Aunque la iniciativa sorprendió al Congreso por la cercanía del cierre del periodo ordinario, Sheinbaum abrió la posibilidad de discutirla; legisladores confían en que se analice en un periodo extraordinario antes del 1º de septiembre para cumplir con los plazos legales.
Juan Carlos Cortés
La semana pasada el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó junto al senador Javier Corral y otros legisladores una iniciativa para modificar al menos 10 artículos de la reforma judicial.
Uno de los puntos fundamentales que propone la iniciativa es aplazar la fecha de la elección judicial y que no sea en los comicios electorales de 2027. Esto debido a que se empalmaría con la elección de 17 gubernaturas, ayuntamientos y la renovación de la Cámara de Diputados.
Además, buscan modificar el estatuto referente a eliminar requisitos documentales que no constituyen parámetros objetivos de evaluación de los aspirantes y hacerlo por medio de exámenes de conocimientos.
La iniciativa fue recibida con sorpresa en el Congreso por la proximidad del cierre del segundo periodo ordinario, que fue el 30 de abril, incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, afirmó el día que dio a conocer la propuesta que no habrá un periodo extraordinario para discutirla.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió una posibilidad a la iniciativa al explicar, el miércoles 22 de abril, que están analizándola, incluso dijo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ha reunido con personal del Instituto Nacional Electoral (INE) para abordar el tema.
En entrevista con Proceso, los dos principales promotores de la iniciativa, el senador Javier Corral y el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmaron que tienen confianza en que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario en la Comisión Permanente y con ello cumplir con los tiempos establecidos en la ley, antes del 1º de septiembre, para cambios en materia electoral.
Corral ha insistido en diversos foros que es necesario hacer cambios en la reforma al Poder Judicial y enfatizó que reformar la reforma judicial no es renunciar a ella.
El también presidente de la Comisión de Justicia del Senado afirmó que es necesario el cambio de fecha de elección para que no haya una politización de la justicia.
“¿Sería deseable que la elección judicial se fuera hasta 2028? Para no exacerbar el fenómeno de politización en términos partidistas, claro. De la elección de jueces y magistrados en la elección del 27 y los estados que faltan. Porque hacerlas concurrentes, de alguna manera, es empalmarlas. Y puede salir bien una y la otra no, o pueden salir mal las dos. No debemos arriesgar ninguno de los dos procesos.
“Entiendo que la presidenta de México tiene la preocupación sobre el tema de los recursos públicos, pero creo sinceramente que el ahorro no sería tan considerable, porque además tendrían que ser elecciones por cuerda separada, toda vez que las elecciones judiciales no pueden confundirse con la de partidos políticos. Lo que debemos de evitar es que continúe este fenómeno que se está dando de una politización de la justicia”, dijo.
Por su parte, Ramírez Cuéllar coincidió en la complejidad que empalmar las elecciones, ya que una es una elección política y la otra es una elección del Poder Judicial.
Además afirmó que siguen analizando los costos, si habría ahorros o si se dispararían los gastos al aplazar la elección judicial.
“Todos vemos las dificultades que tiene, mezclar una elección. Será la elección más grande en la historia del país. Es una elección eminentemente política para los cargos de representación popular, y todos sabemos que no se debe mezclar la elección política con una elección de carácter judicial”.
El argumento para realizar las elecciones en conjunto es el ahorro de recursos para el Estado, sin embargo, Rita Bell, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), negó que haya una reducción del recurso y estimó que el costo de ambas elecciones sería 15 mil millones de pesos.
“Lo que estaríamos haciendo solamente sería juntar estas elecciones con cada uno de los costos que ya tienen de por sí. La proyección que podríamos estar pensando, justo porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos que son necesarios en cada elección para la seguridad, la certeza de cada una de las votaciones, estaríamos hablando de 15 mil millones en este momento”, detalló en el foro: Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México.
Reformar la reforma judicial
Al preguntarle al senador Javier Corral si la reforma judicial fue un fracaso, el morenista explicó que una reforma de esa magnitud tiene su propia evolución, y resaltó que las reformas no nacen perfectas, sino que la experiencia es la que permite consolidarlas.
“Hay mucha información. Incluso hay una versión en el sentido de que salieron muy mal evaluados los jueces federales que llegaron con el proceso de evaluación que hizo el Tribunal de Disciplina Judicial. Por eso la reforma está cambiando, para que haya un examen.
“Las leyes y las reformas y las nuevas instituciones no nacen consolidadas. Se van desarrollando, y en el transcurso y en el desarrollo se van detectando fallas, insuficiencias, ajustes. Reformar la reforma judicial no es renunciar a ella, es buscar consolidarla y hacerla bien”, puntualizó.
En tanto, el diputado morenista explicó los errores que a su parecer tiene la reforma Judicial:
“Yo creo que el hecho de que salieron muchos candidatos complicó bastante la elección, también el hecho de que no hubiese claridad en lo que podían hacer de campaña los candidatos fue algo muy complicado. Entonces son las cosas que se están queriendo componer en esta iniciativa”, detalló.
Ramírez Cuéllar también resaltó que fue un error que no se aprobara en la reforma electoral ‘Plan B’ la revocación de mandato y la elección judicial en 2028, pese a no estar contemplada en la inactiva original que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Yo creo que cometimos un grave error en no haber realizado la reforma constitucional para que la revocación de mandato fuera el próximo año. La idea que se planteó por parte de la presidenta de la República era la elección constitucional de gobernadores, junio del 2027, revocación de mandato, junio 2027, y elección del Poder Judicial, junio del 2028; era lo más adecuado”, detalló.
Esperan señal de Sheinbaum
Javier Corral enfatizó que para que los legisladores oficialistas apoyen la iniciativa de reforma necesitan una “voluntad” más explícita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además, el senador morenista afirmó que la negativa de Ignacio Mier a la propuesta de reforma fue lo correcto, ya que no tienen el apoyo del grupo parlamentario.
“Tiene razón (Ignacio Mier). En términos del grupo parlamentario, pues no hay un consenso pleno todavía. Y también debo decir que él está, precisamente, en su papel de dirigir y de conducir.
“Lo que pasa es que están esperando (los legisladores) una voluntad más explícita de la presidenta de la República”, detalló.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que sigue buscando el consenso de la bancada oficialista y resaltó que uno de sus aliados, el PT, ve con buenos ojos la iniciativa.
“Yo platiqué con el coordinador del PT (Reginaldo Sandoval) y ve con mucha simpatía este tema, este cambio, esta posposición, y hay que construir la mayoría calificada y convencernos todos de que es lo más adecuado. Yo creo que todos estamos en una reflexión muy profunda, todos vemos las dificultades de unificar las dos elecciones”, explicó.
Retos de la ciudadanía
La coordinadora general de Laboratorio Electoral, Daniela Arias Sánchez, en entrevista con Proceso, señaló tres retos para la ciudadanía si se empalman las elecciones políticas y judiciales.
Lo primero, “la cantidad de cargos, porque van a recibir entre cuatro y seis boletas, dependiendo del estado, ocho, nueve, como pasó en las elecciones del año pasado. Entonces se multiplica mucho la cantidad de boletas.
“La capacidad de conocer a tus candidatos es nula si tienes que aprenderte los nombres y revisar los perfiles de elecciones judiciales y elecciones políticas.
“La ubicación. Es muy probable que para votar en ambas elecciones políticas y judiciales tengas que moverte de lugar, ya que se debe tener por un lado la casilla de las elecciones políticas y por otro lado la casilla de elecciones judiciales. Seguramente habrá mucha gente que no vaya alguna de ellas y pierda el interés en votar”, explicó.
Además, la especialista electoral afirmó que la última elección judicial fue complicada, ya que tuvo sólo un 13% de participación, debido a la falta de información y legitimidad percibida.
“El 13% de participación en la elección judicial pasada fue gracias al poco tiempo que hubo, a la negativa de la gente a participar en el proceso porque no lo consideraban legítimo, pero también por las personas que sí querían votar, pero no entendían cómo realizarlo y les parecía que era un tema tan especializado que preferían omitir su voto”, detalló.
Cambios propuestos a la reforma del Poder Judicial
- Cambio de fecha en elección de personas juzgadoras.
- Examen para los aspirantes.
- La certificación de jueces y magistrados corresponderá a la Escuela Nacional de Formación Judicial, mientras que las escuelas judiciales locales serán responsables de impartir la formación previa para tal efecto.
- Eliminar los comités de cada uno de los Poderes de la Unión y crear un Comité Único de Evaluación.
- Disminuir los candidatos que salgan publicados en la boleta electoral.
- Reglas más claras en materia de propaganda.
- Nueva composición del Tribunal de Disciplina Judicial y también el Órgano de Administración de Justicia.
- Establecer como requisito que sus integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial cuenten con una antigüedad mínima de diez años de título profesional y una experiencia comprobada de al menos cinco años dentro del Poder Judicial.
- Facultar del Senado de la República la aprobación de renuncias y licencias de los ministros y magistrados del Órgano de Administración Judicial, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
- Establecer que la obligatoriedad de las sentencias de la Corte para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas requiere la publicación de una tesis.