Samuel García
La inseguridad sigue al alza en México. Si bien el recuento diario de homicidios dolosos se ha reducido, la zozobra por la inseguridad alcanzó su nivel más alto en los últimos tres años. Hoy, preocupa el doble que la inflación y 2.5 veces más que el desempleo o la corrupción.
Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI confirman lo que millones de mexicanos viven a diario: la inseguridad sigue siendo el obstáculo más corrosivo para el desarrollo del país. Tres de cada cuatro adultos consideran inseguro vivir en su entidad. No se trata de percepciones aisladas, sino de un fenómeno nacional que mina la confianza, restringe la vida pública e impone un costo económico devastador.
De acuerdo con la ENVIPE, el costo de la inseguridad y el delito equivale al 1.07% del PIB. Dicho de otro modo: cada año México desperdicia recursos equivalentes a un ambicioso programa nacional de infraestructura, solo para cubrir pérdidas por robos, extorsiones y vandalismo, además del gasto en seguridad privada que hogares y empresas deben asumir. Es un impuesto oculto que no pasa por el Congreso, pero que pagamos todos.
La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó México recientemente, fue explícita: sin un combate frontal a la inseguridad y sin fortalecer el Estado de derecho, el país seguirá atado a un crecimiento mediocre. Y pronosticó un crecimiento económico de 1.0% en 2025. Es decir: lo que México pierde cada año por inseguridad equivale prácticamente a todo el crecimiento anual esperado. Es como si el país corriera para avanzar, pero cargando una piedra que lo hace regresar al punto de partida.
Aunque los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) crecieron en 2025, la nueva inversión es raquítica. Y una de las razones es: si bien las empresas que ya están aquí aguantan, los nuevos jugadores dudan. La violencia, la extorsión y el riesgo de operar en regiones dominadas por el crimen organizado elevan los costos y reducen la rentabilidad. El caso de Morelos es sintomático: Con la percepción de inseguridad pública más alta del país, 90.1%, la nueva IED simplemente se esfumó en este año. Pero también es el caso de Zacatecas o de Tabasco.
Y es que la inseguridad limita la movilidad de los trabajadores, reduce la participación laboral de las mujeres, encarece la logística de las empresas y erosiona el turismo en regiones con potencial. En vez de generar oportunidades, el país se acostumbra a que las familias restrinjan horarios, cambien rutas o eviten salir de noche. Es un deterioro silencioso que rebaja la calidad de vida y la confianza en el futuro. Y cómo no, si en el 30.8% de los hogares, por lo menos uno de sus integrantes ha sido víctima de delitos.
El FMI lo advirtió con diplomacia: México necesita consolidación fiscal, pero también reformas institucionales profundas. No bastan los programas sociales ni los apoyos a Pemex si los ciudadanos se sienten sitiados por la delincuencia. La seguridad pública no es un tema de percepción política, es un requisito de supervivencia económica.
La deuda de seguridad es ya un lastre tan pesado como la deuda financiera. México no podrá aspirar a crecer más allá del 1% o 1.5% anual mientras la violencia y la impunidad devoren recursos, inversión y confianza.
Hoy, la inseguridad es, en los hechos, el impuesto más caro que pagamos los mexicanos. Y lo peor: es un impuesto que no financia escuelas, hospitales ni carreteras, sino que alimenta la parálisis económica.