Álvaro Aragón Ayala.
La reciente declaración del diputado federal y comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Sinaloa, Jesús Fernando García Hernández -quien afirmó que su instituto respaldará y acompañará a la Senadora morenista Imelda Castro Castro en su registro en la Ciudad de México-, entraña una precisión analítica fundamental: el PT posee la facultad de acuerpar, acompañar y promover la figura de la legisladora, pero carece de la atribución jurídica para registrarla.
Esta distinción técnica-política devela uno de los vectores más significativos del proceso interno de Morena. La convocatoria emitida para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional no reconoce adscripciones partidistas previas, cuotas de coalición ni postulaciones estatuidas por fuerzas aliadas. El diseño institucional del documento obedece a una lógica estricta: el registro es un acto individual, personal e intransferible.
El estatuto que rige el proceso no prevé en ninguna de sus cláusulas que el PT, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o cualquier otra fuerza coaligada cuenten con la prerrogativa de postular aspirantes propios; tampoco reserva espacios de representación corporativa dentro del procedimiento. La tramitación, la entrega de documentación y la observancia vinculante de las reglas corresponden de manera exclusiva, a la persona interesada.
En consecuencia, Imelda Castro no comparecerá ante las instancias electorales bajo las siglas del PT, sino como aspirante formal en el proceso interno de Morena. Esa es la realidad jurídica del mecanismo; cualquier otra interpretación pertenece estrictamente al ámbito de la narrativa y la retórica política.
Convenientemente, la Senadora ya había manifestado su determinación de participar en la contienda interna antes de que el PT hiciera público su pronunciamiento. Por ende, la proclama petista no inaugura una ruta política ni dota de viabilidad a una aspiración que ya se encontraba en marcha. Lo que la dirigencia de dicho partido ensaya es la inoculación de su sello identitario en una deliberación que compete, de origen y destino, a Morena.
¿Cuál es la racionalidad detrás de este movimiento? El PT ha dimensionado -al igual que otros actores del bloque oficialista- que Morena diseñó una convocatoria centralizadora, la cual monopoliza el control de la sucesión y reduce a los partidos aliados a la condición de testigos periféricos.
La exclusión del PT y del PVEM en la calidad de órganos convocantes constituye el dato más revelador del documento normativo. Si bien ambas fuerzas políticas podrían converger eventualmente en una coalición electoral, carecieron de injerencia en la redacción de las reglas, no intervendrán en la validación de los registros, están ausentes de la Comisión Nacional de Elecciones y carecen de facultades distributivas en el proceso. En términos llanos, Morena los ha marginado del espacio de la gran decisión.
Ante este desplazamiento cupular, la táctica del PT se reconfigura: al verse impedido para incidir formalmente en las reglas del juego, busca edificar capital político en torno a uno de los perfiles con mayor viabilidad competitiva. No registra una candidatura; busca capitalizar una narrativa.
La proyección simbólica del próximo 27 de junio revestirá mayor trascendencia que el propio trámite burocrático. Mientras Imelda Castro formalice de manera estrictamente individual su postulación ante Morena, la cúpula petista intentará proyectar la percepción de un acompañamiento orgánico y corresponsable con una de las figuras más visibles de la carrera por la candidatura al gobierno de Sinaloa.
Esta apuesta busca generar un activo político de alta rentabilidad para las negociaciones venideras: Si Imelda Castro consolida su postulación o asume la coordinación, el PT reclamará una copropiedad legítima sobre el triunfo y exigirá las cuotas de poder correspondientes; si la legisladora es desplazada, el PT instrumentalizará el discurso de que una opción competitiva y respaldada por los aliados fue marginada por el centralismo de Morena. En cualquier vertiente, el partido tratará de posicionarse para tasar políticamente el desenlace.
El PT, entonces, aspira a proyectarse como un factor de poder determinante en un proceso del cual fue normativamente excluido. La convocatoria reservó con celo para Morena el monopolio del registro, el tamiz de perfiles, el diseño demoscópico y la última palabra. Desprovisto de atribuciones, el PT recurre a una estrategia de posicionamiento estético orientada a fincar derechos de piso sobre una candidatura ajena y un proceso que no pilota. El despliegue hacia la capital del país no es más que una operación de alta diplomacia mediática.
No acudirán como los patrocinadores de una postulación partidista -figura jurídicamente inexistente en el diseño de la convocatoria-, sino como una comitiva de acompañamiento estratégico que busca exhibir músculo político, sembrar la percepción de una influencia compartida y presentar una factura anticipada sobre una resolución que, en el plano legal y en el terreno fáctico, será resuelta de manera unilateral por Morena.
Los directivos del Partido del Trabajo intentarán, pues, construir una participación coprotagónica en el registro de Imelda Castro. Sin embargo, el rigor de la convocatoria ratifica la asimetría del poder. El aliado histórico podrá acompañar, vitorear, presionar o legitimar, pero jamás registrar; podrá construir retórica, pero no procedimiento. Esta disparidad estructural explica la naturaleza de las tensiones latentes que comienzan a fracturar la fisonomía de la coalición gobernante en la antesala de 2027.