Carla Humphrey Jordan
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, se conforma de comisiones permanentes y temporales para llevar a cabo los trabajos para dar cumplimiento a las diversas atribuciones que tiene conferidas en la Constitución y en la legislación electoral. Cada una de estas comisiones están integradas, de manera paritaria, por consejeras y consejeros y, en algunas comisiones con personas representantes de los partidos políticos y del Legislativo.
En este sentido, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, me tocó presidir la Comisión de Fiscalización, órgano responsable de vigilar el uso de los recursos públicos y privados en los procesos electorales y que enfrentó procesos locales de 2025 en Veracruz y Durango y los procesos extraordinarios derivados de nulidades, así como la fiscalización del inédito proceso electoral federal y locales en 19 entidades federativas para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial.
En este contexto, hace unos días ante el seno del Consejo General tuve la oportunidad de presentar el informe de la gestión por el periodo señalado, de donde destaca, entre otros aspectos, el incremento de sanciones, la implementación de mecanismos más estrictos de revisión y la redefinición operativa del modelo de fiscalización en un contexto de alta litigiosidad y desgaste institucional, el uso de nuevos sistemas, herramientas informáticas e inteligencia artificial para eficientar la revisión de los informes y verificar la información reportada por los sujetos obligados.
La Comisión analizó y dictaminó informes de ingresos y gastos de campaña de miles de candidaturas, coaliciones y partidos nacionales y locales, además de candidaturas independientes. La operación implicó la estricta revisión de gastos ordinarios, las prerrogativas, aportaciones privadas, propaganda, eventos de precampaña y campaña, así como la fiscalización de todo el entorno que son parte de las contiendas electorales: proveedores, transferencias, propaganda, redes sociales, entre otros.
Debe hacerse notar que las quejas y procedimientos ordinarios sancionadores se incrementaron respecto a elecciones anteriores, lo que tiene varias lecturas, una de ellas: mayor conflictividad entre los actores políticos participantes y la inédita elección del Poder Judicial.
De los aspectos más relevantes realizados por la Comisión están las sesiones en las que se aprobaron dictámenes consolidados, criterios de revisión y consultas, así como modificaciones normativas, se depuraron procedimientos pendientes de ejercicios anteriores y se revisaron los informes anuales de los partidos políticos del ejercicio 2023.
Por otra parte, se llevó acabo una auditoría especial con la finalidad de que los partidos políticos estuvieran al corriente en el pago de sus impuestos y derechos que databan ya desde el año 2014 y se impusieron las sanciones correspondientes ante las irregularidades detectadas. Debo agradecer aquí el trabajo conjunto y colaboración con el Servicio de Administración Tributaria.
Uno de los aspectos más significativos fue la presentación de una propuesta terminada de modificación al Reglamento en materia de fiscalización de 410 artículos, con la finalidad de cubrir la imperiosa necesidad de actualizarlo, incluir nuevas conductas llevadas a cabo por los sujetos obligados –procesos políticos internos–, incorporar la fiscalización de las candidaturas al Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil; modelos de riesgos para prevenir el ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y del crimen organizado; estar el día en materia de nuevas tecnologías, lenguaje financiero e incluyente, transparencia de contratos y regulación de innovadores mecanismos de aportaciones privadas mediante plataformas de pago que cumplieran con los requisitos para su adecuada fiscalización, así como criterios sobre el monitoreo y revisión de propaganda político-electoral en plataformas emergentes; cooperación nacional e internacional; se ajustó el catálogo de proveedores autorizados; se aprobó una nueva metodología para garantizar que las candidatas conozcan y reciban el 50 % del financiamiento público y una nueva integración de la matriz de precios, entre otros aspectos.
Al respecto, me gustaría señalar que es impostergable la aprobación de un nuevo Reglamento de Fiscalización, como el presentado ante el Consejo General en el Informe Final de la Comisión, y que fue producto del trabajo con las consejerías electorales, los partidos políticos y la Unidad Técnica de Fiscalización. El reglamento actual ya no se ajusta a las nuevas dinámicas, mecanismos ni herramientas con las que se llevan a cabo las campañas electorales ni a las actividades que realizan los sujetos obligados, lo que representa un reto crucial para la adecuada revisión de sus ingresos, egresos y los montos destinados a sus actividades.
Desde la Comisión logramos visibilizar la necesidad de mejorar los mecanismos de colaboración con las autoridades para cumplir los plazos legales que son cruciales para el trabajo de fiscalización. En la Comisión de Fiscalización se tomaron acciones concretas como la solicitud a la Secretaría Ejecutiva de una ruta jurídica para asegurar que las autoridades externas cumplieran con sus obligaciones de proporcionar información de manera oportuna y completa.
Resulta relevante insistir en la importancia de la necesaria cooperación con diversas dependencias del gobierno federal y locales –incluso internacionales– con el objetivo de contar con una fiscalización plena y oportuna de los sujetos obligados.
La fiscalización es el elemento clave de los principios de equidad, transparencia y de una auténtica rendición de cuentas, lo que genera, a su vez, confianza al componente más importante de nuestra democracia: la ciudadanía.