Fernando Díaz Naranjo
Nuestra democracia se funda en varios principios que están estrechamente ligados a los derechos fundamentales de las personas, uno de ellos es el de la igualdad en el que hombres y mujeres deben de gozar de los mismos derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución.
Sin embargo, la realidad es otra por lo que el Legislativo se ha visto obligado, bajo la presión de distintos colectivos de mujeres, líderes políticas, medios de comunicación, la academia y otros, a impulsar diversas legislaciones que permitan visibilizar plenamente los derechos de las mujeres principalmente en la esfera pública.
En 2014 se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género para los cargos legislativos del Congreso de la Unión y de los congresos de las entidades federativas.
No obstante, a pesar de los avances en materia de paridad que se han ido registrando, gracias en gran medida también a diversos Acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), y a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un fenómeno que irrumpe la presencia, participación y pleno desarrollo de la mujer en la esfera política se ha hecho presente: la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A pesar de diversas normativas internacionales de la que México forma parte, así como de legislaciones como la propia Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, fue necesaria una reforma del 13 de abril de 2020 para ir sentando las bases de este tipo de violencia; en 2023, son ampliadas los tópicos por los que ninguna persona podrá ser registrada como candidata o candidato a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, si se le acredita algunas de las 10 responsabilidades de violencia de género.
En este sentido, vale la pena analizar diversos hallazgos de este fenómeno que se presentaron en el desarrollo del proceso electoral federal 2023-2024 a través del documento Atención de la violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, del INE, de la elección descrita.
El documento analiza un periodo que va del 14 de abril de 2020, fecha en que se implementó la reforma en la materia, al 29 de agosto de 2024.
Al respecto resaltan, entre otros registros, que desde la implementación de la reforma múltiples quejas y denuncias han sido presentadas; el 42% corresponden al periodo electivo 2023-2024.
En la elección de 2018 se presentaron 47 quejas y denuncias, en tanto que en el proceso electoral 2020-2021 se incrementaron a 148, representando un incremento de alrededor del 68%. Para el proceso electoral 2023-2024, a pesar de una mayor normativa en la materia el número de casos ascendió un 357% (215 quejas recibidas); en este último caso el 55% fueron competencia del INE
Respecto al tipo de cargos y del total de víctimas destacan las candidatas a diputadas federales con un 13.3%, seguido de candidatas a senadoras, 10%; líderes sociales, 8.2%; diputadas federales 7.6%, y candidatas a alguna presidencia municipal el 5.7%.
El estudio completo del INE puede ser consultado en el siguiente link: https://ine.mx/wpcontent/uploads/2024/11/UTCE_atencion_VPMRG_PEF23-24.pdf
Como podemos observar, se cuenta con una normativa más robusta que busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y no ha sido suficiente. El Legislativo debe establecer mayores sanciones; el INE debe implementar mecanismos de revisión de manera previa al registro de las candidaturas y ampliar los mecanismos de denuncia ciudadana al respecto.
Queda claro que la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha incrustado en nuestro sistema político, como un cáncer que puede llegar a gangrenar nuestra democracia si no se toman medidas y acciones eficaces.
Así, aprovechando el marco de una legislación que busca una igualdad sustantiva y ante la tan anunciada reforma en materia electoral, esta temática debería ser tomada en cuenta para su análisis con el objetivo de contar con una sociedad igualitaria y libre de violencia de género.