sesión había llegado a la Corte otro amicus curiae. El texto estaba signado por 209 personas, entre comisariados ejidales, alcaldes, delegados, subdelegados, jueces tradicionales y cooperativas turísticas, en el que se pedía reconocer al GCM como órgano de representación conforme a sus usos y costumbres. Solicitaba no dictar sentencia sin antes escucharlos.
El ministro presidente Hugo Aguilar, asumió que el contrato celebrado entre el GCM y Grupo Xcaret no fue sometido a consulta. Pasó por alto que no existe un mecanismo legal para esa consulta y que la agrupación tiene representación legal de acuerdo con la LDCOI (La Jornada Maya 06-04-26). Del mismo modo, Aguilar Ortiz no sustentó la manera en que el pueblo maya pudiera estar representado en su totalidad.
El ministro Rodrigo García propuso aplazar el fallo para escuchar a todos los involucrados. Aguilar Ortiz refirió no encontrarlo “muy necesario”. Enseguida la ministra ponente, María Estela Ríos, apuró dictar sentencia con el resultado de siete votos a favor y dos en contra.
Al ser el ministro Aguilar Ortiz integrante de la comunidad indígena, su actitud provocó la irritación entre quienes respaldan al GCM; no así la del pueblo maya cruzo’ob. La SCJN dejó lastimado el tejido de un grupo de mayas en Quintana Roo, y que ahora tiene enfrentados socialmente a los grupos mayas en la Península de Yucatán, un año antes del periodo electoral.
El pasado 18 de abril, el GCM expresó ese descontento: “queremos decirle al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, que nos ha fallado. Nos prometió escucharnos y no cumplió. Pasó por encima de nuestra palabra, de nuestras costumbres y de la voluntad de nuestros pueblos. Nos duele más porque él también viene de raíces indígenas”.
El caso muestra los defectos de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, no cuenta con reglamento y es inexistente la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo que otras instancias gubernamentales están operando con mucha flexibilidad y posiblemente extralimitándose.
El entramado muestra una red compleja. Con apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), la CDPIM y abogados que asesoran a los mayas en el litigio contra Xcaret, están organizando asambleas para sumar a su causa a más de mil comunidades mayas de los tres estados que conforman la península. Los jurisconsultos y el conjunto toman partido, promueven y exigen.
Los ministros también actuaron como asesores. En el Centro Ceremonial de Tixcacal Guardia, el pasado 6 de abril se efectuó una reunión presidida por el general maya Alejandro Cauich May. Estuvieron también otros líderes, algunos de ellos presentes en la sesión de la Corte del pasado 26 de marzo (Por Esto! 6/4/26).
En esa asamblea narraron su entrevista con los magistrados. Uno afirmó: “Los ministros quieren que nos reunamos para que pueda haber una fuerza. ¿Por qué no se le dio la razón al Gran Consejo Maya? (…) Dijeron que nosotros somos los verdaderos”. (Traducido del maya a través del video publicado en Facebook por Tsolkiin Noticias).
De esto derivan unas interrogantes: ¿Quién decide cuál es el patrimonio cultural de los pueblos indígenas? ¿La Suprema Corte ya tiene agenda política para decidir al respecto y crear nuevos conflictos? ¿Estaremos transitando a una nueva industria de la reclamación?
Del patrimonio cultural ahora salen las salvas contra el sector turístico cuya inversión podría mermarse sabiendo que significa casi 10 por ciento del PIB.
Finalmente, no hay que hacer a un lado los enormes intereses electorales que ya tocan las puertas. Esta red ¿también tiene en su horizonte ese interés?
* Investigador de ciencias de la comunicación