Juan Ortiz
La crisis penitenciaria volvió a la discusión legislativa en vísperas del inicio del segundo año de sesiones de la 65 Legislatura. Integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana coincidieron en que el hacinamiento en las cárceles se ha convertido en un problema estructural y señalaron la falta de una estrategia federal para atenderlo.
En entrevistas con medios de comunicación, diputados como Federico Döring, del PAN, y Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, explicaron que el sistema carcelario se ha agravado en los últimos meses. Entre enero y julio de 2025, la población penitenciaria superó los 223 mil internos, con centros estatales que superan el 130% de ocupación. La situación, afirmaron, refleja la falta de inversión y ausencia de políticas claras.
Los legisladores recordaron que medidas anteriores, como la Ley de Amnistía, no lograron despresurizar los penales, mientras que la prisión preventiva oficiosa ha contribuido a engrosar las cifras. A esto se suma la violencia interna que ha estallado en distintas entidades, como el motín de Tuxpan, Veracruz, donde la disputa entre grupos criminales dejó siete muertos y once heridos a inicios de agosto.
El diagnóstico apunta a un mismo escenario: cárceles estatales saturadas, gobernabilidad en crisis y una política penitenciaria sin rumbo definido. En contraste, los penales federales cuentan con una disponibilidad de casi 30%, lo que subraya el desbalance entre niveles de gobierno.
En ese contexto, legisladores destacaron la paradoja de que el país cuenta con infraestructura ya construida que podría contribuir a aliviar el hacinamiento, pero que permanece sin utilizar. El caso más evidente es el del penal federal de Papantla, en Veracruz.
El súper-penal desaprovechado
El llamado “súper-penal de Papantla”, con capacidad para más de dos mil internos se ha mantenido inoperante debido a la falta de coordinación con autoridades federales.
Hoy, las instalaciones permanecen cerradas, aun cuando Veracruz, gobernado por la morenista Rocío Nahle, se ha mantenido como uno de los 10 estados con mayor sobrepoblación durante todo el año.
De acuerdo con cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, la entidad concentra un excedente de mil 737 internos. Pese a ello, el penal de Papantla sigue sin incorporarse a la estrategia nacional.
Legisladores reconocieron que el abandono de este centro refleja las inconsistencias de la política penitenciaria en México. Mientras miles de personas viven en condiciones de hacinamiento, un complejo diseñado con infraestructura moderna permanece subutilizado.
Para evitar casos como este, el diputado Rubén Moreira adelantó que el tema será parte de las propuestas legislativas que se presentarán en el próximo periodo de sesiones.
“Este Gobierno ha caído en el populismo penal, que es incrementar penas pensando que con eso se resolvería el problema de la seguridad, y bueno, todo eso ha atiborrado las cárceles. Hay opciones como estas instalaciones que están inoperantes. Vamos a presentar nuestro plan alterno de seguridad”, refirió.