Álvaro Aragón Ayala.
Sin estatus ni capacidad jurídica, sin pertenecer ya la comunidad universitaria, un grupúsculo de 20 “líderes” de jubilados que gozan de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de las “jubilaciones dinámicas” otorgadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que lograron convencer a otros 200 trabajadores en retiro, intentan cambiar la agenda de la Universidad Autónoma de Sinaloa clavando una narrativa mentirosa, la cual es anulada y sepultada por la práctica de 11 auditorías externas aplicadas a la Casa Rosalina por la Auditoría Superior de la Federación que ha puntualizado observaciones por el pago de las jubilaciones.
En efecto. Son tres realidades:
1.- La Casa Rosalina ha sido sometida por la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos diez años, del 2015 a la fecha, a más de 8 auditorías externas. En total son 11: auditorías financieras, de cumplimiento, integrales y forenses.
2.- Los jubilados, de acuerdo a la Ley Orgánica de la UAS, no son parte ya de la comunidad universitaria. Ninguna ley, ni La Ley Federal del Trabajo ni la Constitución, los faculta para entrometerse en la vida académica/ administrativa/financiera ni en ninguna actividad sustantiva de la institución. Esa es la realidad.
3.- Las jubilaciones dinámicas están fuera de los parámetros de todas las Leyes de prestaciones sociales del país.
Sin embargo, pese a que no pertenecen a la comunidad universitaria -Artículo 1° de la Ley Orgánica- ese “fragmento” de jubilados, de un total de 6 mil, pretende dictar las reglas del juego de las políticas universitaria ambicionando y planeando “reventar” el Proyecto de la Reingeniería Integral del Rector Jesús Madueña Molina y de los Sindicatos (SUNTUAS). Han montado, en las redes digitales, demandas siderales, fuera de contexto, exigiendo la práctica de una auditoría forense, ya que, inventan, que la UAS no es sujeta a ninguna investigación contable-financiera-administrativa, lo cual es mentira, toda vez que por Ley es sujeta a uno o dos arqueos anuales, cumpliendo estrictamente con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La trama de los jubilados minoritarios, esa falsedad, la narrativa de que a la UAS no se la audita cuando hoy precisamente personal de la Auditoría Superior de la Federación practica la auditoría del Ejercicio 2024 a la institución, tiene como propósito generar la plataforma o el ambiente para insultar y criminalizar al Rector Jesús Madueña Molina y a otros directivos universitarios, queriéndolos culpar de la crisis económica/financiera por la que atraviesa la Universidad, fenómeno que es atribuido por organismos nacionales y la propia Secretaría de Educación Pública al “pago tradicional” de las jubilaciones sin un soporte financiero.
Las acusaciones y las diatribas rayan en la locura, en la estupidez: topan con un estudio actuarial de la Subsecretaría de Educación Pública que determinó como causa principal de la escasez de recursos de la UAS el uso del presupuesto académico-administrativo en el pago de las «jubilaciones dinámicas» de manera abusiva. Especialistas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior-ANUIES- también achacó la crisis a las jubilaciones. A la misma conclusión llegó la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.; la Auditoría Superior de la Federación consideró “irregulares” las prestaciones de retiro.
No es que los jubilados no estén enterados de las auditorías externas, no es que no entiendan que la UAS no puede soportar el pago de las pensiones/jubilaciones universitarias (consideradas dobles porque ya gozan de la prestación del IMSS). No es que no sepan que el gobierno federal no otorga subsidios para cubrir este tipo de beneficios de retiro, cuyo costo – 2 mil 400 millones de pesos anuales- conduce a la quiebra la institución. Sí están al tanto de todo. Dominan el tema, sólo que no quieren aportar ni un centavo a la constitución de un Fideicomiso, que, de crearse, impediría que el peso económico de la jubilaciones se sustraiga totalmente de la Universidad.
En su estulticia, los jubilados descargan una cadena de ofensas para no aportar. Los ataques son contra las autoridades de la Casa Rosalina no contra el Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, quien, con datos duros, consideró una arbitrariedad y una nueva modalidad de la “estafa maestra” el pago-cobro de las jubilaciones dinámicas» bajo el argumento de una “conquista sindical”, a quienes ya cuentan con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Es una doble jubilación; y a la de la Universidad nunca, durante más de 40 años, nunca le han aportado ningún centavo”, dijo y conminó a la UAS a crear un Fideicomiso con deducciones a los trabajadores activos y jubilados.
El atomizado grupo de jubilados instalados en posición negativa desafían incluso a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, quien precisó que la jubilación (universitaria) “es una prestación netamente extralegal (….), tal pensión es adicional a las previstas en el derecho de nuestro país (por lo tanto), es objetivo y razonable establecer su aportación al Fondo aun a cargo de personas jubiladas, a fin de preservar las prerrogativas de las que gozan”, y consideró Constitucional la parte de la cláusula que prevé la deducción que se aplica a los trabajadores en activo y jubilados para poder gozar de la pensión/jubilación.
LAS JUBILACIONES DINÁMICAS POR ENCIMA DEL TABULADOR DEL IMSS
Extralegal, fuera de la ley, pero bondadosa, las «jubilaciones dinámicas» o vitalicias que paga la Universidad Autónoma de Sinaloa nacieron violando los tabuladores del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ley de prestaciones sociales de 1943 y su reforma de 1973; no derivó de una conquista sindical, sino de una propuesta del Rector Eduardo Franco que puso en la mesa del sindicato para su “acuerdo” y aprobación. Se trató de una estrategia encaminada a “pacificar” la Casa Rosalina que había heredado corrupción y caos de su antecesor, el ex Rector Arturo Campos Román.
Conocido como “el padre de la Jubilación Dinámica”, Eduardo Franco llegó al alma máter con el apoyo de la Coalición de Fuerzas Democráticas, Progresistas y de Izquierda, para ocupar el periodo 1977-1981. La UAS se convulsionaba. Atravesaba por una aguda crisis y albergaba grupos de universitarios radicales, protagonistas y fundamentalistas, y anidaba activistas de la Liga Guerrillera Comunista 23 de septiembre. Acababan de nacer los sindicatos universitarios (académico y administrativos). Para congraciarse con los trabajadores Franco creó en 1979 la jubilación vitalicia con cargo total al presupuesto universitario.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, al que están hoy afiliados los trabajadores de la UAS, se fundó en 1943. Con la institución entró en vigencia la primera Ley de prestaciones sociales, que después, en 1973, sufrió modificación. En aquel entonces, el gobierno de José López Portillo, estando Fernando Solana Morales en la Secretaría de Educación Pública y David Ibarra Muñoz en funciones de Secretario de Hacienda, permitió a las universidades públicas la creación de sistemas de jubilaciones y pensiones exigiéndoles que se ajustaran al tabulador de la Ley del IMSS de 1943 y que incluyeran modelos de aportaciones o cuotas a un Fondo o Fideicomiso.
Junto con las facilidades otorgadas, el gobierno lopezportillista pidió a las Universidades que proporcionaran a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda información en torno a la constitución de sus esquemas de jubilación y sobre los procesos de descuentos, para poder agregar apoyos financieros federales a las prestaciones.
Sin embargo, en la UAS y otras universidades del país sí procesaron la “institucionalización” del pago de las jubilaciones, pero por encima de los tabuladores del IMSS y sin notificar al titular de SEP ni al de la Secretaría de Hacienda. No hubo entonces ninguna lucha sindical. Por ser su idea y propuesta a Eduardo Franco se le conoce en la UAS como “el padre de la jubilación dinámica”.
Así, el pago de las jubilaciones sin apoyo federal y sin aportaciones de los trabajadores de la UAS se volvió una tradición y se sostuvo y sostiene con un convenio o contrato contractual que es considerado “extralegal” por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, debido a que no figura en ninguna ley de prestaciones sociales y está por encima de la Ley del IMSS; además, el Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, las califica como “jubilaciones leoninas” porque equivalen a los sueldos completos, el 100 por ciento, dados a los trabajadores en retiro sin cotizar, sin aportar ni un centavo para recibir esos beneficios.
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