Alvaro Aragón Ayala.
CULIACÁN, Sin.– El discurso oficial sobre la libertad de expresión se convirtió en un monumento de palabras vacías. Cada 7 de junio, los gobiernos repiten compromisos, pronuncian homenajes y prometen garantías para el ejercicio periodístico. Sin embargo, en Sinaloa, la historia real de la libertad de prensa está escrita con sangre, expedientes mutilados, investigaciones inconclusas y una impunidad que sobrevive a sexenios, Fiscales y gobernadores.
En el Día de la Libertad de Expresión, la retórica institucional vuelve a estrellarse contra una verdad incómoda e irrefutable: tres épocas distintas del periodismo sinaloense están unidas por un mismo veredicto de facto emitido por el Estado mexicano: la impunidad.
Los asesinatos de Aarón Flores Heredia, Javier Valdez Cárdenas y Luis Enrique Ramírez no constituyen tragedias conectadas entre sí. Son los tres niveles de una misma estructura edificada sobre la simulación judicial, las investigaciones a medias y la incapacidad —o la falta de voluntad— para desmontar las redes criminales que operan bajo distintas formas de protección política e institucional.
Aarón Flores Heredia (1980): el crimen deleznable
El asesinato de Aarón Flores, jefe de Información de El Debate de Los Mochis, dejó una herida que el paso de los años no ha logrado cerrar porque jamás fue acompañada por la justicia.
Su ejecución arrebató la vida de un periodista y exhibió una de las realidades más perturbadoras de la época: la convivencia funcional entre agentes judiciales, grupos criminales vinculados al narcotráfico y bandas de asaltabancos que operaban bajo esquemas de protección y complicidad.
Más de cuatro décadas después, el crimen permanece impune. Nunca hubo detenidos. Nunca hubo responsables procesados. Nunca hubo justicia.
El expediente fue condenado al olvido institucional y se convirtió en el antecedente fundacional de una peligrosa enseñanza para el crimen organizado: en Sinaloa, asesinar periodistas podía no tener consecuencias.
Javier Valdez Cárdenas (2017): la verdad incompleta
Aquel 15 de mayo las balas intentaron silenciar la voz más reconocida del periodismo sinaloense. El asesinato de Javier Valdez, escritor sobre la agenda del narcotráfico y cofundador de RíoDoce colocó a Culiacán bajo la mirada internacional y obligó a las autoridades a ofrecer respuestas rápidas ante la presión de organismos nacionales y extranjeros.
Se registró una detención y una sentencia acompañada de la narrativa oficial de esclarecimiento, pero el paso del tiempo ha permitido observar las costuras de aquella versión.
La condena alcanzó a un ejecutor materiales, pero la estructura completa detrás del crimen permanece envuelta en zonas oscuras. La investigación avanzó hasta donde era políticamente tolerable y se detuvo justo antes de penetrar los niveles donde convergen los intereses del narcotráfico, las complicidades institucionales y los mecanismos reales de protección criminal.
La consecuencia es evidente: existe una verdad judicial parcial, pero no una verdad completa. El expediente ofrece respuestas sobre quién disparó, pero sigue dejando interrogantes sobre quién protegió, quién facilitó y quién garantizó las condiciones para que el crimen pudiera ejecutarse.
Luis Enrique Ramírez (2022): la justicia convertida en simulación
El asesinato de Luis Enrique, fundador de Fuentes Fidedignas y columnista de El Debate, representa quizás la expresión más contemporánea y sofisticada de la impunidad.
Luis Enrique fue ejecutado por sicarios. Sin embargo, para amplios sectores del periodismo sinaloense, el segundo crimen comenzó después, en las oficinas encargadas de investigar el primero.
La actuación institucional estuvo marcada por anuncios espectaculares, operativos mediáticos y una narrativa oficial que buscó instalar la percepción de eficacia. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena persistieron dudas sustanciales sobre la profundidad y dirección de las investigaciones.
Más que una búsqueda integral de la verdad, la actuación de las autoridades pareció concentrarse en construir una versión suficiente para cerrar el caso sin alterar los equilibrios de poder que operan en los territorios controlados por las organizaciones criminales.
El resultado es una paradoja jurídica: una sentencia formal sin justicia plena. Los autores visibles fueron perseguidos, pero los mecanismos de protección, financiamiento y control territorial que hicieron posible el crimen permanecieron esencialmente intactos.
Este Día de la Libertad de Expresión, el periodismo sinaloense no necesita felicitaciones oficiales, discursos protocolarios ni promesas recicladas de protección. Exige una sola cosa: verdad completa. Las fiscalías deben abandonar la práctica de fabricar explicaciones parciales y cerrar expedientes con la captura del último eslabón de la cadena criminal.
La investigación de los asesinatos de periodistas exige mirar hacia arriba, hacia los niveles donde convergen el dinero del narcotráfico, las armas de los sicarios, las estructuras de protección política y los uniformes que deberían garantizar la ley.
En tanto el Estado mexicano continúe actuando como espectador, encubridor por omisión o cómplice por acción, cualquier celebración de la libertad de prensa seguirá siendo una representación vacía.
Aarón Flores Heredia, Javier Valdez Cárdenas y Luis Enrique Ramírez ejercieron un periodismo incómodo para el poder. Escribieron donde otros callaban. Investigaron donde otros se retiraban. Pagaron el precio más alto por hacerlo. Por eso, recordarlos no es un acto ceremonial ni una efeméride más en el calendario.
Es una acusación. La impunidad también mata. Y porque, después de décadas de expedientes inconclusos, verdades fragmentadas y responsables protegidos, el Estado mexicano continúa sin responder la pregunta fundamental: ¿quién protege a los asesinos de periodistas?