by Redacción
“López Obrador consiguió así algo que parecía improbable: atraer simultáneamente a las dos vertientes enfrentadas del sindicalismo magisterial”.
Jorge Javier Romero Vadillo
Sigamos con el cuento: Andrés Manuel López Obrador leyó con claridad, desde el primer momento, el descontento de la base magisterial con la Reforma Educativa. Mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieto celebraba la aprobación de los cambios constitucionales y suponía que el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo había dejado domesticado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el caudillo, taimado, entendió que aquella victoria legislativa podía convertirse en una derrota política. Bastaba con dejar que la reforma acumulara agravios.
Desde 2013, López Obrador adoptó en lo sustancial el discurso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Calificó el nuevo arreglo como una mera reforma laboral, repitió que la evaluación era punitiva y presentó los cambios como una imposición neoliberal destinada a privar de sus derechos a los trabajadores de la educación. La fórmula era rudimentaria, pero eficaz. Su repetición constante acabó por convertir a “la mal llamada reforma educativa” en una de las expresiones más reconocibles de su repertorio político.
El Gobierno de Peña Nieto contribuyó con entusiasmo a fortalecer esa narrativa. La Secretaría de Educación Pública presentó la evaluación como el rostro principal de la reforma, mientras fue incapaz de explicar a los profesores qué ganarían con las nuevas reglas. Los maestros escucharon hasta el cansancio las consecuencias de reprobar, pero nunca vieron con claridad las posibilidades de promoción que ofrecería el nuevo servicio profesional. Una reforma que pretendía liberarlos de la dependencia de los dirigentes sindicales terminó por parecerles una amenaza contra su estabilidad laboral. Difícilmente se podía hacer peor.
La coalición política que había aprobado los cambios comenzó, además, a desmoronarse. El Pacto por México se agotó, los partidos que lo habían integrado volvieron a sus disputas habituales y las organizaciones civiles que habían promovido la reforma fueron incapaces de construir un apoyo social suficiente para defenderla. El gobierno tenía los votos, las leyes y el aparato administrativo. Le faltaban los maestros.
López Obrador advirtió la oportunidad. El malestar magisterial podía ofrecerle algo más valioso que una consigna para los mítines: una red territorial extendida por todo el país, con especial fuerza en regiones donde Morena todavía era una organización incipiente. Desde la aparición electoral del nuevo partido en 2015, varios de sus candidatos provenían de las filas de la CNTE. Para 2018, la alianza era abierta y algunas candidaturas legislativas y ejecutivas se convirtieron en cuotas de esa corriente sindical. Raúl Morón, dirigente magisterial y figura vinculada con la Coordinadora, ganó la presidencia municipal de Morelia bajo las siglas de Morena.
El acuerdo con la CNTE tenía una lógica contundente. La Coordinadora había encabezado la resistencia contra la reforma, había impedido su aplicación en varios estados y mantenía una importante capacidad de movilización. López Obrador le ofrecía lo que ningún otro candidato estaba dispuesto a concederle: la cancelación completa del nuevo arreglo. José Antonio Meade defendía, sin demasiada imaginación, la actuación del gobierno del que había formado parte. Ricardo Anaya proponía corregir la aplicación de la reforma, sin revisar sus fundamentos. López Obrador prometía echarla abajo.
Pero la CNTE representaba sólo una parte –relativamente pequeña– del magisterio organizado. Para construir una alianza más amplia, el candidato necesitaba también acercarse a la maquinaria del sindicalismo oficial. Ahí comenzó una de las conversiones más notables de aquella campaña.
Durante años, López Obrador había colocado a Elba Esther Gordillo en el centro mismo de la “mafia del poder”. Después de la elección de 2006, la acusó de haber operado a favor de Felipe Calderón y de haber contribuido al fraude electoral. La dirigente del SNTE había negociado con el candidato panista la conservación de su influencia en el sistema educativo y orientado en su favor la estructura de Nueva Alianza. El propio López Obrador reconoció tiempo después que Gordillo había buscado un acuerdo con él antes de aquella elección y que él lo había rechazado. Doce años más tarde decidió evitar el mismo error.
El acercamiento comenzó a hacerse visible durante la elección del Estado de México en 2017. Fernando González, yerno de Gordillo y antiguo Subsecretario de Educación Básica durante el Gobierno de Calderón, operó en favor de Morena. Al inicio de la campaña presidencial se sumó también René Fujiwara, nieto de la dirigente. El tono de López Obrador cambió: la antigua cacique de la mafia del poder se había convertido en un árbol caído del que él, magnánimo, no haría leña. En política mexicana, las reconciliaciones ideológicas suelen ocurrir con admirable rapidez cuando la oportunidad las propicia.
Elba Esther Gordillo seguía en prisión domiciliaria, pero la red política construida durante décadas continuaba activa. El SNTE poseía experiencia electoral, cuadros distribuidos por todo el territorio y una estructura acostumbrada a movilizar apoyos. Nueva Alianza había demostrado en elecciones anteriores que podía inclinar votaciones cerradas y negociar su fuerza con el mejor postor. El grupo de Gordillo encontraba en Morena la posibilidad de vengarse del gobierno que había encarcelado a su dirigente y recuperar el poder perdido con la reforma.
López Obrador consiguió así algo que parecía improbable: atraer simultáneamente a las dos vertientes enfrentadas del sindicalismo magisterial. La CNTE aportaba movilización, capacidad de protesta y presencia en regiones estratégicas. El grupo de Gordillo ofrecía organización territorial, operadores electorales y vínculos con buena parte de la estructura tradicional del SNTE. Unos se presentaban como insurgentes; los otros habían sido durante décadas la encarnación más acabada del corporativismo oficial. Los unía el interés en recuperar el control que la reforma les había arrebatado.
La promesa de cancelarla funcionó como punto de encuentro. Para las bases magisteriales, significaba el fin de una evaluación presentada como amenaza. Para las dirigencias sindicales, implicaba la posibilidad de reconstruir sus espacios de intermediación y recuperar influencia sobre la carrera de los profesores. López Obrador no necesitó conciliar las diferencias entre ambas organizaciones. Le bastó con ofrecerles un adversario común y asegurarles que, una vez en el gobierno, destruiría su obra.
La operación fue políticamente brillante. Peña Nieto había tratado de reducir el poder de los intermediarios sindicales sin construir una relación directa con los maestros. López Obrador hizo lo contrario: convirtió el agravio de los profesores y la pérdida de privilegios de sus dirigentes en partes de una misma coalición. Su clamor contra la reforma le permitió sumar a un sector relevante de los trabajadores del Estado y atraer las redes corporativas que habían resistido el cambio.
Después del triunfo electoral, quedaba pendiente cumplir el compromiso. Las deudas políticas rara vez se pagan en efectivo. En México suelen liquidarse con leyes, plazas, presupuestos y facultades de intervención. El sindicalismo magisterial había contribuido a la victoria. Ahora esperaba la restitución.