Ilán Semo
Aunque las noticias son escuetas, las imágenes se repiten a diario: indígenas en Chiapas son desplazados violentamente de los lugares que habitan desde hace siglos; pobladores que viven en las inmediaciones de las minas de plata de Zacatecas deben huir por amenazas de grupos criminales; fuerzas paramilitares expulsan a agricultores en la región de Tierra Caliente, Guerrero; ninguna autoridad interviene para impedir la violencia que obliga a pequeños ganaderos de dos municipios de Chihuahua a abandonar sus casas y pertenencias.
Agregadas a nivel nacional, las cifras son estremecedoras. Entre 2006 y 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contabilizó 386 mil personas desplazadas de manera forzada de sus hogares y lugares de origen. Se trata, en su mayoría, de comunidades rurales (87.5 por ciento). Pero una parte sustancial pertenecen a poblaciones indígenas (41 por ciento).
El desplazamiento forzado por goteo o de pequeña escala muestra cifras más inclementes aún. La estadística habla de la ya inimaginable cifra de individuos o familias que se ven obligados a cambiar de residencia o localidad por causa de extorsión, amenaza de secuestro, o bien por asaltos frecuentes a sus casas o pequeños negocios. Un tipo de desplazamiento violento mucho más silencioso que el anterior, el cual es masivo. En 2021, la cifra al respecto que ofreció la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ascendió a una escala que alcanza las proporciones de una franja demográfica nacional: 831 mil huyendo de sus casas y lugares de origen asediados por grupos delictivos.
Hasta hace poco, las causas y consecuencias de esta geografía del terror eran en gran parte desconocidas; cada habitante se daba sus propias y personales explicaciones. Hoy, gracias a la invaluable dedicación de una profesional multitud de sociólogos, antropólogos, etnólogos, entre otros oficios, conocemos con más detalle sus causas económicas, sociales y políticas, la cartografía de los propios desplazamientos y los devastadores efectos sicológicos, individuales y familiares en sus víctimas.
Entre las múltiples publicaciones al respecto que han aparecido en la última década, cabe destacar el reciente volumen compilado por Jairo Antonio López Pacheco y Libertad Argüello Cabrera: Desplazamiento forzado interno y violencias en México: Causas, trayectorias y efectos (UNAM, 2026). Reúne los textos de más de una veintena de investigadores. miembros activos de un grupo de trabajo común, que han ido desocultando lo que tres regímenes a partir del sexenio de Felipe Calderón se han empeñado en esconder: la colusión entre el capital trasnacional y nacional, el crimen organizado, las fuerzas del orden (la policía, el Ejército, la Guardia Nacional…) e incontables miembros y funcionarios de la Federación y los gobiernos locales para convertir a una parte del país en el territorio de una necroeconomía, es decir, una forma de capitalismo hipersalvaje, que basa el despliegue de sus dispositivos en el despojo, el asesinato, las desapariciones y los desplazamientos forzados sin ley, ni estado de derecho, ni autoridad que lo contenga.
En los varios estudios que componen al volumen, las características singulares de esta necropolítica, que distingue al Estado mexicano desde 2007, van cobrando su especificidad. Empresas mineras que se apropian de aguas y territorios, corporaciones de lácteos que desvían ríos enteros y desertifican lo que alguna vez fueron tierras fértiles, agroindustrias trasnacionales que despojan a pequeños productores y arrasan con la ecología elemental, tráfico de migrantes, rutas para el transporte (prácticamente industrial) de droga hacia Estados Unidos, y expropiación de áreas y terrenos para su comercialización, constituyen los puntales de maquinarias sociales que han hecho del desplazamiento y las desapariciones el sinónimo de una devastación humana a la que, por sus números, dimensiones y extensión, puede ya calificarse de un holocausto, el holocausto mexicano.
El término proviene de una conjunción del griego y el hebreo y significa, en los textos antiguos, sacrificio teológico. En México equivale al sacrificio de una parte de la población para crear condiciones óptimas a las dos deidades básicas del capital: la inversión y el disciplinamiento (léase la docilidad frente a su expansión). Una de los textos del volumen lo llama “el control de lo viviente”. Y, en efecto, de lo que se trata no sólo es de fincar un dominio sobre los seres humanos, sino sobre todo aquello que hace posible la vida.
Si los efectos del desplazamiento forzado afectan a comunidades rurales enteras y, en particular, a las poblaciones indígenas nos hallamos frente a una forma de limpieza poblacional, que no es otra cosa más que la erradicación no de la resistencia de comunidades ante este proceso, sino de las comunidades mismas. Y estos son crímenes de lesa humanidad.