Álvaro Aragón Ayala.
Este viernes se confirmó el golpe judicial: el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos. Con este movimiento, el exjefe policial ya se encuentra en territorio norteamericano para encarar el severo pliego acusatorio formalizado en su contra por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, un tribunal conocido por desmantelar grandes estructuras criminales.
La confirmación de este golpe de timón judicial, adelantada inicialmente por medios nacionales, sitúa al exmando bajo custodia directa de las agencias estadounidenses. Aunque las bitácoras públicas del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI o las cortes federales procesan el papeleo bajo estricto control, los términos jurídicos y el nivel de colaboración en los que se pactó esta rendición ya comenzaron a sacudir los círculos políticos y policíacos de México.
La onda expansiva de este caso radica en un dato operativo fundamental: Marco Antonio Almanza Avilés jamás formó parte de la estructura de seguridad ni fue jefe de la Policía de Investigación en la actual administración de Rubén Rocha Moya.
El verdadero nexo de Almanza se remonta al corazón del sexenio estatal del hoy embajador de México en España Quirino Ordaz Coppel. Fue bajo ese mandato que el jefe policial tomó el control absoluto de la corporación, manteniéndose firmemente en la silla del mando desde 2017 hasta noviembre de 2022, en fue removido de sus funciones tras la sacudida institucional que trajo consigo la llegada de Sara Bruna Quiñónez a la Fiscalía General del Estado. Su hoja de servicio, sus redes de mando y su despliegue operativo están firmemente anclados al quirinismo, blindando zafando temporalmente al actual gobierno de Rubén Rocha de este golpe judicial.
Por esta poderosa razón, consumada ya la entrega y con la alta probabilidad de que el exjefe policial active el protocolo de «testigo cooperante», el sismo político y judicial no apuntará hacia el tercer piso del gobierno de Rubén Rocha, sino que enfilará sus baterías directo a Palacio de Gobierno durante la gestión de Quirino Ordaz Coppel, obligando a una disección profunda de los pactos y omisiones de ese sexenio.
No se trata de un simple matiz temporal o un tecnicismo político. Fue precisamente durante el mandato de Quirino Ordaz Coppel cuando la violencia y la impunidad en Sinaloa alcanzaron picos históricos reflejados en tres episodios negros que marcaron la memoria colectiva y que hoy forman parte de las carpetas de investigación de las agencias norteamericanas.
El primero de estos golpes fue el artero asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Ríodoce, ejecutado limpiamente por un comando el 15 de mayo de 2017 en pleno centro de Culiacán. El atentado, perpetrado a la luz del día y a unos cuantos metros de la Redacción, sembró el terror y quedó registrado como uno de los agravios más profundos contra la libertad de prensa en la historia contemporánea de México.
Aquel homicidio de alto impacto dejó al descubierto severas interrogantes y sospechas de complicidad sobre la capacidad de reacción —o la deliberada inacción— de las corporaciones policíacas que comandaba Almanza, las cuales permitieron que los gatilleros ejecutaran el plan y huyeran sin contratiempos de la escena del crimen. Años más tarde, y a pesar de las sentencias logradas contra los autores materiales —brazo armado de una facción del Cártel de Sinaloa—, el velo de la sospecha sigue sobre el entorno institucional y el manto de protección policial y político que hizo posible el atentado bajo la mirada de la administración quirinista.
El segundo hito de impunidad ocurrió el 17 de octubre de 2019 con el infame «Culiacanazo», un despliegue táctico donde las fuerzas federales capturaron y, tras verse sometidas y superadas por una violenta contraofensiva urbana de células del Cártel de Sinaloa, se vieron obligadas a liberar a Ovidio Guzmán López, desnudando la total pérdida del control territorial en la capital del estado.
El tercer pasaje que colocó a la entidad en el radar de las agencias de inteligencia internacionales fue el polémico saludo público que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le dispensó a la madre del capo Joaquín Guzmán Loera durante una criticada «gira de trabajo» en las inmediaciones de la sierra de Badiraguato en marzo de 2020.
Estos tres capítulos de la historia negra sinaloense se consumaron bajo el reloj constitucional y la responsabilidad política de Quirino Ordaz Coppel, y de manera paralela, mientras Marco Antonio Almanza Avilés operaba como una de las piezas clave del mando y del ajedrez de la investigación criminal y la inteligencia policial del estado.
El verdadero peligro para el exgobernador Ordaz Coppel radica en las tripas del expediente norteamericano: los fiscales de Nueva York acusan formalmente a Almanza de haber operado como un brazo infiltrado del Cártel de Sinaloa, recibiendo millonarios sobornos a cambio de otorgar blindaje institucional, filtrar información clasificada sobre operativos federales y poner la estructura del Estado al servicio de la organización criminal. Aunque estas graves imputaciones han sido sistemáticamente rechazadas por el exmando y no cuenta aún con un veredicto de culpabilidad, su entrega reactiva todas las alarmas.
La comparecencia de Almanza ante las cortes federales de EE. UU. se perfila como un inevitable punto de inflexión. Lejos de alimentar una narrativa que afecte al gobierno en Ruben Rocha, la información que el exjefe policial posee tiene el potencial de abrir boquetes directos hacia el pasado, reconstruyendo minuciosamente cómo operaban las cañerías del poder, qué mandos autorizaban la protección institucional y hasta dónde llegaban los hilos de la complicidad en el sexenio de Quirino Ordaz Coppel.
Consumado el arresto por entrega voluntaria, la apertura inminente de los folios judiciales o las alertas detalladas del Departamento de Justicia amenazan con desatar una tormenta que alcanzará directo al actual embajador en España, reactivando los expedientes de una de las épocas más oscuras, pactadas y controvertidas de la seguridad pública en Sinaloa.