Cada medicamento caducado representa un tratamiento que nunca llegó a un paciente, una enfermedad que pudo atenderse a tiempo o una familia que tuvo que asumir un gasto que correspondía al sistema público de salud
Julieta del Río
La Secretaría de Salud informó que en el Hospital Infantil de México se localizaron 18.4 millones de piezas de medicamentos y material de curación caducados, con un valor superior a 121 millones de pesos. La noticia indigna porque exhibe una contradicción difícil de justificar: mientras miles de pacientes padecen el desabasto de medicamentos, millones de insumos terminaron vencidos en un almacén.
La investigación anunciada es necesaria, pero no suficiente. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cómo fue posible llegar a este punto?
No se trata únicamente de una pérdida económica. Cada medicamento caducado representa un tratamiento que nunca llegó a un paciente, una enfermedad que pudo atenderse a tiempo o una familia que tuvo que asumir un gasto que correspondía al sistema público de salud. El costo de la mala administración no se mide sólo en pesos; también se mide en bienestar y, en algunos casos, en vidas.
El contraste entre el discurso oficial y la realidad resulta evidente. Basta revisar las redes sociales para encontrar testimonios de pacientes que denuncian la falta de medicamentos, consultas aplazadas durante meses, hospitales con infraestructura deteriorada, elevadores fuera de servicio, escasez de camillas y personal médico que trabaja al límite por la falta de insumos.
Ante ello, no basta con informar que los medicamentos vencieron. La sociedad tiene derecho a saber quién autorizó su compra, quién supervisó su almacenamiento, quién debía garantizar su distribución y quién permitió que transcurrieran los años sin corregir una situación de esta magnitud. Si hubo negligencia, debe sancionarse; si existieron actos de corrupción, deben castigarse con todo el peso de la ley.
Tampoco puede verse como un hecho aislado. Hace unos días, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la inhabilitación del exdirector del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, posteriormente vinculado a proceso por presuntas irregularidades en contratos relacionados con servicios médicos y material de curación. A ello se suman las observaciones realizadas a Birmex y otros casos que evidencian un patrón de compras opacas, deficiente administración y fallas en el control de los recursos destinados a la salud.
Las cifras confirman que el problema es estructural. El Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2026, elaborado por Aregional, muestra que 28 de los 32 estados presentan niveles deficientes de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a este sector. Sólo cuatro alcanzan una evaluación considerada transparente.
La salud exige mucho más que discursos optimistas. La rendición de cuentas debe reflejarse en hospitales que funcionen, medicamentos disponibles y pacientes atendidos con dignidad. Cada peso destinado a este sector debe cumplir el propósito para el que fue autorizado.
El secretario de Salud afirmó que ya existe una investigación para identificar a los responsables. Sin embargo, quedan preguntas inevitables: ¿por qué esta situación se conoce hasta ahora?, ¿cómo pudieron transcurrir años sin que nadie detectara millones de medicamentos caducados?, ¿quién dejó de cumplir con su obligación de supervisar?
La investigación deberá esclarecer toda la cadena de decisiones y omisiones. La Ley General de Responsabilidades Administrativas no sólo sanciona las conductas indebidas; también establece obligaciones de vigilancia para los servidores públicos. En un caso de esta magnitud, la rendición de cuentas no puede limitarse a encontrar un responsable menor. La sociedad merece saber quién permitió que millones de medicamentos caducaran mientras miles de pacientes seguían escuchando la misma respuesta: “No hay medicamento”.