Federico Döring
La censura, el acoso y la intimidación desde el grupo en el poder en contra de los periodistas, no se detiene. Apenas este viernes 29 de agosto la jueza Guadalupe Martínez Taboada ratificó que el periodista de Campeche, Jorge González, debe ser supervisado permanentemente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección Ciudadana de aquel estado, para evitar que “emita expresiones consideradas ofensivas contra la gobernadora Layda Sansores”.
Asimismo, la jueza resolvió que la Organización Editorial del Sureste, operadora de Tribuna –medio informativo en el que colabora Jorge González– debe enviar al Tribunal Superior de Justicia, de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a la gobernadora, para determinar si procede o no alguna sanción.
Una semana antes, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la periodista Dianeth Pérez “coadyuvar” y revelar la información y evidencia que tiene sobre actos de corrupción en la entrega de un contrato por parte del gobierno estatal, esto luego de que la reportera cuestionara al respecto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La FGR pretende violar el “secreto de las fuentes”, derecho de los periodistas reconocido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Estos hechos no son casos aislados, sino el nuevo modus operandi del actual régimen: el uso de las instituciones del Estado mexicano para violar la libertad de expresión y la libertad de prensa, reconocidos en los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Hace unos días, la organización Artículo 19 informó que ha documentado un preocupante aumento del acoso judicial contra periodistas: entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, se registraron 51 casos (39 periodistas y 12 medios de comunicación) en los que han sido notificados de procesos legales en su contra.
La violencia contra la prensa, señala Artículo 19, se ha trasladado a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales, y se ha abusado indebidamente de la figura de Violencia Política contra las Mujeres, que se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público. Por ello, exigió a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas, e hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en México.
Al respecto, en próximos días presentaré en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional para crear un organismo autónomo para la protección de los periodistas, un ombudsperson para este gremio, cuyo titular sería electo por la mayoría calificada de los integrantes del Senado.
Algunas de sus atribuciones serían las siguientes: conocer de las denuncias interpuestas por ciudadanos y realizar investigaciones ante posibles violaciones a los derechos y libertades de los periodistas; garantizar los derechos laborales o contractuales de los periodistas; solicitar a la FGR que ejerza la facultad de atracción para conocer de delitos contra periodistas; solicitar a otras autoridades los instrumentos y medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de los periodistas.
Asimismo, para inhibir que los políticos utilicen a las instituciones para atacar a los periodistas, la iniciativa propone que los derechos ciudadanos se pierdan por ser declarada persona violentadora de las libertades de expresión y de prensa, en cuyo caso, la persona no podrá ser registrada como candidata para ningún cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Sólo así podremos atemperar las conductas de aquellos que abusan del poder para tratar de callar a quienes exhiben sus corruptelas y posibles delitos como Layda Sansores, Tania Contreras Larios y Gerardo Fernández Noroña
Como ciudadanos, no debemos tolerar ni acostumbrarnos a leer noticias en las que nos enteramos de una nueva decisión desde el poder que ataca a la libertad de expresión o a la labor periodística. Y ante un Poder Judicial que ahora estará al servicio del régimen, es necesario contar con un ombudsperson independiente que defienda no solo a los periodistas, sino nuestros derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa, sin los cuales, simplemente no habrá democracia.
Cuidar a los periodistas valientes como Héctor de Mauleon, Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva, Raymundo Riva Palacio, Mario Maldonado, Lourdes Mendoza y Salvador García Soto, a quienes el régimen ha agredido a través de sus mañaneras o de sus secuaces, es cuidar nuestra democracia, sólo un voto bien informado es un voto razonado.
Vicecoordinador de los diputados del PAN