Margarita Griesbach
Cada vez que se expresa una crítica a la reforma judicial en México, es inevitable que se comente: ¡Es que el poder judicial estaba fatal! Y sí, salvo algunos cuantos despistados, es difícil encontrar a alguien que sostenga que la justicia en México ha funcionado bien. Sin duda, este es mi caso particular: tras 30 años en la sociedad civil he encontrado que el principal obstáculo para la justicia ha sido… pues la justicia. El problema es que las recientes reformas no atienden los obstáculos históricos en la justicia mexicana. No se trata de poner jueces “buenos”, cualquier institución que depende de la probidad de sus funcionarios será eternamente débil. La pregunta relevante es ¿qué debe cambiar en vez? Si no la elección de juzgadores, ¿qué necesita cambiar en la justicia mexicana para que funcione?
La semana pasada, entre pambazos y banderas, diversos medios anunciaron que la presidenta Sheinbaum impulsaba una reingeniería del sistema de justicia. Daba inicio a esta transformación con una propuesta de reforma a la Ley de Amparo. Una vez más caí en la esperanza. Esperanza de que la reforma heredada fue imparable dada la fragmentación de poder dentro de Morena, pero que Sheinbaum tendría interés en aprovechar el cisma producido en el anquilosado Poder Judicial para impulsar un cambio profundo en la justicia. Una reingeniería de la justicia implicaría el rediseño de su funcionamiento y un serio cuestionamiento de algunas premisas que suelen tratarse como inamovibles. Y sobre todo, habría que cuestionar aquellas cosas que se relacionan con los problemas concretos que obstaculizan la justicia para las personas que necesitan su protección.
Habría que cuestionar, por ejemplo, ¿realmente es necesario que una persona para solucionar un problema deba iniciar a veces hasta tres juicios? Este es el caso, por ejemplo, en temas de violencia familiar, cuando una persona atraviesa un juicio familiar, otro penal y un juicio de amparo. ¿O será que las materias judiciales son un tema administrativo que no debe concernir al ciudadano? ¿Sería posible que las personas pudieran acceder a la justicia a través de una ventanilla única en la que presentan su problema y las autoridades se hacen bolas para organizarse en cómo proteger derechos?
Ante la absurda tardanza en la impartición de justicia, ¿será que en vez de tratar de desahogar una carga de trabajo materialmente imposible de atender, se podría reconsiderar si la justicia es solo aquello judicializable? Tal vez considerar que la “justicia alternativa” no debe operar bajo una lógica de una o la otra. Que pudiera tratarse de acciones previas y articuladas que agotan medios más sencillos para resolver conflictos y proteger derechos antes de llegar a un largo y costoso juicio. Que estos medios previos a juicio no son algo desconectado, que al no lograr satisfacción implican empezar de cero ante un juez. ¿Podría rediseñarse un sistema de medidas que forman parte de un acumulado, que en aras de resguardar el interés público gozan de escrutinio judicial, pero no son un juicio?
¿Sería posible recalibrar el equilibrio entre la certeza jurídica y el formalismo inoperante que deja a todos agotados y sin solución? ¿Sería posible repensar si la distribución actual de competencias es congruente con la naturaleza del pacto federal o si en la práctica convierte a lo federal en un superior jerárquico de lo local? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas permiten la supervisión de jueces por parte de la sociedad, pero a la vez impiden la intromisión política o de otros intereses en el criterio del juzgador? Y así una larga lista de preguntas necesarias para hacer una reingeniería de la justicia en México.
Lamentablemente mi esperanza ha sido en vano. La reforma a la Ley de Amparo no modifica los muchos problemas que presenta el amparo para lograr proteger derechos con efectividad y eficiencia. No cambia el extremo formalismo que hace que el amparo sea incomprensible sin asesoría jurídica, ni cambia el hecho de que en muchos casos, aun cuando se gana, la sentencia “para efectos” deja a la persona sin solución a su problema. Una vez más, los esfuerzos por reformar la justicia parecerían no tener relación con los problemas que se buscan superar.
Sin embargo, al mirar con mayor detenimiento se puede observar que esto no es correcto. Las reformas, tanto la de elección judicial como aquellas más recientes, guardan estrecha y congruente relación con problemas, nada más que no son aquellos de los que se queja la gente. En una democracia constitucional, el Judicial cumple tres funciones: constituir uno de tres poderes políticos, resolver conflictos entre el ciudadano/a y el Estado, y dirimir disputas entre individuos.
Aunque el actuar del Judicial es técnico- jurídico, debe ser contrapeso político ante los otros poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. De tal suerte, en un gobierno se logran resguardar el interés de la mayoría, los intereses de la diversidad y los derechos estipulados como parámetro de acción posible.
La justicia también cumple la función de resolver conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Esta función tiene tanto impactos políticos como de servicio público. Así, por ejemplo, cuando una comunidad se opone a una política que afecta sus intereses o derechos, la acción tendrá un impacto en un proyecto político. En otro caso, como el conflicto cuando un juzgador injustificadamente niega medidas de protección solicitadas por una persona, la acción funge como un servicio público para la protección de derechos individuales.
Finalmente la justicia cumple la función de resolver conflictos entre individuos. Tanto en temas de naturaleza penal, civil o familiar, las personas pueden necesitar la decisión de un juez para obtener protección o certeza.
Al considerar todas las funciones de la justicia, resulta claro que las reformas recientes solo son congruentes con modificar una de ellas. Se trata de reformas que debilitan al Judicial como contrapeso político, aun cuando para lograrlo deban ignorar o incluso dañar su capacidad para brindar servicios de justicia para resolver conflictos con el Estado o entre individuos.
La ironía es que discursivamente la reforma obtiene apoyo popular justamente bajo la promesa de cambiar la efectividad de la justicia en aquellas dos funciones que deja intocadas. El descontento popular con la justicia en México no se centra en su actuar político, sino en su incapacidad para resolver los problemas concretos que encaran las personas día con día. Disputas sobre guardia y custodia, protección a las personas, conflictos sobre propiedad y justicia en el combate a la delincuencia son parte de una larga lista de las razones por las que la población considera que el Poder Judicial se debe reformar.
Entre un gobierno que abiertamente considera que el Poder Judicial obstaculiza su proyecto político y una sociedad defraudada por una justicia inservible, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Las reformas han abierto camino para el desarrollo de un proyecto político sin obstáculo de oposición judicial, pero han dejado a la ciudadanía aún más lejos de contar con servicios efectivos de justicia.
* Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.