Alejandro Calvillo
En la campaña contra el impuesto a los refrescos, destaca una asociación que se presenta como representante de las tienditas de barrio. Lo que no se dice en esa campaña es que los primeros en sufrir los daños en salud por las bebidas azucaradas son las familias dueñas de estos establecimientos, ya que presentan una incidencia mucho mayor de diabetes que la población en general de nuestro país. Y eso es decir mucho, ya que somos uno de los países con los mayores índices de diabetes en el mundo. Al tener estos productos al alcance de la mano, las familias los consumen más. De hecho, las familias propietarias de tienditas de barrio en México podrían presentar la mayor incidencia de diabetes en el mundo como sector específico dentro de una sociedad.
Los datos son contundentes: la prevalencia de diabetes entre los adultos mayores de 20 años de las familias de tenderos aumenta con la antigüedad en el negocio. Esta prevalencia alcanza el 14.1 por ciento en quienes llevan más de tres años con el negocio y asciende al 22.9 por ciento en quienes superan los seis años, lo que supera con creces la media nacional del 10.4 por ciento de personas con diagnóstico previo de diabetes. En resumen, tener una tienda aumenta el riesgo de diabetes debido a la alta disponibilidad del producto, y cuantos más años pasan al frente del negocio, más aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad.
La investigación se llevó a cabo en Ciudad de México, Puebla y Veracruz mediante encuestas directas que evaluaron la frecuencia de consumo de productos disponibles en las tiendas, el tiempo de exposición y los antecedentes de salud, complementándose con grupos focales con tenderos y sus familias para explorar hábitos alimenticios y dinámicas de consumo.
Sin embargo, este discurso no incluye a quienes en realidad usan a las tienditas para oponerse al impuesto. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha comenzado a confrontar a la Presidenta en los eventos públicos en que participa al interior de la República Mexicana. La ANPEC, que ha realizado colaboraciones con OXXO, pero es desconocida entre las tiendas de barrio que hemos consultado, es la organización más activa públicamente en la oposición al impuesto. Argumenta que se van a perder empleos y que cerrarán negocios.
Su dirigente, Cuauhtémoc Rivera, tomó la palabra en un foro reciente en la Cámara de Diputados sobre Impuestos Saludables para seguir el guión de las refresqueras. Alegó que “el problema que vivimos de obesidad se debe resolver a través del ejercicio y la educación”, y que “el impuesto afecta a las tienditas”, afirmando incluso que “en 2014 cerraron 30 mil tienditas a causa del impuesto”. Sin embargo, nunca ha aportado la fuente de esa aseveración.
Por el contrario, investigaciones publicadas en revistas científicas que evaluaron el impacto del impuesto de 2014 a las bebidas azucaradas no encontraron ningún efecto negativo en el empleo. El reporte “Cambios en el empleo asociados con la introducción de impuestos a bebidas azucaradas y a alimentos no esenciales con alta densidad energética” concluye: “No se presentaron reducciones en empleo asociadas a los impuestos implementados en México en 2014 en bebidas azucaradas y alimentos no esenciales con alta densidad energética”. El estudio confirma que el empleo no se vio afectado ni en las industrias productoras ni en los establecimientos comerciales, incluidos los pequeños. El artículo puede consultarse en PubMed, publicado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, en el siguiente enlace: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28890354/
Otras investigaciones muestran una tendencia a la reducción de tiendas de barrio entre 2010 y 2020, la cual no fue impactada por el impuesto de 2014. Lo que sí se registra en paralelo a la disminución del número total de tienditas es un incremento explosivo de las tiendas de conveniencia, con OXXO a la cabeza. Sin embargo, la ANPEC no reconoce que el verdadero factor que ha provocado el cierre de tienditas es el crecimiento de estas cadenas. OXXO, cabe recordar, es una empresa de FEMSA, la principal embotelladora de Coca-Cola. De hecho, la contradicción es mayor: ANPEC ha colaborado recientemente con OXXO, a pesar de presentarse como representante de las tienditas que tienen en estas tiendas de conveniencia a una de sus principales amenazas.
En realidad, no son los impuestos los que cierran tiendas, sino las tiendas de conveniencia, como veremos. Los refrescos en sus presentaciones individuales han subido más de precio debido a estrategias comerciales de las refresqueras que por el impuesto, y nada se dice al respecto. Entre 2014 y 2025, el precio de la Coca-Cola de 600 mililitros pasó de 10 a 20 pesos. El impuesto tuvo un impacto mínimo en ese aumento; el precio se incrementó principalmente por una política de la empresa en un 100 por ciento, cuando la inflación acumulada en ese periodo fue de poco más del 60 por ciento. Está claro que cuando la industria sube los precios, la ANPEC no dice nada; pero cuando se habla de un impuesto con el fin de reducir el consumo y sus daños en salud, entonces la ANPEC protesta.
Esta organización articula las protestas contra el impuesto argumentando que este subirá los precios, se venderá menos refresco y las tiendas cerrarán. Sin embargo, en un periodo de solo siete meses, la empresa Coca-Cola aumentó el precio de sus productos en dos ocasiones, muy por encima de lo que aumentó el impuesto de 2014 y de lo que aumentará el de 2026. Esos aumentos de precio por parte de Coca-Cola no generaron protestas de la ANPEC, ni fueron denunciados como causantes del cierre de decenas de miles de tienditas. La razón es simple: esos cierres masivos no ocurrieron con los aumentos de la empresa, como tampoco ocurrieron con el impuesto.
El lunes 13 de noviembre de 2023, Coca-Cola aumentó en 1 peso el precio de sus presentaciones pequeñas y en 2 pesos el de las grandes. Siete meses después, el martes 25 de junio de 2024, la empresa volvió a incrementar los precios: 1 peso adicional en presentaciones menores a un litro y 2 pesos en las mayores a un litro. Así, en un periodo de siete meses, los precios de Coca-Cola aumentaron, en general, 2 pesos para las presentaciones pequeñas y 4 pesos para las grandes. Estos aumentos son muy superiores a los generados por el impuesto de 2014 y por el propuesto para 2026. Sin embargo, no hubo protestas frente a las alzas de la refresquera, pero sí contra los impuestos, a pesar de que estos últimos tienen beneficios demostrados en la reducción del consumo, la mejora de la salud y la generación de recursos para un fondo sanitario anunciado por la Presidenta.
Esta situación es paradójica si se consideran dos aspectos clave. Por un lado, las familias de los tenderos son las que sufren la mayor incidencia de diabetes entre la población mexicana, la cual ya presenta uno de los índices más altos a escala internacional. La causa fundamental de que estas familias tengan hasta el doble de incidencia de diabetes que el promedio nacional radica en la alta disponibilidad, el fácil acceso, y el bajo precio de los refrescos y la comida chatarra. Si el precio de los refrescos aumentara significativamente —acompañado de una campaña directa y clara sobre sus daños—, las familias de los tenderos serían las más beneficiadas, ya que son las más vulnerables.
Por otro lado, sus negocios son los más afectados por el crecimiento explosivo de las tiendas de conveniencia, encabezadas por OXXO, que es la causa principal del cierre de estos pequeños establecimientos familiares. Quienes encabezan la oposición al impuesto a las bebidas azucaradas son precisamente Coca-Cola y FEMSA, propietarias tanto de las bebidas como de las tiendas OXXO. La oposición al impuesto, por tanto, defiende intereses comerciales que perjudican directamente a las tienditas y a la salud de sus dueños.