Armando Vargas y Yair Mendoza
El Gobierno federal ha enviado señales claras sobre su intención de ampliar el catálogo de delitos prioritarios para la administración, más allá del homicidio doloso. Este giro se ha materializado en la estrategia nacional contra la extorsión. Si uno de los objetivos centrales del Estado mexicano es debilitar a las organizaciones criminales, dicha estrategia parece alinearse con tal propósito, aunque aún requiere escrutinio.
Este texto examina el fenómeno de la extorsión en México, analiza la estrategia impulsada por el Ejecutivo, identifica sus principales áreas de mejora y propone directrices de política pública que podrían contribuir a su eficacia.
Las formas que adopta la extorsión
La extorsión, ya sea telefónica, por cobro de piso o derecho de paso, está presente en la mayoría de las estructuras criminales del país. Algunas organizaciones la ejecutan directamente, mientras que otras prestan su imagen o símbolos —como siglas o emblemas— a bandas locales para sembrar terror y legitimarse ante la población.
Además, múltiples grupos de menor escala, sin capacidad armada significativa, encuentran en la extorsión una vía accesible para operar, ya que su efectividad se basa más en la intimidación psicológica que en la violencia física.
La extorsión impacta de forma directa en los ingresos familiares, la operación de las empresas y en la percepción general de inseguridad. Al mismo tiempo, suele estar vinculada con delitos como secuestro, desaparición y homicidio, utilizados como amenazas para presionar el pago de cuotas.
Determinar con precisión los contextos que favorecen la comisión de la extorsión no es sencillo. En algunos casos, se intensifica en territorios donde hay disputa entre grupos criminales, pues representa una fuente clave de financiamiento para sostener el conflicto armado. En otros casos, la extorsión ocurre incluso en zonas bajo control hegemónico de una sola organización, donde no existe disputa visible. En estos lugares, la ausencia de una respuesta estatal efectiva deja el camino libre para que las cuotas se impongan sin resistencia.
El tamaño del problema a nivel estados
De acuerdo con el reporte anual Violencia y pacificación de México Evalúa, pueden identificarse tres patrones relevantes en el comportamiento de la extorsión a nivel estatal. Para ello, tomamos en cuenta tanto su magnitud actual —medida en tasas por cada 100 mil habitantes— como su evolución durante el último año.
Primero, cuatro entidades (Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Chiapas) se encuentran por debajo del promedio nacional, pero presentan una tendencia al alza. Esto las vuelve vulnerables a un deterioro si la autoridad reduce su capacidad de respuesta frente a este delito.
Segundo, en seis entidades (Hidalgo, Veracruz, Morelos, Nuevo León, Estado de México y Colima), la tasa de extorsión está por encima del promedio nacional, pero con una tendencia a la baja. Sin embargo, el comportamiento del delito en estos territorios es altamente volátil, ya que depende de la estabilidad o ruptura de los acuerdos criminales. Por ello, es un error asumir que la baja será sostenida sin refuerzo institucional.
Tercero, en otras seis entidades (Ciudad de México, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Quintana Roo), la tasa de extorsión está por encima del promedio nacional y además muestra una tendencia creciente, lo cual acentúa la gravedad del problema.
Ahora bien, estos datos no capturan la totalidad del fenómeno. La razón es que la extorsión es uno de los delitos con mayor cifra negra: cerca del 98 % de los casos no se denuncian, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.
En este contexto, es pertinente la estrategia federal contra la extorsión, pues atacar esta fuente de ingresos puede minar la capacidad operativa de las organizaciones criminales. Además, conviene recordar que, para los grupos delincuenciales, la extorsión suele ser el primer eslabón para establecer presencia territorial. Esto ocurre especialmente en zonas donde el Estado está ausente o debilitado.
La estrategia del Gobierno federal
La coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia es el eje articulador de la estrategia federal contra la extorsión.
Llama la atención la escasa participación de autoridades estatales y municipales, a pesar de que muchas de las manifestaciones de este delito ocurren a nivel local.
Entre las principales acciones previstas destacan:
1) El uso de inteligencia e investigación criminal para realizar detenciones.
2) La promoción de unidades antiextorsión en las fiscalías estatales.
3) La aplicación sistemática del protocolo de atención a víctimas.
4) La capacitación de operadores del 089 en manejo de crisis y técnicas de negociación.
5) El despliegue de una campaña nacional de prevención.
La estrategia también expresa un principio de focalización territorial propio de la lógica federal: intervenir prioritariamente en las ocho entidades que concentran el 66 % de los casos de extorsión registrados a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
A estas medidas se suman otras acciones relevantes:
- La intención de que la extorsión pueda perseguirse de oficio.
- El congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con este delito, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- La obtención de órdenes judiciales para bloquear líneas y equipos vinculados a llamadas de extorsión.
- Operativos en centros penitenciarios para desmantelar las redes que permiten la extorsión en su modalidad telefónica.
Avances y lagunas en la estrategia
Perseguir de oficio la extorsión representa una mejora sustancial en la postura del Estado frente al delito. Eliminar la dependencia de la denuncia por parte de la víctima, puede incluso reducir la cifra negra.
Sin embargo, la estrategia presenta un sesgo evidente hacia la extorsión indirecta, es decir, aquella realizada por vía telefónica. Por ejemplo, la capacitación de operadores del 089 se concentra en técnicas de negociación para disuadir amenazas telefónicas. Sin embargo, poco puede hacer esta línea de acción frente al cobro de piso presencial o territorial.
Del mismo modo, el congelamiento de cuentas y los operativos en cárceles están orientados a frenar estructuras que operan desde la distancia, no a contener la extorsión directa que se impone en calles, negocios o transporte.
En este punto surgen lagunas importantes respecto a la actuación de las autoridades frente a la extorsión directa. Se menciona, por ejemplo, que se “fomentará” la creación de unidades antiextorsión en las fiscalías estatales, lo cual parece más un exhorto que una política pública formal. No queda claro si habrá mecanismos de financiamiento ni qué tipo de agentes integrarán dichas unidades: policías municipales o personal ministerial.
Esta distinción es crucial. Si las unidades se integran con policías municipales, hablamos de presencia disuasiva en el territorio, capaz de contener el cobro de piso. Si, en cambio, se conforman con agentes de las fiscalías, el enfoque seguirá centrado en la investigación post-delito, dejando sin atención la dimensión territorial del fenómeno.
Propuestas para fortalecer la estrategia del Gobierno federal
Frente a la ausencia de acciones específicas para contener la extorsión directa, desde México Evalúa se proponen cuatro líneas de acción complementarias:
1) Incrementar la presencia de policías municipales en localidades con alta incidencia del delito, al tiempo que se mejoran sus condiciones laborales para blindarlos ante la posibilidad de corrupción o colusión. La presencia policial territorial no solo inhibe la extorsión directa, sino que también permite levantar información valiosa para el análisis y la intervención.
2) Establecer perímetros de seguridad con policías estatales o Fuerzas Armadas alrededor de estas zonas prioritarias. En casos donde las bandas responsables tienen capacidad de fuego, los cuerpos policiales pueden apoyarse en estos dispositivos de seguridad perimetrales —estatales o federales— para contener o neutralizar posibles agresiones.
3) Priorizar la detención de líderes de bandas y pandillas no asociadas a grandes organizaciones criminales, en lugar de enfocarse solo en los cobradores. Centrar los esfuerzos en la captura de líderes operativos de pandillas, en lugar de sus emisarios o cobradores, permite desarticular estructuras locales y evitar que los relevos inmediatos mantengan el patrón extorsivo. 4) Construir una línea base de información sobre la extorsión directa, como insumo para monitorear avances y ajustar la estrategia. Este punto es indispensable para evaluar si las acciones aumentan la denuncia ciudadana y, sobre todo, si logran reducir la reproducción del fenómeno.
El desafío es mayúsculo. La expansión del delito de extorsión en sus dos modalidades —directa y telefónica— en las entidades federativas obliga al Gobierno federal no solo a mostrar detenciones espectaculares o resultados inmediatos, sino a construir soluciones sostenidas y de largo plazo.
Para que esta estrategia tenga un impacto real, debe traducirse en el debilitamiento efectivo de las estructuras criminales y en avances concretos hacia la pacificación del territorio. Sólo así se evitará que la extorsión siga funcionando como puerta de entrada para el dominio territorial del crimen organizado.