Diego Labougle y Susana Camacho
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, recientemente presentó los principales avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. Destacó aseguramientos masivos de drogas y armas, disminución en el promedio diario de homicidios dolosos y una nueva metodología en el combate a la extorsión.
Su planteamiento se basa en el supuesto de que sólo algunas personas son generadoras de violencia y su detención reducirá la inseguridad en el país. Pero no basta con la detención de personas. Una vez aprehendidos, se requiere probar que son responsables de encabezar redes delincuenciales. Esa es tarea conjunta de policías y fiscales. En ese sentido, si bien las detenciones son un primer paso, sería bueno tener más claridad sobre qué ha sucedido cuando estos casos llegan a la Fiscalía y ante los Tribunales.
Necesitamos pruebas, no sólo detenciones
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Tener una definición clara de quiénes son los “generadores de violencia” o de cómo se determina ese calificativo es fundamental. Hasta el momento, el señalamiento de los “generadores de violencia” parece estar enfocado en personas que probablemente participan y lideran redes delictivas. Hablamos de personas que manejan grupos de narcotraficantes, sicarios que trabajan con cárteles, exfuncionarios corruptos y huachicoleros.
Sin embargo, existe el riesgo de que se estén construyendo “hombres de paja”. Dicho de otro modo, que se presente a criminales comunes como si fueran quienes originan la violencia que afecta a comunidades enteras. Sus detenciones permitirían elevar los resultados de las políticas de seguridad, sin que eso represente un seguimiento de sus casos en el sistema de justicia penal.
El señalamiento a una persona como “generadora de violencia” debe estar fundamentado en pruebas que se desahoguen judicialmente. En ellas debe acreditarse que, directa o indirectamente, la parte acusada es responsable de múltiples homicidios dolosos, de articulación de redes narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, de liderar células de delincuencia organizada, etcétera. Si, en cambio, resulta que sólo se enjuician delitos que tienen penas menores, como narcomenudeo (en modalidad de posesión simple), portación de armas sin licencia, cohecho u otros de baja gravedad, entonces la estrategia de seguridad sería una simulación. Una respuesta de urgencia a un fenómeno que supera la capacidad de las instituciones encargadas de la investigación criminal.
Medidas desesperadas
Ante la constante presión de los Estados Unidos por resultados en seguridad, no es sorprendente que se implementen medidas desesperadas. Una de ellas es la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Estamos ante un claro retroceso en derechos humanos, pero sirve para mostrar cifras más abultadas de personas encarceladas. No obstante, deja intacto el problema que mencionamos: no se comprueba la detención de las personas que verdaderamente son generadoras de violencia.
Revisando los resultados en incidencia delictiva, García Harfuch presumía una disminución del promedio diario de homicidios dolosos. Sin embargo, las cifras anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), parecen indicar un estancamiento en ese delito con mejoras marginales desde 2019.
Además, si consideramos la desaparición de personas como complemento a la cifra de homicidios dolosos, esta leve mejoría prácticamente desaparece, como se puede ver en las siguientes gráficas:
Como se puede apreciar en esta última gráfica, que suma homicidios dolosos y personas desaparecidas por particulares, básicamente el fenómeno se ha mantenido estable al menos desde 2017. Es decir, llevamos ocho años sin resultados significativos.
Mientras no se investiguen y resuelvan los casos de desaparición de personas —de modo que no se les pueda registrar como homicidios dolosos—, y tampoco se condene a las personas responsables de los homicidios, la violencia no se va a reducir. Tampoco podemos asegurar que se estén atacando las causas que hagan descender estos delitos.
Por ello, no basta que la Estrategia de Seguridad se enfoque en las detenciones. Se requiere, además, que la Fiscalía tenga las capacidades para sostener la responsabilidad de estas personas como artífices de redes criminales ante los jueces.
Si bien la justicia demora el tiempo en que se desarrollan los procesos penales, eventualmente tendrían que impactar, por ejemplo, en los indicadores de impunidad. También tendrían que reflejar un descenso los homicidios y las desapariciones, que de acuerdo al reporte de Hallazgos 2023 tuvieron un porcentaje de impunidad casi absoluta: de 96.8% y 99.5% respectivamente.
Resultados reales y duraderos
Pretender combatir a la delincuencia organizada sin involucrar en ello al sistema de justicia hace imposible ver resultados duraderos. La Fiscalía debería formar parte de la Estrategia de Seguridad. ¿Cuántas de las detenciones han sido declaradas como legales? ¿Cuántos criterios de oportunidad se han negociado para perseguir a los líderes de los grupos criminales y a células criminales completas? ¿Cuántas sentencias por procedimiento abreviado se han alcanzado? ¿Cuántos juicios orales han llevado a condenas ejemplares?
Sólo detener a los “generadores de violencia” no es suficiente. Hay que probar su responsabilidad y desarticular las redes criminales. La seguridad sin justicia es efímera.
* Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa; Diego Labougle es investigador en dicho programa.