¿Podemos participar de manera efectiva en una decisión pública cuando no contamos con información suficiente para comprenderla?
Laura Enríquez
¿Podemos participar de manera efectiva en una decisión pública cuando no contamos con información suficiente para comprenderla? ¿Cómo definir qué proyecto beneficia realmente a una comunidad si desconocemos su alcance, viabilidad o incluso si atiende una problemática real? Más allá de una discusión técnica, estas preguntas se encuentran en el centro de la democracia: la posibilidad de participar a partir de información pública clara, accesible y útil.
En México existen diversos mecanismos de participación ciudadana, como consultas, plebiscitos o referéndums, que buscan acercar a las personas a la toma de decisiones públicas. Entre ellos, el presupuesto participativo se ha consolidado como uno de los ejercicios más visibles en entidades como la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León.
Hace unos días se llevó a cabo en la Ciudad de México la consulta ciudadana de Presupuesto Participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria. Estos mecanismos buscan fortalecer el vínculo entre sociedad y autoridades locales, permitiendo que las personas no solo elijan representantes, sino que también participen directamente en la decisión sobre el destino de una parte del presupuesto público en sus comunidades.
En estos procesos, hay una condición que resulta fundamental: contar con información suficiente para entender qué se está decidiendo. Sin ella, el ejercicio puede perder gran parte de su utilidad como herramienta para generar impactos positivos, pues las decisiones difícilmente se basarían en elementos objetivos y medibles.
La primera idea es clara: la información es lo que posibilita una decisión informada. Participar no puede implicar únicamente elegir entre opciones, requiere entender los problemas que se buscan resolver. Contar con información permite identificar necesidades reales, cómo se han buscado atender previamente, si existen acciones en curso o si los recursos se pueden destinar a temas más urgentes. Decidir con información permite orientar recursos públicos de forma más estratégica y efectiva.
A partir de ahí se abre una segunda dimensión: la información es clave para que la participación se dé en condiciones de igualdad. Para lograr este cometido es necesario que las personas tengan acceso a la misma calidad de información. De otra forma, se generan diferencias en la capacidad de decidir, que finalmente se traduce en desigualdades en la incidencia ciudadana. Garantizar información clara, accesible y comprensible para todas las personas no solo fortalece la participación, también contribuye a que se ejerza en un plano más justo y equitativo.
Finalmente, la calidad de la información determina la calidad de las decisiones. No basta con abrir espacios de participación, es necesario que se acompañen de información que permita comparar, evaluar y, a partir de eso, elegir. Solo así la participación puede traducirse en la toma de decisiones más eficiente, generando mayores beneficios para toda la población.
Desde esta perspectiva, la participación ciudadana no se puede medir únicamente con el número de personas que acuden a votar, sino por la capacidad real que tienen estas personas de tomar decisiones informadas. Y esa capacidad depende, en gran medida, de que la información esté disponible en condiciones que permitan entenderla y utilizarla. En ese sentido, se juega la forma de democracia a la que aspiramos: una en la que todas las personas podamos influir y decidir en condiciones de igualdad y justicia. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.