Alvaro Aragón Ayala
El reloj de la política y el reloj de la supervivencia no marcan la misma hora. En Sinaloa las solicitudes de registro para coordinar la Defensa de la Transformación dibujan la cartografía de un divorcio histórico: la coexistencia de dos realidades paralelas que apenas se tocan. De un lado, la disputa por el poder; del otro, una sociedad que intenta reconstruir, casi a ciegas, los equilibrios económicos, sociales y comunitarios pulverizados por la violencia, la incertidumbre y el desgaste de su tejido social.
Más que el desfile de personas que acudieron a la Ciudad de Mexico a las mesas de registro para buscar la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena, la noticia que verdaderamente estremeció a Sinaloa fue la continuidad de los asesinatos, la persistencia de la violencia y el incesante correr de las sospechas sobre presuntos vínculos criminales. La sucesión política comenzó cuando miles de familias ni siquiera termina de procesar las heridas de su presente y continúan sepultando a sus muertos.
Sí, por un lado transcurre el tiempo profano del calendario institucional: frío, calculado y preciso, medido por plazos, estructuras, encuestas y cuotas de poder. Es el tiempo del partido morenista que acelera la reorganización de su tablero rumbo a la elección de 2027. Por el otro corre el tiempo doloroso de la sociedad sinaloense: el de la gente que convive con el miedo; el de las madres que buscan a sus desaparecidos; el de los comerciantes que bajan sus cortinas; el de las comunidades desplazadas que observan cómo se derrumban sus proyectos de vida.
En tanto la sociedad intenta recuperar el aliento y exige condiciones mínimas para vivir con tranquilidad, el aparato partidista acelera el paso. Es la política de la desvergüenza, aquella que pretende decretar una normalidad institucional mediante convocatorias, registros y actos internos, como si el deterioro de la realidad pudiera ocultarse detrás de un calendario electoral.
Desde la perspectiva del derecho a la seguridad, a la integridad de las instituciones y, sobre todo, del derecho a la vida, esta premura “sucesoria” partidista adquiere una profunda dimensión ética. La razón de ser del Estado moderno consiste en garantizar la paz y la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, buena parte de la energía política se concentra en resolver quién encabezará la próxima etapa del poder, mientras la demanda social sigue siendo otra: recuperar la tranquilidad perdida.
¿Cómo hablar de transformación y de soberanía nacional cuando millones de ciudadanos aún reclaman el derecho elemental de transitar sin miedo? El mensaje implícito resulta devastador: la maquinaria política no se detiene por los muertos, por los negocios quebradas ni por las familias que viven bajo la incertidumbre. La verdad es que las prisas electorales “internas” corren el riesgo de vaciar de contenido humano al ejercicio del poder y convertir los derechos fundamentales en simples consignas de campaña.
El proceso de Morena también refleja una vieja tentación de la política mexicana: la fascinación por el poder anticipado. La figura del “coordinador” adquiere un carácter casi ritual, como si se tratara de un ungido cuya sola designación resolviera el presente y el futuro de Sinaloa. En esa competencia, con frecuencia el protagonismo desplaza a la reflexión sobre el sufrimiento colectivo y las obligaciones que impone gobernar una sociedad profundamente lastimada.
Asi, pues, la liturgia partidista se desarrolló en espacios donde predominan los discursos de unidad y continuidad institucional, lejos del miedo cotidiano que se vive en calles, colonias y comunidades. Se intenta transmitir la imagen de un proyecto sólido e inalterable, pero ningun simulacro de estabilidad puede sustituir la justicia, la seguridad y la paz social. La institucionalidad pierde sentido cuando deja de responder a las preocupaciones fundamentales de la ciudadanía.
Lo paradojico es que este procedimiento interno no produce, por sí mismo, una candidatura constitucional. La convocatoria únicamente regula una etapa partidista que antecede por varios meses al calendario electoral formal. Quienes hoy exhiben su constancia de solicitud de registro no tienen asegurada una candidatura; apenas han obtenido un lugar dentro de un proceso cuya conclusión dependerá de múltiples factores políticos, sociales y nacionales.
Entre el registro de hoy y la boleta electoral de mañana existe un amplio tramo de incertidumbre. En ese intervalo pueden agravarse las condiciones de seguridad, la economía, las alianzas y romperse las decisiones nacionales, incluso el ánimo ciudadano. El tablero político puede transformarse por completo. Lo único que permanece constante es la exigencia social de justicia, paz y certidumbre.
Sinaloa entró, entonces, en una etapa de profunda tensión moral. Quienes aspiran a conducir los destinos del estado deben comprender que la legitimidad ya no podrá construirse con encuestas discutibles, estructuras territoriales o estrategias de movilización ya que frente a ellos existe una ciudadanía agotada que observa, compara y acumula memoria.