Durante las últimas dos décadas, México ha visto desfilar por tribunales, cárceles y procesos de extradición a funcionarios mexicanos acusados de corrupción, lavado de dinero, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado.
José Luis Castillejos
Cuando el juez Brian Cogan dictó en Brooklyn una condena de 460 meses de prisión contra Genaro García Luna, quedó expuesta una de las mayores contradicciones del Estado mexicano: el hombre que dirigió la guerra contra el narcotráfico también terminó condenado por proteger al Cártel de Sinaloa.
El caso no fue aislado. Durante las últimas dos décadas, México ha visto desfilar por tribunales, cárceles y procesos de extradición a exgobernadores, secretarios federales, fiscales y mandos policiales acusados de corrupción, lavado de dinero, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado.
Los registros judiciales muestran que al menos 20 exgobernadores mexicanos han sido encarcelados o procesados penalmente. Entre ellos figuran Javier Duarte, condenado por lavado de dinero; Tomás Yarrington, sentenciado en Estados Unidos por lavado vinculado al narcotráfico; Roberto Borge, acusado de operaciones con recursos ilícitos; César Duarte, procesado por peculado; y Roberto Sandoval, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
También aparecen Mario Villanueva, Andrés Granier, Rodrigo Medina, Jaime Rodríguez Calderón, Humberto Moreira, Jorge Torres y Eugenio Hernández.
La corrupción también alcanzó el gabinete federal. Rosario Robles pasó tres años presa por el caso de “La Estafa Maestra”. Emilio Lozoya Austin fue extraditado desde España por el caso Odebrecht. El general Salvador Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles por presuntos vínculos con el narcotráfico, aunque posteriormente el caso fue cerrado en México.
Ningún expediente refleja mejor la penetración criminal en las instituciones que el de García Luna. Declarado culpable en Nueva York por conspiración para tráfico internacional de cocaína y delincuencia organizada, recibió una condena de 38 años tras comprobarse que recibió sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.
Las cifras estructurales son todavía más reveladoras. Entre enero de 2023 y julio de 2024, las fiscalías anticorrupción abrieron 23,775 carpetas de investigación. Sólo 1,479 llegaron ante un juez y apenas 155 derivaron en condenas. Menos del 1 por ciento.
Una revisión de sentencias públicas encontró que entre 2018 y 2026 los tribunales federales emitieron únicamente 26 condenas contra servidores públicos por delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La Transparencia Internacional ubicó a México en 2025 entre los peores países de la OCDE en percepción de corrupción, con 27 puntos sobre 100 y el lugar 141 mundial. El INEGI estimó que el 95.2 por ciento de los actos de corrupción no son denunciados.
Existe además un patrón incómodo: varios de los funcionarios mexicanos más relevantes fueron procesados en Estados Unidos y no en México. García Luna fue condenado en Brooklyn; Yarrington, en Texas; Édgar Veytia también terminó sentenciado en territorio estadounidense.
La conclusión resulta devastadora para las instituciones mexicanas. Los expedientes abiertos se cuentan por miles. Las condenas firmes, apenas por decenas.
El Índice de Impunidad Penal Institucional de México Evalúa estima que casi nueve de cada diez delitos no obtienen una resolución efectiva.
Lo más grave no es únicamente la corrupción descubierta, sino la que jamás fue investigada. Los recursos desviados sin auditoría. Los expedientes congelados. Los funcionarios protegidos políticamente.
Y quizá la estadística más demoledora sea ésta; en varios de los casos más importantes de las últimas dos décadas, la justicia que terminó actuando no estuvo en Ciudad de México, sino en tribunales de Brooklyn, Texas o Los Ángeles.