Adela Navarro Bello
El camino a la elección federal intermedia de 2027 se le está llenado de baches a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La cuestión es que es la elección que definirá una nueva conformación del Poder Legislativo y renovará gubernaturas.
De suyo la intermedia es el proceso en el que se valora el poder del gobernante en turno, pues suele confirmar la confianza del electorado al votar por el mismo partido en el poder, o tener como resultado un castigo de los votantes al sufragar por una opción distinta.
La del 27, aparte de renovar la Cámara de Senadores y la de Diputados, impactará en 17 estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Doce de estas entidades están gobernadas morenistas, tres por panistas, una por MC y otra por el Verde.
Esto cobra relevancia porque desde 2018 a la fecha porque el partido en el poder ha prevalecido e incrementado su predominancia política de manera sistemática en las entidades federativas. Fue a partir del año en que gana Morena la Presidencia de la República y la mayoría en ambas cámaras, que fueron incrementando el número de gubernaturas encabezadas por sus representantes, hasta llegar al día de hoy a 23 de 32, de las cuales, en 17 de ellas habrá elecciones en 2027, obviamente un resultado favorable para la Presidenta y su partido es retener las 12 que tiene de esas 17 y ganar más.
El resultado de la elección de 2027 definirá si la Presidenta mantiene el auge de Morena, al retener las gubernaturas de su poder y arrebatarle otras a la oposición, o si por el contrario, la 4T va de bajada. Es decir, si mantiene lo que ella llama “el segundo piso de la transformación”, o si éste colapsa y empiezan a perder territorios.
Y es precisamente en ese aspecto que la popularidad de los morenistas cuenta, y mucho. Quienes pueden afectar esos resultados electorales son los muchos muertos políticos vivientes de la 4T.
Esta lista la encabeza Adán Augusto López que pasó de ser una figura de predominancia no sólo en Morena, en la Cámara de Senadores, sino incluso ante la Presidencia de la República, ha quedado reducido a un lastre con el que carga el morenismo debido a los evidentes vínculos y relaciones estrechas con el crimen organizado, que sostenía Hernán Bermúdez Requena, quien fuera su Secretario de Seguridad cuando gobernaba Tabasco, identificado por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, a través de su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como líder del cártel de La Barredora y asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
De entonces a la fecha el camino para Adán Augusto ha sido en descenso y a veces a punto de caer por el precipicio de la política que lo consume por sus ligas, a través de su excolaborador, con el crimen organizado. Sumando sus millonarias ganancias a la par del ejercicio del Gobierno, de pronto dejó de tener influencia (ante la falta de respeto y propiedad) en la Cámara de Senadores, en Morena y por supuesto, en la Presidencia de la República, donde ya la semana pasada, la Presidenta Sheinbaum dijo, por primera vez, que deberían esperar las investigaciones y si Adán Augusto López debía renunciar, pues que renunciara. Fue un deslinde clarísimo sobre el exsecretario de Gobernación.
Adán Augusto es el principal muerto viviente de la 4T.
De su mano llegan los que alcanzaron el poder bajo su padrinazgo. Otros lastres vivientes de la 4T, la compañera Senadora de Adán Augusto López, Andrea Chávez, exhibida primero como recipiente de apoyos de iniciativa privadas para llevar caravanas de salud a Chihuahua, el Estado por el cual aspira a ser candidata a gobernadora precisamente en el 2027, criticada incluso por los excesos y la campaña adelantada en el morenismo, y desde Palacio Nacional.
Los gobernadores de Sinaloa, Sonora, los morenistas Rubén Rocha y Alfonso Durazo, respectivamente, vilipendiados públicamente por la inseguridad en sus estados, la predominancia de los cárteles de la droga en esas entidades, y la dudosa relación que dicen tener con las autoridades de los Estados Unidos.
Particularmente el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya es un lastre viviente de la 4T. No sólo Ismael Zambada García “el Mayo” señaló en su carta pública el día que su ahijado, el hijo del “Chapo”, se lo llevó a entregar a los Estados Unidos, de que era una de las personas con las que se iba a reunir en el rancho donde perdió la libertad, sino cuando dijo que el comandante de la policía estatal de la entidad gobernada por Rocha, era su jefe de seguridad, y después afirmó, y la FGR confirmó, que en la misma ubicación donde encontró la desgracia, fue asesinado Héctor Cuen, el exrector de la Universidad de Sinaloa con quien confirmó también se reuniría junto con Rocha, y sobre cuyo crimen la fiscalía general de aquel estado intentó hacer un montaje para justificar, de manera oficial, que había sido asesinado en una estación de gasolina en un intento de robo.
Desde hace más de un año, Rocha Moya goza de la animadversión de los sinaloenses que le han dedicada varias y nutridas manifestaciones, pero que se sostiene en el poder por ser de Morena y contar con el apoyo del expresidente de la República.
Guardadas las proporciones, dado que ella no se ha visto involucrada en reuniones con capos de la droga como sí el mandatario estatal de Sinaloa, a la Gobernadora de Baja California, la morenista Marina Ávila Olmeda, los bajacalifornianos también le han dedicada nutridas manifestaciones en las que el grito de “fuera Marina” suena fuerte. En su caso, el derrumbe de su popularidad le llegó de manera indirecta cuando a su esposo, Carlos Torres Torres, le quitaron la visa de turista para internarse a los Estados Unidos, y posteriormente ella fue informada que la suya había sido revocada.
Ávila Olmeda se convirtió en el caso nunca antes visto en México: que los Estados Unidos le negara la entrada a su país a un gobernante en funciones. Su esposo se retiró del quehacer público que la propia Gobernadora (y el Alcalde de Tijuana) le confirió, pero ni la lejanía pública sobre su cónyuge, con quien ya no comparte fotos ni la acompañó a propósito del Grito de la Independencia, le ha ayudado a levantarse de la caída en popularidad, siendo catalogada entre todos los gobernadores del País como la que se ubica en la posición 32.
Otro lastre viviente de la 4T es el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, quien a partir de que fue evidenciado en unas onerosas vacaciones por Japón, en hoteles de lujo, pero a precios asequibles, y compras en casas de diseñador y comidas pagadas por decenas de miles de pesos por turno, mostrando una incongruencia total sobre la prédica de su padre, el expresidente, de vivir en la justa medianía, no poseer lujos y no salir al extranjero, ha preferido el bajo perfil. A diferencia de su padre, fundador y líder moral de Morena, Andy López Beltrán no recorre el país a pie ni se traslada en un Tsuru blanco, sino en aviones y camionetas último modelo, algo que, estando en campaña, el expresidente no hacía, ni toleraba.
Y bueno, está el caso de corrupción de la 4T que ha desbancado a otros incidentes de corrupción del pasado, no sólo por la cuantía económica que implica, sino porque se enraizó la criminalidad en el corazón de las Fuerzas Armadas, en la secretaría de Marina durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el tema que más presumió aniquilar: el huachicol.
El caso de huachicol y huachicol fiscal, es decir el tráfico de combustibles y aparte el internamiento ilícito de combustibles al país disfrazándolos de otros líquidos para pagar menos impuestos en las aduanas marítimas de México, que efectivamente explotó en el segundo gobierno de la 4T pero se originó en el primero, es el escándalo de corrupción más grande del morenismo, y le está correspondiendo a la Presidenta Sheinbaum encararlo y defender a su antecesor, que, volviendo a la premisa morenista de que Felipe Calderón debía forzosamente estar enterado de las corruptelas de García Luna, pues Andrés Manuel López Obrador debía estar enterado de las corruptelas millonarias en la Marina, cuando el Secretario era el Almirante Rafael Ojeda.
Hay muchos muertos políticos vivientes en la 4T que resultan un lastre en el camino a las elecciones intermedias de 2027, y que ponen en aprietos a la Presidenta. A ver cuántos más se agregan de aquí a lo que podría ser un año muy complicado para un partido de vida aún breve.