Richard Lizárraga Peiro
Alumnos y alumnas de la preparatoria “Rubén Jaramillo” de Mazatlán expulsaron de las instalaciones de esa escuela a varias jubiladas que pretendieron tomar por asalto el proceso de elección de la dirección. La acción estudiantil constituyó un acto de legítima defensa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Representó también el repudio generalizado contra facciones externas que pretenden capturar espacios administrativos y que sostienen campañas de descrédito para evadir sus obligaciones solidarias con el Fideicomiso Pro-Jubilación. La comunidad escolar manifestó un hartazgo definitivo ante las agresiones que vulneran la paz académica y el orden autónomo.
Bajo el rigor de la Ley Orgánica de la UAS, la condición de jubilado extingue la calidad de miembro activo de la comunidad universitaria. Esta demarcación jurídica es el fundamento que preserva la toma de decisiones en manos de quienes sostienen el presente de la institución. Cualquier tentativa de intervención externa en la vida académica o electoral es una impertinencia y una transgresión directa a la soberanía universitaria.
En este tenor, la irrupción de figuras identificadas por el estudiantado —específicamente María Antonieta Rojo y Kirey Hernández— detonó un punto de inflexión. Los alumnos reaccionaron con determinación frente a lo que calificaron como prácticas de hostigamiento e interferencia, y rechazaron a los jubilados que pretendan dictar la dinámica interna de un plantel que ya no les pertenecen por no ser miembros de la Universidad.
La respuesta estudiantil fue un ejercicio de soberanía y autonomía. Con absoluta claridad, los jóvenes trazaron una línea infranqueable: la gobernanza de la escuela es potestad exclusiva de sus integrantes activos. El destino de la institución debe ser construido por quienes habitan sus aulas, no por quienes, desde la periferia jurídica, buscan imponer agendas particulares.
Este atentado a la UAS deviene de la resistencia al cambio estructural. Un grupúsculo de jubilados orquestaron una campaña de difamación y calumnias contra las autoridades de la Universidad, cuestionando instrumentos de rescate y viabilidad como el Fideicomiso Pro-Jubilación. Es importante resaltar que, bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de prestaciones son de naturaleza extralegal y su subsistencia depende estrictamente de la corresponsabilidad financiera y la sostenibilidad del fondo.
El conflicto refleja una colisión de visiones: por un lado, una institución que transita hacia la transparencia y la estabilidad Constitucional; por el otro, sectores minoritarios que rechazan la aportación solidaria y que pretenden desde el exterior marcarle la agenda a la institución.
Estas conductas de los jubilados rebasan la frontera de la disidencia de opinión ya que al interferir en procesos electivos o académicos, configuran una patología mental que amenaza la autonomía universitaria. Este principio, blindado por la Constitución, legítima que la Universidad se autogobierne libre de coacciones externas o chantajes de grupos de presión.
La reacción de los alumnos de la Preparatoria Jaramillo es un acto de custodia institucional. Su postura valida que los espacios universitarios no son territorios de ocupación para intereses exógenos, sino recintos sagrados para la educación y el orden normativo.
El mensaje emitido desde Mazatlán precisa que en la vida universitaria no hay cabida para la imposición externa ni para la tutela de grupos desplazados por la Ley Orgánica de la institución. Esta firmeza reafirma la capacidad de la UAS para resolver sus procesos internos sin permitir que la injerencia foránea se convierta en norma.
La universidad pública atraviesa una metamorfosis estructural necesaria. En este proceso de transformación financiera y legal, para los estudiantes la participación universitaria es bienvenida siempre que se ciña a los cauces institucionales. Sin embargo, cuando la crítica degenera en desestabilización y la presencia se convierte en asedio, se pierde cualquier legitimidad democrática.
La UAS, en su carácter de ente autónomo, posee la potestad y el deber ético de salvaguardar su orden interior. En esta misión, la voz del estudiantado emerge como el baluarte principal. Lo ocurrido en la Preparatoria Jaramillo es un precedente de dignidad institucional.
Es la reafirmación de un precepto innegociable: La autonomía universitaria es inviolable ante cualquier pretensión de dominio externo.