Sergio Fadl Kuri
En mi colaboración pasada en este espacio escribí sobre el panorama económico desfavorable que se vislumbra para el segundo semestre de 2025 y la contracción del PIB que se prevé para todo el año, con lo que México continuaría sumido en el estancamiento económico que lo ha caracterizado en los últimos 30 años y en el deterioro de las bases necesarias para recuperar en el futuro la senda del crecimiento.
Al tratar el tema, he sostenido la idea en diversos foros que la causa principal es la debilidad institucional o ausencia del Estado de Derecho, es decir, no existen acciones por parte del Estado que garanticen el respeto absoluto de la ley e igualdad en su aplicación a todas las personas e instituciones privadas y públicas, la separación efectiva de poderes, la participación de la sociedad en la toma de decisiones, la no arbitrariedad, y la transparencia procesal y legal. 1 Por lo anterior, se configura un escenario en el que predomina la ilegalidad y la impunidad que, a su vez, retroalimenta los índices delictivos.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index) de 2024, México se encuentra en el lugar 118 de 142 países. Resaltan las muy bajas posiciones en ausencia de corrupción (131), orden y seguridad (133), aplicación de la ley (106), justicia civil (131) y combate al crimen (134). Asimismo, se observa un continuo deterioro, como lo muestra la variación del puntaje total de –8 % entre 2019 y 2024.
Una segunda causa es la instrumentación de ciertas decisiones de políticas públicas que, al igual que la ausencia del Estado de Derecho, tiene graves repercusiones en la eficiencia y productividad económicas, entre ellas, destaco las siguientes:
- Asignaciones directas sin licitación, que limitan la competencia económica y, por tanto, la eficiencia.
- Desaparición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
- Violación de los derechos de propiedad, que inhibe la inversión y la innovación (propiedad intelectual).
- Las extorsiones que padecen las empresas tienen el efecto de un impuesto, lo que disminuye la oferta de bienes y servicios, y aumenta el precio para los consumidores; en casos extremos, ese delito provoca la desaparición de empresas.
- Aumento en costos que enfrentan las empresas por la contratación de servicios de seguridad, así como mayores primas de seguros que han aumentado significativamente debido a la incidencia de diversos delitos.
- Falta de acceso a la información y de rendición de cuentas, por lo que la sociedad no tiene conocimiento del uso de recursos públicos y su efecto, si es que lo hay, en rentabilidad económica y social.
- Lo anterior incentiva a los contribuyentes a buscar la manera de eludir o evadir el pago de impuestos porque no perciben beneficio o retribución alguna por cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual explica, en parte, la precariedad fiscal del gobierno mexicano, cuya recaudación tributaria es de sólo 17 % del PIB en comparación con 34 % de los países integrantes de la OECD.
- Precariedad fiscal que explica la insuficiencia de recursos presupuestales para invertir en proyectos que atiendan las grandes prioridades sociales: salud, educación e infraestructura.
- Incertidumbre con respecto a posibles medidas que adopte el gobierno unilateralmente, sin contar con foros públicos de análisis en los que participen expertos y posibles agentes involucrados en la instrumentación de dichas medidas.
- Esta situación se magnifica al contar con un Congreso a modo del Ejecutivo e integrantes de un poder judicial electos mediante un proceso influenciado por el gobierno mismo.
- Limitación al sector privado para participar en proyectos de inversión, sobre todo en el sector energético.
A continuación presento una agenda mínima de políticas públicas que deben llevarse a cabo y que pueden contribuir a recuperar el crecimiento sostenido, condición sine qua non para reducir los niveles de pobreza y aumentar el bienestar de la población.
En materia legal:
- Que el gobierno asuma de inmediato su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la Ley. No hacerlo implicaría continuar con el deterioro del Estado de Derecho y condenar a generaciones futuras a vivir en una sociedad donde impere el crimen, la inseguridad, el desorden, la falta de oportunidades para el desarrollo y la pobreza.
- Revertir el proceso de eliminación o reasignación de órganos autónomos y devolverles sus facultades constitucionales.
- Establecer un sistema de selección de funcionarios públicos con base en criterios específicos que prioricen la capacidad técnica y la experiencia, y que el gobierno lo respete a cabalidad.
- Dar mayor certeza a los agentes económicos, en particular a los inversionistas, mediante la reversión, a mediano plazo, de la reforma judicial promovida por el gobierno anterior y actual, a fin de que el poder judicial esté integrado por jueces y magistrados de carrera, sin afiliación o interés partidista.
En materia presupuestal y de rendición de cuentas:
- Que la asignación del gasto público se haga a partir de diagnósticos profesionales, con la participación de expertos en distintas materias.
- Que la valuación de proyectos de inversión pública se haga por un órgano mixto, público-privado y cuente con un dictamen de rentabilidad económica y social, y un análisis de impacto ambiental, realizados por terceros. Asimismo, que se informe a la sociedad de los resultados de los estudios y dictámenes realizados.
- Cumplir con el mandato de ley en materia de gasto público en cuanto a la obligación de licitar aquellos que rebasen los montos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación.
- Establecer un auténtico sistema de evaluación de impacto y efectividad de los programas de gasto público, así como la obligación de presentar periódicamente un informe de rendición de cuentas que sea avalado por un nuevo organismo autónomo, que no sólo evalúe las políticas de desarrollo social (como lo hacía el Coneval), sino toda la política presupuestal. Asimismo, que las recomendaciones que se desprendan de los diversos estudios sean vinculantes. Un efecto colateral positivo sería la motivación de los contribuyentes a pagar impuestos al ver que existe una obligación real y cumplimiento del gobierno de entregar resultados favorables para la sociedad.
- Dar una solución de fondo a Pemex. Los apoyos que ha recibido del gobierno en los últimos años representan un enorme desperdicio de recursos, ya que no hay manera de que los activos de la paraestatal generen en el futuro los ingresos suficientes para salir del estado de quiebra técnica en el que se encuentra, considerado la caída en la producción de crudo y las pérdidas sistemáticas de un sistema de refinación sumamente ineficiente.
En materia fiscal:
- Llevar a cabo una reforma fiscal previamente analizada de manera conjunta con la sociedad civil, siempre y cuando se haya institucionalizado el sistema de rendición de cuentas, de otra manera el gobierno no tendría la autoridad moral para aumentar los impuestos ante la muy baja valoración que le da la sociedad a los servicios públicos, sobre todo a la calidad y suficiencia en áreas tan sensibles como el acceso a la educación y servicios de salud.
- Instrumentar una política integral que disminuya la informalidad, ello permitiría una mayor productividad y recaudación tributaria.
- Disminuir gradualmente el uso del efectivo en la economía para evitar la elusión y evasión fiscal.
En materia del ámbito del sector público:
- Abrir los espacios para que el sector privado invierta en distintos sectores de la economía con el establecimiento de reglas claras y garantía de respetar los derechos de propiedad.
Las propuestas que presento, así como otras que consideren expertos en distintos temas, deben ser llevadas a foros públicos para su análisis y discusión, a fin de instrumentar a la brevedad posible las políticas públicas pertinentes. México no puede esperar más.