Élfego Bautista
La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) en la Ciudad de México se perfilaba como una transformación sin precedente en el sistema judicial capitalino.
Sin embargo, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) enfrenta múltiples desafíos, desde legales, tecnológicos, institucionales y hasta humanos, rubros indispensables para lograr el objetivo de garantizar justicia pronta, expedita e igualitaria antes del 1 de abril de 2027, fecha límite nacional para la entrada en vigor de dicho Código.
Los artículos transitorios del CNPCyF demandan que los congresos locales asignen recursos específicos, sin que éstos se absorban con aumentos salariales o cambios en las estructuras existentes. En respuesta, el Congreso de la Ciudad de México ya declaró la vigencia del Código y aprobó la armonización de diversos ordenamientos jurídicos locales (10 a 29 leyes, según distintas etapas) para alinearlos al nuevo sistema. Ello exige reformas legislativas profundas y coordinadas entre el Poder Judicial y el Congreso local.
La capacitación de jueces, magistrados, litigantes y servidores públicos es clave para la transición del modelo tradicional al oral, digital e integral. Para ello se han establecido alianzas con organismos como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que ya apoya al PJCDMX en esta tarea. También se prepara formación con especialistas nacionales e internacionales, para asegurar prácticas consistentes, eficientes y con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y protección a grupos vulnerables.
Ante la magnitud de este reto para su implementación, el nuevo sistema exige un salto digital, por lo que se requieren:
Expedientes electrónicos, notificaciones por correo electrónico, firmas electrónicas y grabación o conexión remota de diligencias y audiencias. Lo que implica infraestructura adecuada para que se lleve al cabo.
Unidades de Gestión Judicial que releven a jueces de tareas administrativas y así organicen operaciones como exhortos, formalidades burocráticas y archivo judicial, por lo cual se debe contar con el número de personal adecuado a fin de que se desahogue la carga de trabajo de forma efectiva.
En este punto hay que advertir, que la Ley o el Código Nacional no las contempla y su funcionamiento deja mucho que desear, pues incluso en materia penal, las llamadas UGAS, no han dado buenos resultados, pues se encuentran colapsadas por el exceso de trabajo y la falta de personal, que es uno de los principales problemas. En mi opinión, la persona juzgadora que integra con personal un juzgado, da mejores resultados.
La implementación de una Oficialía de Partes Común, oficinas virtuales, sistemas de precedentes horizontales y plataformas que integren presentación de escritos y seguimiento del caso desde la recepción hasta la sentencia y ejecución. El diseño, construcción, pruebas e instalación de estas plataformas deben completarse antes del plazo de 2027.
La función jurisdiccional se reestructura con base en especialidades procesales: etapa postulatoria, audiencia oral y ejecución. Se exige la rotación de jueces entre funciones y la separación clara de la carga administrativa de la jurisdiccional, para mejorar eficiencia y calidad en cada etapa del proceso.
La Comisión de Derechos Humanos de la CDMX advierte dos retos clave: que la implementación no vulnere los derechos de grupos prioritarios, y la necesidad de un sistema accesible con formatos comprensibles, asistencia en toma de decisiones y no repetir esquemas antiguos de restricción de voluntad o sustitución legal.
La CDMX se perfilaba como la primera entidad en instrumentar el CNPCyF, lo que convertiría al Poder Judicial local en referente nacional para un modelo de justicia más cercano, participativo y ágil. Sin embargo, esto no ha sido posible porque para alcanzarlo, sus autoridades deben asegurar:
Un marco jurídico armonizado, finanzas transparentes y presupuesto específico.
Coordinación institucional a través de la comisión ejecutiva.
Formación intensiva con enfoque en oralidad, derechos humanos y atención prioritaria.
Infraestructura tecnológica robusta que soporte audiencias digitales, firmas electrónicas, gestión integral de casos.
Reestructuración organizacional con unidades administrativas y funciones especializadas de juzgadores.
Si se atienden correctamente estas necesidades, la transición al nuevo modelo nacional permitirá que la Ciudad de México sea ejemplo de justicia civil y familiar moderna, eficiente y equitativa. El reto es intenso, pero la oportunidad de consolidar un sistema radicalmente transformado y ciudadano está en marcha, lo que probablemente no pueda concretarse en los próximos dos años, ya que se requiere presupuesto para cubrir todos los puntos necesarios, de aquí que deba considerarse modificar la fecha límite nacional para su entrada en vigor de forma total, ya que su implementación bajo los términos actuales podría ser un fracaso.
Así es el Derecho