La columna sostiene que Claudia Sheinbaum ya inició una reorganización política y partidista con miras a la elección intermedia de 2027. El autor argumenta que los recientes movimientos dentro de Morena, el INE y el gabinete federal buscan fortalecer el control presidencial sobre las candidaturas, la estructura electoral y los equilibrios internos del partido. También señala que Sheinbaum intenta evitar un desgaste similar al de las elecciones de 2021 y construir una alianza que le permita llegar con fuerza política a la sucesión presidencial de 2030, en medio de tensiones con grupos cercanos a AMLO.
Gustavo López Montiel (Profesor del Tecnológico de Monterrey)
En las últimas dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado cambios que permiten vislumbrar su preparación para la elección de 2027.
Este proceso inició hace varios meses, cuando se planteó la necesidad de una reforma electoral que permitiera modificar varios de los supuestos que rigen las candidaturas al interior de los partidos. Con ello, también se buscaba mover a los grupos de poder dentro de esas organizaciones políticas.
La reforma constitucional sobre nepotismo y no reelección buscó acotar el poder de varios actores, pero también generar expectativas en otros.
La prisa por la aprobación de los planes A y B buscaba, entre otras cosas, limitar las capacidades de decisión al interior de los partidos, modificar las reglas de la competencia y tomar el control del proceso electoral desde los propios órganos electorales.
Aunque la reforma aprobada fue menor de lo que la presidenta esperaba, la designación posterior de las nuevas consejerías del INE le permitirá mantener el control del proceso, así como del resultado que de este se genere.
La salida de Citlali Hernández de la Secretaría de las Mujeres —que, a más de una semana, no ha tenido una nueva designación— muestra el interés real detrás de estos cambios.
Su llegada a la comisión de elecciones de Morena envió la señal de la apropiación de la presidenta sobre el proceso de designación de candidaturas dentro del partido, así como del mantenimiento de las alianzas en un contexto en el que sus aliados más importantes se sienten empoderados por haber limitado el interés presidencial de reducir el costo político que ellos mismos representan para Morena.
La salida de Luisa María Alcalde de la presidencia de Morena, pese a su intento de encarecerla, buscó enviar un mensaje sobre el papel que las dirigencias partidistas deben desempeñar: ser funcionales a las necesidades de control del proyecto de la 4T en su conjunto.
Si bien al final aceptó la salida tersa que la presidenta le ofreció, es posible que la expresidenta de Morena no permanezca mucho tiempo en su nuevo encargo, pues este no tiene la relevancia que alcanzó por el empoderamiento otorgado por anteriores presidentes del partido y por el perfil de las figuras que ocuparon ese espacio.
La llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena y la rápida sustitución en la Secretaría de Bienestar por Leticia Ramírez —ambas operadoras políticas formadas bajo la influencia del expresidente AMLO— muestran una división del trabajo entre los grupos más importantes dentro de Morena.
La presidenta busca evitar un efecto recurrente en las elecciones intermedias: el desgaste de los gobiernos suele traducirse en pérdida de posiciones políticas, como ocurrió en 2021, cuando incluso ella, como jefa de Gobierno, perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México.
Perder espacios en 2027 implicaría enfrentar cuesta arriba la elección presidencial de 2030, con una estructura electoral debilitada y una eventual reconfiguración de preferencias electorales.
Esto cobra relevancia particularmente por la incorporación de un electorado joven que, como ocurre en otros países, muestra mayor proclividad hacia posiciones conservadoras. Ese fenómeno ya ha influido en elecciones de otros países de Latinoamérica y también modifica la percepción sobre los programas sociales respecto a generaciones mayores.
Esta división del trabajo dentro de Morena implica que los grupos más cercanos al expresidente se hagan cargo de la operación electoral a través de la estructura partidista y de los programas sociales, mientras que la presidenta asumirá el control del proceso de candidaturas y de la competencia interna del partido.
Si bien la presidenta no asume completamente la responsabilidad ni el control total, sí conserva el espacio de mayor poder dentro del proceso: la asignación de posiciones políticas para los próximos tres años entre los grupos de Morena y sus aliados.
Eso no significa que no enfrentará presiones internas por parte del expresidente y de sus allegados, pero sí le permitirá configurar una alianza interna que haga viable no solo la segunda mitad de su mandato, sino también el proceso de transición hacia 2030.