Empresarios y especialistas advierten que la región se ha visto afectada ante la falta de infraestructura energética y las limitaciones para expandir la capacidad industrial
El anuncio de Toyota de trasladar la producción de la camioneta Tacoma de Tijuana a San Antonio, Texas, abre un periodo de incertidumbre para una de las plantas automotrices más importantes de la frontera. Aunque el proceso concluirá en 2030, trabajadores y proveedores anticipan que los efectos comenzarán a sentirse mucho antes.
La decisión de la automotriz pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos, además de la actividad económica de decenas de pequeñas y medianas empresas que durante más de dos décadas han dependido de la operación de la armadora japonesa en Baja California.
Mientras el gobierno federal minimiza el impacto, empresarios y especialistas advierten que el problema va más allá de la política comercial del presidente Donald Trump. Aseguran que la falta de infraestructura energética y las limitaciones para expandir la capacidad industrial han reducido la competitividad de la región.
El eventual cierre de la planta de Toyota es considerado por trabajadores y empresarios como una señal de alerta para el futuro de la industria manufacturera en Tijuana, una ciudad cuya economía depende en gran medida de la inversión extranjera y de las cadenas de suministro vinculadas al mercado estadounidense.
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