Jacinto Robles Salazar.
En México, la educación superior pública atraviesa su momento más delicado en décadas. No por falta de talento ni de vocación, sino por un modelo de financiamiento que ha llegado a su límite. Así lo dejó claro el Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), celebrado este agosto en Tabasco. Ahí, frente a autoridades federales, se lanzó un llamado que no puede ignorarse: si no se construyen soluciones estructurales y sostenibles especialmente en materia de fondos de pensiones, las universidades públicas están en peligro real de colapsar.
El problema no es nuevo, pero la urgencia sí. Cada año, las instituciones de educación superior enfrentan la misma pesadilla presupuestal: la incertidumbre de no contar con los recursos necesarios para cubrir prestaciones laborales mínimas. La causa es estructural. Y así lo expresó el secretario general de la CONTU, Enrique Levet Gorozpe: el modelo actual ya no da para más. Sin un rediseño que incluya participación activa de trabajadores, gobiernos y universidades, no habrá salida.
En ese sentido, se exigió la restitución del fondo U081 desaparecido en los últimos años como medida inmediata, pero también se insistió en lo que es verdaderamente de fondo: la construcción de mecanismos financieros que garanticen la sostenibilidad de las pensiones y prestaciones a largo plazo.
Ahí es donde la historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) adquiere relevancia nacional. Porque la UAS ya había dado ese paso hace más de una década. En 2008, implementó un fideicomiso para sostener la jubilación dinámica, basado en aportaciones solidarias entre trabajadores y la administración. Fue una medida técnica, institucional y preventiva. Pero también fue una medida saboteada.
En noviembre de 2015, el entonces rector Juan Eulogio Guerra Liera advirtió públicamente que ese fideicomiso estaba siendo atacado desde dentro. Encabezados por Marco Antonio Medrano Palazuelos, un pequeño grupo de jubilados decidió judicializar el esquema, exigiendo la devolución de aportaciones y cuestionando su legalidad. A pesar de los llamados al diálogo, optaron por el conflicto. Y con ello, dieron el primer golpe serio contra la sostenibilidad del sistema de pensiones universitario en Sinaloa.
El resultado fue devastador: el fideicomiso “tronó” y la jubilación dinámica quedó suspendida para nuevas generaciones de trabajadores, y hoy la UAS enfrenta dificultades crecientes para sostener una prestación que era ejemplo a nivel nacional. Es decir, lo que se está discutiendo hoy en la CONTU, la UAS lo previó hace más de una década. Pero fue “tronado” por intereses particulares.
Lo más grave es que la estrategia se repite. Hoy, el mismo grupo promueve litigios individuales por otras prestaciones, obstaculizando salidas institucionales. Con cada nueva demanda, la universidad se ve legalmente impedida de resolver por vía administrativa, y se eterniza una espiral de conflicto que perjudica a trabajadores activos, estudiantes y a la propia viabilidad de la institución.
Pero a diferencia de otros tiempos, la UAS no se ha quedado inmóvil. Bajo el liderazgo del rector Dr. Jesús Madueña Molina, la Universidad ha optado por una transformación integral: una reingeniería financiera, administrativa y normativa que busca asegurar su futuro sin perder su esencia pública, gratuita, incluyente y de calidad. Este proceso, guiado por ocho ejes estratégicos, se construye con participación sindical, transparencia y responsabilidad institucional.
En contraste con otras universidades que rechazan a más de la mitad de sus aspirantes (como la Universidad de Guadalajara, que solo admitió al 41.82% en nivel superior), la UAS mantiene su política de cobertura total, una apuesta valiente por la movilidad social. Pero esa apuesta requiere sostenibilidad. Y esa sostenibilidad solo es posible con unidad interna y una visión financiera de largo aliento.
Por eso, la lección es clara: la autonomía universitaria no será plena mientras dependa completamente del subsidio gubernamental. Es momento de que las propias universidades, con sus comunidades, impulsen mecanismos de autofinanciamiento responsables, como fondos de pensiones, fideicomisos o esquemas solidarios. No como privilegios, sino como condiciones básicas para ejercer su autonomía real frente al Estado.
El Congreso de la CONTU ha sido un llamado de alerta. Pero también una oportunidad para retomar el rumbo. La UAS tiene experiencia, estructura y voluntad para hacerlo. Lo que necesita es que su comunidad aprenda del pasado, cierre las heridas que aún sangran, y decida caminar junta hacia un nuevo modelo de sostenibilidad y corresponsabilidad.
Porque lo que está en juego no es una prestación, ni una coyuntura legal.
Es el alma del sistema universitario público.
Es el futuro de miles de jóvenes que hoy ven en la UAS una oportunidad de vida.
Es la dignidad de un modelo educativo que no puede permitirse otro colapso.
Que no se repita la historia por negligencia.
Que no se sacrifique el futuro por intereses personales.
Y que no se imponga la ambición de unos pocos sobre el bienestar de todos.