Luis David Fernández Araya
Marzo de 2026 trajo una noticia que pasó casi desapercibida en los titulares financieros, pero que tiene implicaciones profundas para miles de empresas en México, la publicación del decreto que reforma el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la LFPIORPI, ese trabalenguas jurídico que todos en el sector conocemos simplemente como la ley antilavado.
El cambio no es menor, ya que entre los aspectos más relevantes del nuevo reglamento destaca la incorporación de un régimen específico para Personas Políticamente Expuestas (PEPs), incluyendo mecanismos de integración y consulta de listas. Desde el gobierno sabemos que esto representa un reto operativo para el ecosistema Fintech, con más procesos, más tecnología, más gasto en cumplimiento, y justo cuando muchos startups aún se recuperan de años de tasas altas y contracción del crédito, la pregunta es legítima.
Pero también hay que decirlo claro, la presión internacional es real, pues El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo organizaciones criminales utilizan el sistema financiero para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico y en ese contexto, fortalecer los controles no es un capricho burocrático, es una necesidad de Estado. Nadie en el gobierno quiere que las Fintech se conviertan en el canal preferido del crimen organizado, y como especialista en el tema ese riesgo es inminente y peligrosamente existe.
La reforma a la LFPIORPI del 16 de julio de 2025 redefinió de manera estructural el régimen mexicano de prevención de lavado de dinero, aun siendo conscientes de que, un año después, las empresas han tenido que navegar en la incertidumbre porque aún estaban pendientes algunas reglas de carácter general. Considero que eso ya se resolvió en parte, la emisión de esas reglas operativas quedó concluida antes del plazo establecido en julio de 2026. Hoy el marco normativo está completo, claro y disponible, pues las empresas ya no tienen que adivinar ni rezar, ya se tienen reglas.
Entendemos las dificultades del sector, especialmente de las Fintech más pequeñas, que no cuentan con grandes departamentos jurídicos, por eso, desde el gobierno hemos trabajado en mecanismos de acompañamiento, canales de consulta y esquemas diferenciados. No se trata de expulsar a nadie del sistema, sino de incorporarlo con orden y seguridad.
Las instituciones de tecnología financiera deben reportar a la UIF cualquier operación sospechosa o inusual, como transacciones grandes o frecuentes que no correspondan al perfil del cliente, suena razonable, ¿no?, y lo es ya que el desafío real es cuando el perfil del cliente es el segmento no bancarizado, ese usuario sin historial crediticio, con ingresos informales, que hace transacciones atípicas porque su economía es atípica. Lo reconocemos, ahí el sistema de alertas puede dispararse en exceso y los costos de cumplimiento volverse prohibitivos si no se gestiona con inteligencia.
Pero la solución no es bajar los brazos ni aflojar la regulación, la solución debe ser más tecnológica, más cooperación público-privada y más educación financiera. El gobierno está invirtiendo en eso.
La paradoja que algunos señalan es que la regulación expulsa a quienes más necesitan inclusión, que solo se sostiene si se ignora el contexto de violencia y captación criminal que enfrenta México. Proteger el sistema financiero y proteger a los ciudadanos más vulnerables no son objetivos opuestos, son las dos caras de una misma moneda, y desde el gobierno, no vamos a elegir una sola.
* Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Fiscalización