La experiencia de muchos colectivos de familias en México muestra que gran parte de los mecanismos institucionales permanecen atrapados en los niveles intermedios de esta escalera. Las víctimas son convocadas a foros, consultas, mesas de trabajo y diálogos públicos. Se les solicita opinión sobre protocolos, programas o reformas legales. Sin embargo, frecuentemente las decisiones fundamentales ya han sido tomadas de antemano
Alma Rosa García Guevara*
Desde antes, pero particularmente al inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, y desde el 2009 en Coahuila, miles de familias mexicanas comenzaron a organizarse para buscar a sus seres queridos desaparecidos, desaparecidas; una de estas experiencias de colectividad es la de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, quienes acompañadas del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, han logrado manternerse unidas en medio de una guerra, de la cooptación y de las redes de la impunidad y colusión colocando la responsabilidad de frente a instituciones incapaces de investigar los hechos o garantizar verdad y justicia desde el primer momento de ocurridas las desapariciones forzadas en estos territorios norteños México.
Gracias a la persistencia y articulación de los colectivos de familiares en articulación con las organizaciones locales, nacionales e internacionales se lograron avances que hoy forman parte del marco institucional mexicano: la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas y Desaparición cometida por particulares, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones de búsqueda, los consejos ciudadanos y diversos mecanismos de participación de víctimas, al igual que las leyes en el estado de Coahuila pioneras en abordar la crisis humanitaria que vivimos.
Sin embargo, después de más de 20 años de movilización social, una pregunta sigue siendo necesaria: ¿cuánto poder real tienen las familias en las decisiones que afectan sus vidas?
La respuesta puede analizarse a partir de la escalera de participación ciudadana propuesta por Sherry Arnstein en 19691. Arnstein distinguió entre procesos genuinos de participación y mecanismos que únicamente crean la apariencia de inclusión. En los niveles inferiores de la escalera se encuentran la manipulación y la terapia; posteriormente aparecen la información, la consulta y el apaciguamiento, formas de participación donde las personas pueden expresar opiniones, pero sin capacidad efectiva para influir en las decisiones. Sólo en los niveles superiores se encuentran la asociación, la delegación de poder y el control ciudadano, donde existe una redistribución real del poder entre las instituciones y la ciudadanía.
La experiencia de muchos colectivos de familias en México muestra que gran parte de los mecanismos institucionales permanecen atrapados en los niveles intermedios de esta escalera. Las víctimas son convocadas a foros, consultas, mesas de trabajo y diálogos públicos. Se les solicita opinión sobre protocolos, programas o reformas legales. Sin embargo, frecuentemente las decisiones fundamentales ya han sido tomadas de antemano.
La consulta se convierte entonces en una forma de legitimación política. La presencia de las ahora madres buscadoras sirve para mostrar apertura institucional, mientras las relaciones de poder permanecen intactas. Las familias son escuchadas, pero no necesariamente influyen. Participan, pero no deciden.
Esta instrumentalización resulta especialmente grave cuando se trata de personas que han debido asumir funciones que originalmente corresponden al Estado. Han sido las madres, padres, hermanas, hermanos e hijos quienes han impulsado búsquedas, construido registros, identificado patrones criminales, localizado fosas clandestinas y generado conocimiento especializado sobre la desaparición de personas. Paradójicamente, quienes han sostenido buena parte de la respuesta social e institucional frente a la crisis continúan ocupando espacios limitados de incidencia.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la participación efectiva de las víctimas no constituye una concesión del Estado, sino una obligación jurídica y de derechos humanos. Los principios internacionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición establecen que las víctimas y sus asesoras deben participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas que les afectan. La consulta debe ser previa, informada, accesible, permanente y capaz de influir en los resultados.
Por ello, el desafío actual no consiste únicamente en abrir más espacios de diálogo. El reto es transformar las relaciones de poder que históricamente han colocado a las víctimas en una posición subordinada frente a las instituciones.
Una participación auténtica implicaría, al menos, cuatro condiciones fundamentales: i) acceso oportuno a la información; ii)mecanismos vinculantes de consulta; iii) participación de asesoras y organizaciones acompañantes elegidos por las propias víctimas; y iv) sistemas claros de rendición de cuentas que expliquen cómo se incorporan o rechazan las propuestas formuladas.
Asimismo, la crisis de desapariciones no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva estatal o nacional. Se trata de un fenómeno regional vinculado con dinámicas transnacionales de tráfico de armas, drogas, personas, capitales ilícitos y estrategias de seguridad impulsadas a nivel continental. La corresponsabilidad entre países resulta indispensable para comprender las causas estructurales que han alimentado la violencia y la impunidad por eso llegamos a la Asamblea General de Naciones Unidas a exponer la situación que está pasando en México a partir del uso del articulo 34 de la Convención Internacional para la Protección de la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada la cual fue ratificada por México el 18 de marzo de 2008.
Este es el principal tratado internacional que tipifica esta práctica como crimen de lesa humanidad y crea mecanismos para prevenirla y fue el resultado de luchas históricas de las mujeres como las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, HIJOS y las organizaciones que resistieron durante las dictaduras de los años 70s y 80s, nunca han sido conseciones gratutias del poder. Este año la Convención cumple 20 años de su adopción y este año se active por primera vez el artículo que llama la atención sobre la urgencia de intervenir cuando ocurren crimenes contra la humanidad.
Las familias y sus asesoras han demostrado una y otra vez que poseen la experiencia, los conocimientos y la legitimidad necesarios para contribuir a la construcción de soluciones junto con otras actores y sectores. Lo que sigue pendiente es que los Estados estén dispuestos a compartir el poder. Recordamos que la verdadera participación comienza cuando las víctimas, las sobrevivientes, los movimientos sociales y sus legítimas demandas dejan de ser utilizadas para legitimar decisiones ajenas de los países hegemónicos y se convierten en actoras centrales de las decisiones que afectan su presente y su futuro, sus cuerpos y sus territorios donde la vida sucede.
¿Quiere contribuir a los procesos de verdad y de justicia? Comuníquese al Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC en Saltillo, Coahuila. direccion@frayjuandelarios.org
*Directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC.
1 Para ver más información puede consultar: Arnstein, SR (1969). Una escalera de participación ciudadana. Journal of the American Institute of Planners , 35 (4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225