“Para el Gobierno mexicano lo congruente con una visión humanista sería apostar por el fortalecimiento y la legitimidad del multilateralismo”.
Fundar/ Humberto Francisco Guerrero Rosales
La reciente visita a nuestro país por parte de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, Alto Comisionado), deja tras de sí un halo de incertidumbre sobre el futuro y el papel de la asistencia técnica internacional desde los organismos de derechos humanos. Más allá del análisis concreto de las consecuencias de la laxitud del pronunciamiento del señor Türk respecto de la situación en México, el mensaje del Alto Comisionado es sintomático de una crisis más profunda del modelo multilateral de protección de derechos humanos construido después de la Segunda Guerra Mundial.
La respuesta internacional a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen nacionalsocialista estableció el paradigma sobre el cual se erigieron posteriormente los sistemas multilaterales de protección de derechos humanos, desde el llamado universal o de Naciones Unidas hasta los regionales, como el europeo, africano e interamericano. Este paradigma de la posguerra abrió una fisura en el concepto duro de soberanía estatal que predominaba en el derecho internacional de la primera mitad del siglo XX. La contundencia de la evidencia de las atrocidades que puede cometer, permitir o auspiciar un Estado respecto de las personas sujetas a su jurisdicción hizo que la comunidad internacional estableciera un entramado normativo e institucional que permite, desde la legalidad internacional, la intervención complementaria de la comunidad de naciones en situaciones de preocupación colectiva, donde la capacidad y/o voluntad de un Estado son insuficientes o contrarias para prevenir, investigar y sancionar dichas atrocidades.
Ese sistema, cimentado en la idea de acción colectiva, se encuentra hoy severamente cuestionado y mermado por el reposicionamiento de regímenes autoritarios o de rasgos autoritarios, de derecha e izquierda, que han empujado el resurgimiento de un concepto duro de soberanía estatal que privilegia la acción unilateral. Particularmente crítica resulta la posición actual de los Estados Unidos de América (EUA) en contra del sistema multilateral que ellos mismos auspiciaron y promovieron activamente durante décadas.
Sin duda, ese sistema en ocasiones fue funcional a intereses que nada tenían que ver con los derechos humanos, pero también es verdad que los sistemas multilaterales de protección de los derechos humanos fueron, en no pocos casos, la última posibilidad de verdad y justicia para diversos movimientos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Hoy en día, esos sistemas parecen entrar en un modo de supervivencia, donde prevalece la ponderación de los intereses políticos de los Estados sobre la protección de las personas.
El Gobierno mexicano debería reflexionar bien su postura frente al multilateralismo. En una visión de corto plazo, pareciera políticamente más rentable sumarse al grupo de países que, para preservar su imagen, recurren a la estridencia y los desplantes para socavar la validez del derecho internacional y la legitimidad de los organismos internacionales.
Sin embargo, a largo plazo habría que preguntarse a quién conviene en realidad un mundo donde el derecho internacional carezca ya de cualquier valor o sentido, donde prevalezca la fuerza como criterio para la imposición de decisiones unilaterales. Incluso cuando difiera en los diagnósticos, para el Gobierno mexicano lo congruente con una visión humanista sería apostar por el fortalecimiento y la legitimidad del multilateralismo: primero, porque pondría en el centro la protección de las personas; y segundo, porque se posicionaría del lado de los países que aún apuestan por un orden internacional basado en reglas y el cuidado colectivo.