Rodrigo Morales M.
El día de ayer tuvimos muy malas noticias respecto del modo en que se pretende aterrizar la propuesta presidencial de reforma electoral. El fin de semana se había anunciado que Pablo Gómez encabezaría la comisión presidencial para atender la reforma. Si Gómez reivindicara las reformas que impulsó siendo opositor, sin duda serían muy buenas noticias, y transitaríamos a una reforma muy aceptable; empero creo que, siendo gobierno, Gómez ha mudado convicciones.
En la mañana la presidenta deslizó el método para consensar su reforma: se consultará al pueblo. Habrá encuestas previas que, por supuesto, ya tuvieron respuestas previas. La palabra presidencial ya sentenció: a la gente no le gusta que los partidos tengan tantos recursos, no hace falta; a la gente no le gusta que las elecciones cuesten tanto, no hace falta; a la gente no le gusta que haya tantos plurinominales, no hace falta.
Y por si hiciera falta en la tarde de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, José Merino, Ernestina Godoy, Arturo Zaldívar y Lázaro Cárdenas. Ni diálogo ni negociación, en el mejor de los casos armonización de la visión oficial.
Para el oficialismo la oposición no existe, las irregularidades que muchos vimos en la elección federal del año pasado ahora se normalizaran, los agravios que ciudadanos y partidos tuvimos con los abusos del proceso electoral son inexistentes. Es la ruta más autoritaria de una reforma jamás ensayada.
De antemano sabemos el destino de las deliberaciones que eventualmente abran los foros del Poder Legislativo, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, los alegatos que ofrecieron múltiples especialistas en la materia fueron sistemáticamente desechados. Los nuevos foros serán de nuevo una simulación. La Comisión Presidencial, sin partidos, sin especialistas, será la instancia que determine las nuevas reglas del juego democrático.
No parecemos reponernos del ridículo internacional que significó la desairada y desaseada elección del Poder Judicial cuando ya nos encaminamos a un nuevo desfiguro. Una reforma que no escucha, que impone la agenda presidencial y que no repara en los costos que para la gobernabilidad democrática tendrá el sinsentido que se propone.
Si se trata de consultar tal vez podríamos preguntar si se está de acuerdo en volver a los tiempos en que sólo un partido tenía los recursos suficientes para hacer política, o si a la gente le parece una regla justa que un partido que eventualmente tenga el 34 % de la votación, gracias a la desaparición de los plurinominales gane todo el Poder Legislativo y que los partidos que tuvieron el 66 % del voto restante no tengan un solo representante popular, pues no ganaron un solo distrito de mayoría. O si no es importante la participación ciudadana como vimos en la elección judicial, a la que acudió a las urnas solo el 10 % del electorado, entre otras cosas, porque el presupuesto de la autoridad electoral fue severamente castigado.
Las consultas pueden ser tan tramposas como queramos, pero frente a los oídos sordos no hay defensa. Ya no se sabe a quién apelar para que se detenga esta acelerada destrucción de las más mínimas reglas de convivencia. La democracia se muere. Urge organizarnos.