La extradición de Alex Saab a Estados Unidos lo convierte en testigo clave para revelar la corrupción y el lavado de dinero del chavismo en México, donde empresarios locales se beneficiaron con sobreprecios en alimentos del programa CLAP por hasta 360 millones de dólares.
Rafael Croda
El empresario Alex Saab, quien fue extraditado este fin de semana a Estados Unidos por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, será testigo clave para la justicia estadunidense sobre el lavado de dinero y empresarios mexicanos que se beneficiaron de la corrupción del régimen que presidía el chavista Nicolás Maduro.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, dice a Proceso que ahora que Saab está en manos de la justicia estadunidense la Fiscalía General de la República (FGR) de México debiera reabrir o reactivar una demanda que presentó en 2024 esa ONG contra Saab, líder chavista Nicolás Maduro y sus cómplices mexicanos.
La especialista en transparencia y lucha contra la corrupción considera que Saab, un colombiano naturalizado venezolano, “puede aportar mucha información” sobre las operaciones ilegales que, como testaferro de Maduro, realizó en México, Colombia, Ecuador, Italia y otros países, en detrimento de las finanzas públicas venezolanas.
Es una oportunidad para que la justicia mexicana se interese por el caso, que se supone que está abierto (en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR) -señala Freitas.
Hace dos años Transparencia Venezuela presentó ante esa fiscalía –que según la ley debe ser autónoma– una denuncia de hechos de carácter penal contra Saab, Maduro y quienes resulten responsables por el uso de dinero público venezolano en la compra de alimentos con sobreprecios en México.
Pero De Freitas lamenta que esa denuncia “nunca avanzó y nunca recibimos respuesta de la fiscalía”, lo cual puede estar relacionado con la relación acrítica que siempre mantuvieron el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum con Maduro hasta que éste fue secuestrado de Venezuela por militares estadunidenses.
De acuerdo con cálculos de la ONG, el monto defraudado por Saab y sus socios en México asciende, al menos, a 140 millones de dólares, mientras que una investigación de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela concluyó que el monto de las operaciones ilegales entre el testaferro de Maduro y sus socios mexicanos llegó a 360 millones de dólares.
El exdiputado opositor venezolano Macario González sostiene que México “fue un centro clave para todas esas operaciones” que incluyen esquemas de lavado de dinero, transferencias de fondos ilegales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores; creación de empresas fantasma y una estructura financiera que pasaba por cuentas bancarias en México.
De acuerdo con la investigación legislativa, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México 12 millones de despensas –con productos como arroz, harina de maíz, aceite y latas de atún y sardinas–, cada una de ellas con un sobreprecio de 30 dólares, lo que elevaría el monto del desfalco a las arcas públicas venezolanas a 360 millones de dólares.
Testigo de excepción
Saab está considerado el principal operador financiero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y se espera que llegue a un acuerdo con las autoridades estadunidenses para declarar contra ellos en el juicio por narcotráfico y lavado de dinero que se les sigue a ambos en una corte federal de Nueva York tras ser secuestrado en Venezuela en operación militar estadunidense el 3 de enero pasado.
Pero Saab también tiene información abundante de la corrupción y las redes de lavado de dinero en México por la estructura ilegal que armó con socios locales para comprar, a precios que rebasaban por mucho los del mercado, alimentos destinados a un programa social de Maduro para paliar el hambre y el desabasto en su país.
Además, varios cargamentos enviados a Venezuela por empresas mexicanas llegaban en mal estado y con productos de muy baja calidad que estaban destinados al programa CLAP, siglas los Comités Locales de Abastecimiento y Producción creados por Maduro en 2016 para atender la crisis alimentaria en Venezuela.
Mercedes de Freitas afirma que la corrupción generada en México por empresarios mexicanos, Saab y Maduro es doblemente grave porque es probable que haya tenido efectos “incluso letales” para millones de venezolanos en situación vulnerable tras años de debacle económica, y pudo haber incidido en la “inseguridad alimentaria aguda” que registra ese país.
El empresario colombiano de 52 años llegó el domingo último a Miami tras su deportación, el sábado por la noche, de Venezuela, y el lunes compareció en una corte federal en la que fue informado de que enfrenta cargos de lavado de dinero vinculado a un esquema de sobornos.
Saab ya había estado encarcelado y sometido a juicio en Estados Unidos, a donde fue extraditado tras su captura el 12 de junio de 2020, en Cabo Verde, durante una escala que hizo su avión privado para reabastecerse de combustible en un viaje con destino a Irán. En octubre de 2021 el país africano lo entregó a la justicia estadunidense.
El empresario chavista fue acusado de conspiración para blanquear dinero de Maduro y para montar un esquema financiero destinado a mover cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción, narcotráfico y de la minería ilegal tendiente. Esto, para eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Maduro.
Pero Saab era una pieza tan importante para el chavista que convirtió la lucha por su liberación en un asunto de Estado.
En diciembre de 2023, luego de una negociación secreta con delegados del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró que su testaferro regresara a Venezuela a cambio de la liberación, por parte Maduro, de 10 estadunidenses encarcelados en Venezuela.
En Caracas, Maduro lo recibió como héroe, transmitió en vivo una larga charla con el empresario y su esposa, la exmodelo italiana Camilla Fabri, y lo nombró ministro de Industria.
Pero tras la invasión de Estados Unidos a Venezuela para “extraer” a Maduro, el pasado enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez lo destituyó. En los primeros días de febrero, fue detenido en Caracas por agentes del FBI y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Hombre de mundo
Saab conoce bien México desde los noventa, cuando ese país se convirtió en el principal mercado en el exterior de los textiles que producía una fábrica de su familia en Barranquilla, Colombia, donde el empresario de origen libanés gozó de una educación privilegiada en el Colegio Alemán.
Él habla alemán, inglés y árabe, además de español, y conoce de negocios y de transacciones financieras internacionales, lo que le permitió convertirse en un operador clave de Maduro y su familia cuando el chavista asumió el poder en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, en 2013.
El colombiano adquirió más relevancia para la familia Maduro-Flores cuando Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas a Venezuela en enero de 2019, tras desconocer, por “fraudulentos”, los comicios en los que se reeligió Maduro meses antes.
La experiencia empresarial del colombiano sirvió al régimen chavista para eludir el bloqueo financiero.
Según las investigaciones de la oposición venezolana, Saab creó en México una filial de su empresa Group Grand Limited, la cual utilizó como núcleo de sus operaciones ilegales.
Ninguna de las empresas mexicanas que vendieron a Saab las cajas CLAP por las que Venezuela pagó un sobreprecio fue investigada por lavado de dinero por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que en 2018, en el gobierno de Enrique Peña, dio carpetazo al asunto con un “acuerdo reparatorio”.
Ese convenio consistió en el pago de tres millones de dólares que se destinaron a la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados y el compromiso de “los imputados” de no volver a comerciar con Venezuela.
Esto, pese a que la propia PGR señaló en un comunicado ese año que “este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios” al “adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAP, revenderlos a los venezolanos en un valor 112% mayor al costo real”.
Según Transparencia Internacional, entre las grandes compañías mexicanas que vendieron alimentos al gobierno de Maduro a través de la red de Saab figuran Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando y Soriana, las cuales son catalogadas por esa ONG como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.
Además, se señalan a empresas como Rice&Beans, propiedad de Aristóteles Vaca, quien de acuerdo con Transparencia Venezuela fue cercano al presidente Peña Nieto (2012-2018), pues en ese sexenio “recibió alrededor de 600 contratos por un monto de 567 millones de pesos, cada uno de estos por adjudicación directa”.
La impunidad ha cobijado también al principal socio mexicano de Saab, el joven empresario Joaquín Leal, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y fue incluido en la Lista Clinton por estar involucrado “en una red secreta para evadir las sanciones” económicas que impuso ese país a Venezuela en 2019.
México debe actuar
El exdiputado Macario González ha señalado que la impunidad trascendió el sexenio de Peña y con la llegada al poder de López Obrador “hubo una protección de autoridades mexicanas a Saab, y no sé si a Maduro, porque las autoridades están en la obligación de fiscalizar a las empresas que operan en su territorio, la legalidad de su dinero y las conexiones que tienen con las finanzas internacionales”.
De acuerdo con el político opositor “hay tratados internacionales para perseguir dinero proveniente de la corrupción o del narcotráfico, y no se han cumplido”.
La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, expresa su preocupación de que la Fiscalía anticorrupción de la FGR haya cerrado el expediente de la demanda presentada hace dos años sin ninguna conclusión y sin identificar quiénes son los responsables de los sobreprecios.
Para De Freitas, esa operación “fue ilícita porque significó lavado de dinero, y el Estado mexicano tiene que aclarar qué personas participaron y qué bancos aceptaron dinero de procedencia ilícita”.
Aunque el principal interés de la justicia estadunidense en Saab es su eventual comparecencia como testigo en el juicio contra Maduro y Cilia Flores, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela considera que el empresario puede aportar información relevante sobre la dimensión que alcanzaron las operaciones ilegales que realizó en otros países para el chavista.