José Antonio Ocampo
México debe involucrarse en las negociaciones en Naciones Unidas sobre una Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional que se reanudarán en Nueva York el 3 de agosto, pues se trata de una de las mayores economías de la región y, a la vez, una de las de menor capacidad de recaudación fiscal.
México recauda apenas el 18.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2024, por debajo del promedio regional (21.7 por ciento) y a enorme distancia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (34.1 por ciento). Ha mejorado su recaudación en los últimos años, pero el margen para financiar desarrollo, salud y educación sigue siendo estrecho. Y la dependencia de los ingresos petroleros, y de un socio comercial dominante (Estados Unidos) lo vuelve más frágil. El problema no es la falta de riqueza, sino que buena parte de ella —la de las multinacionales y las grandes fortunas— escapa al alcance fiscal.
Por eso es tan importante lo que ocurra en agosto en Nueva York. Porque allí se debate el futuro de la arquitectura tributaria internacional que impacta directamente en cómo recaudan los países para financiar su desarrollo. México se juega aquí su estabilidad a futuro, más allá de meras cuestiones técnicas fiscales.
El World Inequality Report 2026 trae una cifra que ningún ministerio de Hacienda de América Latina debería ignorar: el 0.001 por ciento más rico —unas 56 mil personas— posee hoy tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad. Para América Latina, el diagnóstico es más severo: poseemos las mayores brechas del mundo entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre —en México, el decil superior gana unas 76 veces más que la mitad más pobre—.
La guerra en Oriente Medio lo ha vuelto todo más urgente. El cierre del estrecho de Ormuz incrementó el costo de la deuda externa que ya asfixia a 356 millones de latinoamericanos. Y mientras el espacio fiscal se estrecha, la guerra reparte ganancias hacia arriba: petroleras e intermediarios comerciales multiplican beneficios; los fondos especulativos casi duplicaron sus posiciones en futuros de maíz, soya y trigo. ICRICT, organización que integro, llamó a gravar las ganancias extraordinarias de aquellos que lucran con la guerra: esa riqueza es justo la que el sistema actual no alcanza.
El sistema tiene límites. El Observatorio Fiscal Internacional muestra que el 24 por ciento de la riqueza offshore de los latinoamericanos queda fuera de todo intercambio automático, y que el 44 por ciento está en Estados Unidos. En los hechos, este país opera como la nueva guarida fiscal de la región —algo que México, por su cercanía y sus vínculos, conoce de sobra.
Según el último informe del Foro Global sobre Transparencia en la región, los países latinoamericanos recaudaron 578 millones de euros más debido al mayor intercambio de información entre países. Sin embargo, dicho incremento es desigual entre los países de la región. La negociación en curso en Naciones Unidas también podría ayudar a una más democrática participación en los beneficios del intercambio de información internacional a países como México.
El problema de fondo es de arquitectura global. Durante décadas, sus reglas se escribieron en la OCDE, donde los países en desarrollo no estaban o eran minoría. Una investigación del International Centre for Tax and Development concluye que estos estándares rinden beneficios desiguales y tardíos. Cada año cerca del uno por ciento del PIB mundial fluye de los países pobres a los ricos. La regla más reciente lo confirma: el nuevo marco “lado a lado” del impuesto mínimo global que permite a Estados Unidos aplicar sus reglas tributarias independientemente del impuesto mínimo global acordado en las negociaciones de la OCDE, prueba de que esos estándares se moldean según el poder de cada país.
Es que el sistema actual no es neutral: reproduce la desigualdad que dice administrar. Aquí la mirada de Raúl Prebisch, fundador de la CEPAL, vuelve a ser de inmensa utilidad para iluminar el dilema mexicano: los sistemas tributarios en el corazón del capitalismo periférico que erosionan la igualdad terminan erosionando la democracia.
México debe llegar a las negociaciones de agosto como parte del bloque latinoamericano.
¿Qué debería defender México en la ONU en agosto?
En primer lugar, una convención ambiciosa. Las normas actuales (basadas en los modelos de la OCDE) limitan los derechos a gravar los beneficios de las multinacionales, dado que las reglas de precios de transferencia se encuentran disociadas de la realidad económica y resultan en un traslado ficticio de beneficios hacia guaridas fiscales o los países de residencia del capital. El convenio de la ONU puede cambiar esto al consagrar una asignación justa de los derechos de tributación, incluida la tributación de las empresas multinacionales.
En segundo lugar, un protocolo ambicioso para la tributación de los servicios transfronterizos, que sirva de reglas modelo, en un contexto de creciente digitalización de la economía, para garantizar que los países en los que se prestan esos servicios y se encuentran los usuarios tengan derecho a gravar los mismos.
En tercer lugar, un acceso verdaderamente universal al intercambio de información y registros interconectados de activos y beneficiarios efectivos; informes públicos país por país que obliguen a las multinacionales a revelar cuántos impuestos pagan en cada uno de los países donde operan; así como la posibilidad de utilizar la información intercambiada para un conjunto más amplio de fines —no solo fiscales—.
Y hay una medida concreta que la convención debería habilitar: la coordinación de un impuesto mínimo del 2 por ciento sobre las grandes fortunas, impulsado por Brasil en el G20. Según el Observatorio Fiscal Internacional, en las mayores economías de la región recaudaría unos 24 mil millones de dólares al año —el 0.6 por ciento de su PIB—; para México sería una vía para ampliar una recaudación estructuralmente baja sin recargar a la mayoría.
La buena noticia es que nuestra región no parte de cero: su mejor instrumento para hacerse oír ya existe. La PT-LAC —Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe—, impulsada por Brasil, Chile y Colombia durante mi gestión como Ministro de Hacienda de Colombia y con la secretaría técnica de la CEPAL, ha venido coordinando esfuerzos en los últimos años para que los países de la región construyan posiciones comunes frente a negociaciones tan cruciales como estas. Los países de la región deben sacar provecho de este espacio para fortalecer los intereses regionales y obtener un buen acuerdo.
El momento lo vuelve más urgente pues algunos gobiernos de la región prefieren cortejar a Washington antes que negociar en bloque. México lo vive en carne propia: renegocia cara a cara con Estados Unidos el T-MEC, cuando Trump ha llegado a decir que preferiría que el acuerdo no existiera. A través de la PT-LAC, México puede llegar a Nueva York con su voz amplificada, articulada con el G77, y resistir la vieja táctica de dividir para reinar.
México puede presentarse como espectador de reglas escritas por otros, o como protagonista de la primera arquitectura fiscal verdaderamente global y democrática. La desigualdad extrema se corrige con reglas, información e impuestos que por fin alcancen a quienes más tienen. Se trata, en el fondo, de reconciliar —como quería Prebisch— el proceso económico con el democrático. La cita es en Nueva York; llegar tarde no es una opción.
*José Antonio Ocampo es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Internacional de Tributación de Corporaciones (ICRICT), profesor de la Universidad de Columbia y ex ministro de Hacienda de Colombia.