Susana Camacho
Si se miran con detenimiento las anomalías y la cadena de errores en las que participaron las autoridades durante los diez meses en los que se materializó el Proceso Electoral Extraordinario de 2025 (PEE), las conclusiones son desoladoras: la elección judicial nos retrocede a tiempos no democráticos, de centralización del poder sin controles.
Recientemente se presentó el Informe Final del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), este documento analiza, fundamenta y detalla las causas de por qué el proceso nos ha dejado un mal sabor de boca. El PEE tuvo como constante sistemática violaciones a los principios de legalidad, certeza, equidad y libertad del sufragio. Confirma, además, la erosión de diversas instituciones democráticas. Erosión porque se degradó la calidad de los procesos legislativos, los procesos electorales y la impartición de la justicia.
El OEJ está integrado por las organizaciones civiles México Evalúa, Di-Sentir, Laboratorio Electoral y Práctica: Laboratorio para la Democracia.
De por qué no se puede hablar de una elección exitosa en términos democráticos está, por ejemplo, el hecho de que fue la elección de funcionarios con menor participación desde la alternancia en el poder. Sólo votó un 13% del total del padrón, que queda muy lejos de la elección de diputados federales de 2015, en la que participó un 41% del electorado —que era, hasta el PEE, la más baja registrada en los últimos 25 años—. También, por primera vez, desde las elecciones de 2005, no pudieron votar las y los mexicanos en el extranjero ni las personas en prisión preventiva.
Del proceso legislativo a los procesos judiciales electorales
1. Proceso legislativo
En menos de un año, atestiguamos un diálogo de sordos en las “discusiones” del Congreso federal y nula discusión en los congresos estatales para aprobar reformas a la Constitución. No se escuchó a juezas y jueces, tampoco a personas usuarias de los servicios de justicia, que salieron a tomar las calles. No se construyeron alternativas legislativas dirigidas a las causas que realmente podrían mejorar la justicia en México. Simplemente se aprobó una iniciativa que provenía del titular del Ejecutivo, cuyo objetivo era eliminar los contrapesos a su poder.
Otro de los hechos que también constituyen una agravante de los procesos que corresponden al Legislativo está, por ejemplo, que ya no se pueden consultar las entrevistas de las personas candidatas a jueces. Así… Para tratar de esconder las deficiencias del PEE, simplemente desaparecieron los portales de los comités de evaluación de personas candidatas a jueces de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo vamos a mejorar los procesos de los comités de selección si no queda constancia de lo que hicieron en este primer ejercicio? ¿Cómo vamos a contar con la información que nos permita dar seguimiento a los nuevos jueces desde sus postulaciones?
2. Proceso electoral
Durante las campañas, las anomalías también fueron constantes: la ausencia de certeza jurídica y de presupuesto, candidaturas con errores y falta de evaluación rigurosa, reglas de financiamiento y fiscalización aplicables a partidos políticos que no se adecuaron al contexto de esta elección, ambigüedad de reglas predefinidas de campañas, el desacato generalizado a suspensiones judiciales, boletas electorales inequitativas y confusas, uso de acordeones, baja participación ciudadana durante la jornada electoral y ausencia de transparencia en los criterios del cómputo de votos.
3. Procesos judiciales en materia electoral
En cuanto a la justicia electoral, se prefirió desechar denuncias y recursos aunque implicaran el ejercicio de derechos, como el derecho al voto de mexicanos en el extranjero o a la equidad en las condiciones de competencia electoral. Tampoco fueron atendidas las denuncias y recursos judiciales sobre la trampa que constituyeron los acordeones, aunque las pruebas fueron evidentes y abrumadoras.
No hubo la menor intención, por parte del tribunal, de tomar medidas que repararan el diseño de las boletas electorales, que implicó inequidad en la competencia electoral. No se abrieron las puertas para que la ciudadanía (en ausencia de partidos políticos que tuvieran esa legitimidad) reclamara los defectos del proceso electoral. No se investigó y sancionó a quiénes destinaron recursos ilegales en sus campañas. No se anularon las candidaturas de personas que no reunían los requisitos de idoneidad ni siquiera de quienes se demostró tenían nexos o antecedentes con el crimen. Nada de esto se resolvió en el fondo. Simplemente se dejaron pasar anomalías, trampas y violaciones a derechos. La justicia electoral terminó por convalidar deficiencias del proceso electoral.
Y ante este panorama, ¿qué aprendimos y qué podemos esperar?
Aprendimos que el derrumbe de las instituciones puede ser muy rápido. Bastaron 10 meses para destruir décadas de construcción de un Poder Judicial independiente y que sirviera de contrapeso al Poder Ejecutivo. También para mermar la calidad de los procesos electorales. En ambos casos, la sociedad en general se ha mostrado apática, como si no hubiera pasado gran cosa.
Respecto de lo que podemos esperar, desde una ciudadanía responsable, la realidad es que no podemos esperar. Es indispensable tomar conciencia del momento en el que estamos y hacer saber a nuestras autoridades que no estamos conformes con procesos legislativos sin discusión profunda, que no nos vamos a acostumbrar a elecciones de baja calidad y que lo que le urge a México es un sistema de justicia que proteja nuestros derechos.
Para las próximas elecciones de 2027 ojalá se abra el diálogo para escuchar y discutir públicamente, con las autoridades involucradas, las recomendaciones que hace el OEJ y muchas otras organizaciones nacionales e internacionales que observamos estas elecciones y trabajamos por un México más justo y equitativo. Porque, al final, la promesa de esta elección judicial era una mejor justicia.