Vic Gerardo Balderas
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), rechazaron categóricamente la existencia de desapariciones forzadas “sistemáticas y generalizadas por parte del Estado” mexicano. Esta declaración surge en respuesta a una próxima solicitud de información por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que inició un proceso en abril de 2025 bajo el artículo 34 de la Convención.
Para el gobierno de México, los señalamientos del Comité carecen de sustento y cualquier insinuación en ese sentido es “inaceptable”, se lee en un comunicado conjunto publicado el 24 de junio de 2025. Y reiteró su compromiso inquebrantable en el combate al delito de desaparición de personas, asegurando que la actual administración no promueve ni tolera la desaparición forzada.
Se enfatizó que cualquier servidor público que incurra en este delito será investigado y sancionado conforme a la ley, sin excepción. Además, se destacó que el país está trabajando activamente con colectivos y familiares de personas desaparecidas en nuevas iniciativas de ley para abordar este “flagelo” de manera integral, incluyendo a las víctimas indirectas.
Las instituciones del Estado mexicano, afirmó la SRE, continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y darán respuesta puntual a la solicitud de la ONU.
La reforma a la Ley General de Desaparición
Un día antes del comunicado de la SRE, el 23 de junio de 2025, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció que el Ejecutivo federal incorporaría 30 modificaciones a su iniciativa de reforma a la Ley General en materia de desaparición. Esta propuesta, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República en marzo, será ahora presentada como un “paquete de reservas” para su discusión y aprobación en el periodo extraordinario de sesiones que inicia esta semana.
La formulación de estos cambios fue el resultado de un “proceso de escucha intenso e inédito”, que incluyó 84 mesas de diálogo coordinadas por la SEGOB entre abril y junio de 2025. Estas mesas contaron con la participación de más de mil personas, incluyendo familiares de víctimas, 450 colectivos, 17 dependencias federales, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derechos humanos.
Según la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se recibieron 570 aportaciones en los ejes de búsqueda, seguridad, identificación humana, bases de datos y prevención.
Entre las 30 modificaciones sustantivas a 23 artículos de la ley, elaboradas en conjunto con las familias y colectivos, destacan:
- La obligación de iniciar de inmediato una carpeta de investigación ante cualquier reporte de desaparición y la sanción a los funcionarios que omitan hacerlo.
- El reconocimiento legal del concepto de “familia social” (vínculos afectivos no legales) y el “nombre social” (clave para personas trans o no binarias).
- La creación de una Plataforma Única de Identidad para integrar bases de datos oficiales, agilizar búsquedas, proteger información personal y evitar duplicidades.
- Establecimiento de obligaciones forenses para todas las instituciones que resguardan restos humanos, incluyendo registros actualizados, pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de cualquier inhumación, y garantía de trazabilidad de los cuerpos.
- La inclusión de acciones de bienestar para hijas e hijos de personas desaparecidas y protocolos con planes de seguridad para familias buscadoras.
- Acceso ampliado a bases de datos (salud, migración, adicciones) y un protocolo para activar la Alerta Nacional de Búsqueda.
Aunque la SEGOB defendió el proceso como “legítimo” y “sin simulación”, la secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoció que “falta muchísimo” y que la ley es solo una “primera parte”, quedando pendiente la construcción de políticas públicas, protocolos y programas.
Algunos colectivos expresaron dudas sobre la profundidad de los cambios y la representatividad de las mesas, señalando que no todas las propuestas fueron atendidas.
La Alerta de la ONU y la cruda realidad de impunidad en México
El pronunciamiento de la Cancillería y los esfuerzos legislativos del gobierno se dan en un contexto donde la crisis de desapariciones en México ha sido objeto de severas críticas internacionales.
Desde abril de 2022, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) ya había alertado sobre la “impunidad casi absoluta” en México y había solicitado al gobierno mayor sensibilidad con las víctimas y la rápida aplicación de recomendaciones.
El informe de 2022 del CED señaló que, si bien el crimen organizado es el principal perpetrador de miles de desapariciones forzadas, el Estado mexicano también es responsable “cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad”.
La impunidad fue descrita como un “rasgo estructural” que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones, y que socava cualquier iniciativa para erradicarlas y prevenirlas. El Comité también destacó la resistencia de algunas autoridades a compartir información con el registro nacional y la “poca claridad” sobre la proporción de casos que corresponden a desapariciones forzadas.
La situación, según los reportes, no ha mejorado significativamente. Mientras que en 2022 se registraban 98,877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, para el 11 de marzo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba 123,808 casos, con Jalisco encabezando la lista. Los centros forenses en el país están desbordados e incapaces de una adecuada identificación de los restos humanos que reciben.
Un ejemplo reciente de la magnitud de la crisis es el hallazgo, el 5 de marzo de 2025, de un “campo de exterminio” en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reveló restos óseos producto de cremaciones, 200 pares de zapatos, prendas de vestir, instrumentos de tortura y tres hornos crematorios.
Testimonios de sobrevivientes describieron un “infierno” para quienes eran reclutados bajo falsas promesas de trabajo y luego torturados o asesinados. El 15 de marzo, se llevó a cabo una jornada de Vigilia y Luto Nacional en diversas ciudades del país en homenaje a las víctimas de Teuchitlán.
Compromiso gubernamental frente a la crisis de desapariciones
A pesar de la negación de desapariciones forzadas sistemáticas por parte del Estado, el gobierno mexicano, a través de la SEGOB y la SRE, ha enfatizado su compromiso continuo con las familias buscadoras y los colectivos, prometiendo que las modificaciones a la ley son un paso inicial para abordar esta compleja problemática, con el objetivo de seguir trabajando en políticas públicas y protocolos que permitan una mejor respuesta a la crisis.
La Silla Rota