Aníbal García Fernández
Cincuenta reformas a 35 artículos constitucionales entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 dan cuenta del impulso reformador con el que llegó Claudia Sheinbaum a la Presidencia. El encargo es mayúsculo, había que concretar el Plan C, ese conjunto de demandas convertidas en reformas para materializar un plan que es resultado de la lucha de clases en México, o sea, de las disputas de distintas fuerzas sociales (internas y externas).
Para dimensionar, en el primer año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se reformaron 26 artículos, en el de Enrique Peña Nieto 15, en el de Felipe Calderón 21, con Vicente Fox cinco artículos. La administración de la presidenta Sheinbaum es la que más artículos ha logrado reformar –junto con el Congreso de la Unión y los congresos estatales– en su primer año de gobierno de los últimos 25 años.
Si consideramos desde Miguel de la Madrid, Sheinbaum sigue siendo la que más reformó la Constitución en los últimos 43 años en su primer año de gobierno, pues De la Madrid modificó 18 artículos, Carlos Salinas esperó hasta el segundo año y Ernesto Zedillo modificó sólo tres, según información de la Cámara de Diputados.
Desde luego que esta situación no habría sido posible sin la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores. La presidenta Sheinbaum comenzó su administración con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados: 50 por ciento Morena, 12.4 por ciento del PVEM, 9.8 por ciento del PT. La alianza Morena-PT-PVEM juntó el 72.2 por ciento.
En cambio, en la Cámara de Senadores esa mayoría calificada no se alcanzó. Fue necesario que los dos senadores del ahora extinto PRD –otrora partido de izquierda– se pasaran a Morena y que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez se integrara a la bancada de Morena, para lograr 67 senadores. Más los 14 del Partido Verde Ecologista y 6 del PT. La alianza alcanzó así los 87 senadores que representan esa mayoría calificada que permite las reformas constitucionales.
La última vez que un partido obtuvo la mayoría calificada fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1985 y en 1994 la mayoría relativa. De ahí, fue hasta 2018 que Morena-PVEM-PT alcanzaron la mayoría relativa y hasta 2024 cuando esta misma alianza obtuvo la mayoría calificada, 29 años después.
FUENTE: Reporte Económico Diario No. 1472, Citibanamex, 2024.
Además, era necesario que Morena tuviese la mayoría de los congresos locales, la mitad más uno, o sea, 17 congresos. Y también los obtuvo. Aritmética y política era necesarios para lograr las reformas. Y más allá de los números, están la calidad de las reformas. Entre las más importantes destacan la reforma a Pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes para nivel básico, medio y con miras a cubrir a todos los alumnos de todos los grados hasta el superior.
Derechos de pueblos indígenas y afromexicanos reconocidos en la constitución con la reforma al artículo 4 constitucional y en el que además se creó un nuevo nivel del presupuesto público nacional. Además, se amplió la cobertura para mujeres con las pensiones de 60 a 64 años de edad con 3 mil pesos bimestrales.
Se suman a estas reformas la de vivienda y la revisión del sector desde las distintas instituciones como Infonavit, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de vivienda (Conavi). La intención es volver a la construcción de vivienda social y ampliar la inversión pública para atender el rezago particularmente en la población joven.
También es garantía constitucional los programas sociales del gobierno. Como se mencionó, lograr la mayoría calificada por parte de un partido o una coalición no es sencillo en el marco del sistema político mexicano actual, por lo que esta modificación constitucional será difícil eliminarla.
Otro de los rubros importantes es en materia de seguridad. En ese sentido, la presidenta Sheinbaum envío una serie de reformas en la materia: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creación del Sistema Nacional de Información, ley con la que se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, Plataforma Central de Inteligencia bajo responsabilidad del Centro Nacional de Inteligencia, Ley de la Guardia Nacional.
Los resultados se evidencian en la reducción de un 25 por ciento en los homicidios entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Se han incautado al crimen organizado en México 50 mil 303 millones de pesos; se aseguraron 15 mil 496 armas de fuego, se desmantelaron 1 mil 356 laboratorios clandestinos y se incautaron 239.7 toneladas de droga.
Sin embargo, la seguridad sigue siendo uno de los mayores problemas sociales. Como se evidencia en distintos estudios demoscópicos, la inseguridad es uno de los retos, seguido del narcotráfico, la violencia y la incidencia delictiva en donde la extorsión es de los delitos que no muestran una tendencia a la baja. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la extorsión comparada entre enero-agosto de 2019 a enero-agosto 2025 incrementó 21.3 por ciento.
Además, siete estados concentran el 51.1 por ciento de la incidencia delictiva. Destacan Guanajuato (11.6 por ciento), Chihuahua (7.3 por ciento), Baja California (7.1 por ciento), Sinaloa (7.1 por ciento), Estado de México (6.6 por ciento), Guerrero (5.9 por ciento) y Michoacán (5.5 por ciento).
Se revierte la contrarreforma energética que dejó a Petróleos Mexicanos como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Con los cambios en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y reformas secundarias se recuperaron a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que vuelvan a ser empresas públicas del Estado, así como otro tipo de disposiciones para fortalecer la soberanía energética.
Se reformaron también órganos autónomos en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y otros órganos desconcentrados como Centro Nacional de Control de Energía y Centro de Gas Natural.
Sin embargo, Pemex presenta varios indicadores que son preocupantes. Uno de ellos es la “maldita deuda corrupta” como la denominó la presidenta Sheinbaum. El segundo rubro es la relación entre la inversión para exploración y explotación de pozos, con la cantidad de petróleo extraído. Para dimensionar, en 2004 los 200 pozos de Cantarell producían más que los 4,255 pozos de 2021. Es decir, producían 25 veces más que en la actualidad.
Otro indicador es el de las reservas, las cuales cayeron en el sexenio de Peña Nieto y comenzaron a estabilizarse con López Obrador. La presidenta Sheinbaum reiteró el compromiso de no extraer más de 1.8 millones de barriles diarios. Las reservas probadas de crudo a 2024 son del orden de 5 mil 293 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalentes. En ese mismo año se produjeron 644 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalentes. Al ritmo de extracción de 2024 hay petróleo para poco más de 9 años, esto, en un escenario en el que se extraiga petróleo al mismo ritmo y no se incrementen más reservas. Por ello se comenzaron varios proyectos y programas para invertir de nuevo en exploración, en extracción y en investigación para reposición de reservas y de técnicas de extracción de hidrocarburos para los pozos petroleros, varios de ellos ya maduros.
El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, mencionó: “estamos en un momento crítico”, tenemos que decidir como pueblo qué vamos hacer en el futuro con respecto a los yacimientos no convencionales.[1] El otro problema es la alta dependencia del gas de Estados Unidos. Dicha dependencia ronda hasta el 96 por ciento del suministro nacional. México produce energía eléctrica con el 61.2 por ciento de gas, casi todo, proveniente de Texas. Un problema nacional heredado de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Ligado a este proyecto está, desde luego el Plan México, que es la recuperación de una política de industrialización nacional, lo que marca una distancia abismal con los gobiernos neoliberales. El avance se nota en los primeros 15 polos del desarrollo en 14 estados con lo que se espera generar 300 mil empleos y una inversión de 1.5 por ciento del PIB.
Sin embargo, como país, vamos a demandar más energía. El sector industrial usa electricidad, demanda gas, así como gasolinas. Por ello, se han ampliado las centrales eléctricas de generación (ciclo combinado que usa gas), así como la recuperación de las refinerías a las que se sumaron ya Deer Park y Dos Bocas.
Una de las variables que destacan es la inversión extranjera directa: 34 mil millones de dólares en la primera mitad de 2025. Frente a este dato está la inversión –que no gasto– social que es superior a los 850 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de 18.41 pesos por dólar serían poco más de 46 mil 170 millones de dólares. Esta cifra es cercana al PIB de Bolivia en 2024 (49 mil 668 millones de dólares) y más que el PIB de Paraguay (44 mil 458 millones de dólares), según datos del Banco Mundial.
Además de ello, está la reestructuración del sector salud. Destaca el fortalecimiento del IMSS y el ISSSTE, así como el fortalecimiento del IMSS Bienestar. Sin embargo acá hay evidencia de fallas, tanto por el avance de la privatización en los gobiernos neoliberales como por actos de corrupción, como se conoció en la conferencia presidencial cuando se detuvo la compra de medicamentos en Birmex, así como por la consolidación de la compra de medicamentos que sigue mostrando aun carencias, principalmente por las empresas.
A la presidenta Sheinbaum le correspondió la nueva conformación del Poder Judicial. La reforma fue planteada por López Obrador y en el primer año de gobierno de Sheinbaum, ya se cuenta con un nuevo poder judicial, con un verdadero órgano de disciplina judicial que posibilitará una nueva era la vida republicana nacional. Pero, sobre todo, un poder judicial que esté a tono con la democracia que se construye, sin que se liberen los fines de semana a generadores de violencia, o se den facilidades a poderes fácticos para su beneficio y, con austeridad republicana.
Por último, un tema que no suele ser analizado es la transformación del aparato de Estado, o sea, el conjunto de instituciones que conforman el gobierno de Claudia Sheinbaum y que muestra precisamente la transformación y la ideología detrás de la política pública. Destaca, por ejemplo, el cambio de la Sedena a Defensa; la Defensa contará con tres comandancias y Estados Mayores para cada una de las Fuerzas Armadas que organizará y administrará: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. E integrará un Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Destaca también la creación de una nueva secretaría como la de la Mujer para atender las distintas problemáticas nacionales. La creación de la Secretaría del Bienestar, la fusión de Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana para la creación de Alimentación para el Bienestar. El cambio del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología a Secretaría. Estos cambios muestran que, en este segundo sexenio de la 4T, se convierten programas sociales en instituciones para garantizar el humanismo mexicano.
Las presiones imperiales
Uno de los saldos del neoliberalismo y el modelo económico mexicano es el del incremento de la dependencia estructural con Estados Unidos, expresada en términos comerciales, energético (particularmente la importación de gas para generación de electricidad), en ciertas ramas de la economía mexicana que están más vinculadas al sector externo que al mercado nacional. Así como los vínculos institucionales entre varias instituciones de ambos países, por ejemplo, la UIF, Hacienda, la FGR, Sener, que mantienen acuerdos de cooperación y colaboración con EU.
Frente a esto, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que tanto la colaboración y cooperación son sin subordinación, en distintas áreas, seguridad, combate al narcotráfico, agrícola, epidemiológico, económico y, desde luego el migratorio.
Tres grandes presiones ha sorteado el gobierno de México. La primera, la arancelaria. Trump impuso aranceles a todo el mundo, pero México y Canadá quedaron fuera de aranceles por la importancia que tiene el TMEC. Para las mercancías que estén dentro del T-MEC no tendrán aranceles, sin embargo, falta por resolver los aranceles a un conjunto de mercancías y sobre todo al acero y aluminio.
Ligado a aranceles está el tema migratorio. Los migrantes han sido el grupo preferido por parte de Trump para justificar aranceles, política xenófobas, racistas y sobre todo la persecución constante de connacionales en territorio estadunidense.
Frente a ello, el gobierno mexicano ha fortalecido la red consular en Estados Unidos, así como el establecimiento de medidas en territorio nacional para atender a quienes son expulsados desde EU. Fortalecer los servicios financieros de Financiera para el Bienestar para remitir remesas, las cuales han aumentado año con año hasta alcanzar en 2024 64 mil 745 millones de dólares, 2.3 por ciento más que en 2023. De enero a julio de 2025 contabilizan –según datos del Banco de México– 36 mil 919 millones de dólares, monto 5.5 por ciento inferior al registrado en el mimo periodo de 2024.[2] Quizá la política antiinmigrantes de Trump y la recesión económica estadunidense expliquen ese retroceso.
La otra gran presión ha sido la de los grupos del narcotráfico. Han sido designados como Organizaciones Terroristas Internacionales varios carteles del narcotráfico, entre ellos varios mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. La estrategia ha sido presionar a distintos países bajo el argumento del narcoterrorismo. Y además de ello, la presión psicológica en el marco de la guerra híbrida contra México de la “Lista de Marco Rubio”, con una supuesta designación de políticos mexicanos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Otro ámbito de las presiones es el mediático. Tras un spot televisivo de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU, contra los migrantes que fue reproducido en televisión mexicana, la presidenta Sheinbaum revivió el artículo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 que fue derogado por Peña Nieto.
Y como “la oposición ya ni pinta” en el país, se han abierto los espacios para su participación en la televisión estadunidense, particularmente en la cadena FOX News, en donde miembros de la oposición dan entrevistas para manufacturar consenso en torno a que estamos en una supuesta dictadura, que se debilita la democracia en México y supuestos vínculos del gobierno de México contra el narcotráfico para incidir en la percepción de la población estadunidense y mexicana.
Pese a eso, la legitimidad de Sheinbaum incluso es alta entre la oposición: 60 por ciento entre quienes son afines al PAN, 65 por ciento entre afines al PRI y 64 por ciento entre afines a Movimiento Ciudadano.
La presidenta Sheinbaum, como López Obrador tiene una base social amplia de apoyo. De hecho, la más alta al primer informe de gobierno de los últimos seis sexenios: 71 por ciento de aprobación. Por eso los medios de comunicación hegemónicos, corporativos, afines a la oposición e incluso, los que cuentan con financiamiento de Estados Unidos realizan el nado sincronizado y manufacturación de consenso, porque en las estrategias de desestabilización y golpes blandos, debilitar socialmente y deslegitimar gobiernos es uno de los primeros pasos.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Qna77fOZ7Jk
[2] https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/ por ciento7B6CE66A79-06E3-4894-B7DA-0C57C8577FB8 por ciento7D.pdf